Por Teddy Karagozian (*)

Uno puede echarle la culpa a muchas cosas; generalmente, lo elegido por los políticos y la ciudadanía es culpar a los empresarios inescrupulosos. La realidad es que Argentina es cara sistémicamente.

Una de las razones es el costo que impone a la sociedad la “industria del juicio”.

El Congreso promulgó el miércoles una ley, consensuada por todos los sectores involucrados, mejorada con muchos cambios, que puede ayudar a detener el deterioro de la competitividad de la Argentina.

Parte del costo, una parte importante, es producto de la alta conflictividad laboral que desincentiva a pequeñas, medianas y grandes empresas a incrementar el empleo.

Un juicio encarece los productos de la empresa grande, le quita recursos a la mediana, y quiebra a la pequeña.

En el proceso evolutivo social, son pequeños factores los que generan, con los años, los grandes cambios que una sociedad necesita.

Con el empleo sucede lo mismo. Los resultados se ven más rápidamente que con las especies.

Pero no siempre los actores de la sociedad somos conscientes de cómo nuestro proceder afecta al resto y finalmente a nosotros mismos.

Diferentes comportamientos, producto de leyes y de fallos, generan en la mente de los empresarios y de la población empleada efectos en el empleo de largo plazo. Y también en el corto plazo.

Hoy, estamos frente a una de estas situaciones donde el futuro de la Argentina puede ir para un lado u otro. Para bien, o continuar para mal, porque claramente bien no venimos.

En los juicios laborales, en general, los mayores beneficiados no son los operarios afectados, sino esta maraña de expertos que se llevan la parte del león. Doctores y abogados que ganan iniciando juicios millonarios, especulando obtener rédito de la desgracia ajena.

Pero el mayor perjuicio es para la sociedad, pues genera desincentivos para emplear personas, con lo que se genera una desocupación y pobreza sistémica como la que tenemos en Argentina.

Lo que conocemos con el eufemismo de “la industria del juicio” es todo lo contrario, es lo que mata a la industria y mata el empleo de nuestro país.

Las empresas que pierden los juicios, o mismo un juicio, se curan de espanto y tratan de emplear la mínima cantidad de personal posible.

Y por el dinero que cuestan, tienen menos para invertir en sus procesos productivos.

Las empresas no imprimen dinero. Los recursos que obtienen son producto de vender bienes o servicios a la comunidad, que paga por ellos y que tienen muchas opciones entre las cuales elegir.

Esto debe alcanzar para pagar los gastos, al personal, los impuestos. También debe dejar un porcentaje de beneficios para incentivar a quienes, teniendo alternativas, prefieren invertirlos en procesos que son más complejos y que generan empleo, a diferencia de la simple compra de un bono del Estado.

Si tener personal es un problema, o el personal no es productivo, y si todos los juicios se pierden, incluso los que están basados en fundamentos falsos, disminuye el incentivo en emplear y se pierde dinero.

El concepto de empleo, la generación de trabajo, es un fenómeno muy frágil y requiere que se lo cultive con mucho cuidado por toda la sociedad.

El gobierno debe promoverlo generando condiciones estructurales que lo fomenten.

La nueva ley de ART está en esa dirección y es algo bueno para la sociedad. Por eso, la mejoró y votó el Congreso. En este caso, es bueno en el corto y en el largo plazo.

La Justicia tiene la obligación de ser consciente de que muchos fallos -que en teoría benefician a un trabajador- en la mayoría de los casos tienen resultados adversos para el resto de la sociedad, porque generan incentivos para el conflicto e instalan claros desincentivos a emplear.

Productos más caros de producir promueven la importación de países con sistemas productivos más competitivos y, como consecuencia, esos productos importados generan desempleo en nuestro país.

El desempleo generado requiere que el Estado subsidie con empleo directo de baja productividad y con más presupuesto hacia la asistencia social.

El aumento del gasto del Estado requiere impuestos más altos que hacen aún más caro los productos. Es un círculo vicioso.

La llave está en mejorar la competitividad del conjunto y la mejora de productividad requiere de leyes como ésta y fallos que la promuevan. Debemos ahora velar por una correcta instrumentación. Provincias, Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), jueces y dictado de la reglamentación son fundamentales.

Es cierto, la Argentina es muy cara, pero tiene solución. Debemos continuar atacando las raíces de los problemas y no los síntomas.

(*) Industrial textil, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Fiscales del Cicyp.