Cobertura para empleados públicos

De la redacción de El Litoral

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Télam/DyN

El superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, aseguró que a través de la nueva ley que regula las aseguradoras laborales se logra “un gran paso en defensa de los trabajadores”.

“La aprobación de la ley posibilitará incorporar al sistema de riesgos de trabajo a más de un millón de empleados públicos provinciales, municipales y comunales que actualmente no tienen ningún tipo de cobertura y eso es un gran paso en defensa de los trabajadores”, consideró Morón.

El nuevo texto creó el Autoseguro Público Provincial para que las provincias y sus municipios puedan autoasegurar los riesgos del trabajo, respecto de los respectivos regímenes de empleo público local, de acuerdo con lo que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El funcionario señaló que “los cambios apuntan a mejorar la atención de un trabajador que se accidenta o se enferma, a reducir la litigiosidad laboral que amenazaba con dejar al trabajador sin prevención, sin prestaciones y sin previsibilidad para el futuro”.

“La ley es el resultado del diálogo y del trabajo de varios meses junto a los sindicatos, las empresas y todos los actores del mundo laboral, que resultará en que ningún trabajador tenga que esperar como mínimo tres años para que la Justicia restituya su derecho a una indemnización justa y oportuna”, explicó.

Al respecto, el superintendente detalló que las comisiones médicas tendrán un plazo de 60 días hábiles administrativos para expedirse sobre el reclamo de un trabajador accidentado y, a raíz de ello, “se mejoró la atención en las comisiones médicas y redujo de 100 a 50 días la demora para conseguir turno; el objetivo es llegar a 35 este año y que los trámites sean más rápidos en beneficio del trabajador accidentado.

“Esta ley extiende a dos años el plazo por incapacidad laboral y refuerza el derecho del trabajador a recibir una prestación justa, por eso se aumentaron las indemnizaciones hasta un 50%, según el sector de actividad y de acuerdo con el grado de incapacidad del trabajador”.

Aval de industriales

Respecto del impacto en el empleo privado, referentes de las principales cámaras industriales del país avalaron las modificaciones que se introdujeron en el sistema de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo tras la ley sancionada ayer en la Cámara de Diputados con 88 votos a favor.

Los empresarios coincidieron en la importancia de los cambios introducidos en el sistema para reducir la litigiosidad en el campo laboral, bajar los costos y mejorar la competitividad sistémica de las empresas, particularmente en las pymes.

José Urtubey, directivo de la Unión Industrial Argentina (UIA), recordó que la entidad “venía pidiendo hace un buen tiempo una readecuación de la normativa, especialmente para las pymes. Mejorarán las condiciones de competitividad y es una clara señal para ponerle punto final a la industria del juicio”, remarcó.

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uupba), Mario Gualtieri, indicó que se trata de “una muy buena medida y un paso adelante para mejorar la competitividad sistémica. Las comisiones médicas tendrán un impacto favorable en la disminución de la litigiosidad laboral y redundará en una baja de las alícuotas”, subrayó Gualtieri.
Al dirigente industrial bonaerense también le pareció acertado “limitar los honorarios de los abogados, que serán calculados de acuerdo con los montos de las sentencias y no de las demandas”.

“Cercenan derechos”

El diputado provincial Luis Rubeo (h) presentó un proyecto de comunicación en el que manifiesta su preocupación por la nueva ley de ART, que “obliga de manera excluyente al trabajador a concurrir, para poder ejercer y hacer valer todos sus derechos laborales, a las comisiones médicas jurisdiccionales”. Recuerda que en la provincia de Santa Fe hay una sola, la Comisión Médica Nº 7, que se encuentra en Rosario.

“Ciertamente, que la presente modificación es un retroceso para los derechos de los trabajadores, empeorando sustancialmente las condiciones de los mismos bajo la falsa premisa de reducir la cantidad de juicios laborales en el territorio nacional. Lo único que se reducen y cercenan son los derechos de los trabajadores impidiendo y obstaculizando el libre ejercicio de los mismos”.

Finalmente el diputado Rubeo manifestó que “el hecho de que los trabajadores primero tengan que efectuar un reclamo administrativo ante las comisiones médicas jurisdiccionales, como condición excluyente para iniciar cualquier reclamo judicial, es una traba totalmente innecesaria e inconstitucional, que solamente hace demorar, todavía más, los justos reclamos laborales de la clase trabajadora. Macri sigue gobernando en perjuicio de ellos y en beneficio de las empresas”.

Mecanismo

Aunque ya hay advertencias y debate abierto sobre su constitucionalidad -cuya revisión estará en manos de la Justicia si hay reclamos al respecto- la ley establece la creación de comisiones médicas jurisdiccionales como “instancia administrativa previa” a la eventual presentación del trabajador ante la Justicia. Los peritos médicos deberán formar parte del Cuerpo Médico Forense de la jurisdicción interviniente. Tendrán un plazo de 60 días para expedirse, aunque se podrá pedir una prórroga cuando existan razones debidamente fundadas.