Mario Cáffaro
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Labor Parlamentaria define el tratamiento de ambos temas para la sesión de la tarde. El Ejecutivo envió pliegos para completar las salas de las Cámaras en lo Civil y Comercial de Santa Fe y Rosario.
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La suerte de los dos temas principales de la agenda de la Cámara de Diputados para este jueves se definía en la Comisión de Labor Parlamentaria que el presidente del cuerpo, Antonio Bonfatti, convocó para la primera hora de esta tarde. Se trata de la reforma a varios artículos del Código Procesal Penal y varios proyectos ingresados tras el choque de dos coches de la empresa Monticas el viernes último en Ruta 33, en jurisdicción de Pérez (departamento Rosario).
Como informara ayer El Litoral, legisladores radicales y socialistas acordaron extremar negociaciones para llegar a un entendimiento que permita votar la reforma en las próximas semanas después del abrupto final que tuvo el tema en diciembre. En la última jornada legislativa del año, mientras Diputados avanzaba con la discusión del tema en el recinto, el Senado levantó la sesión mostrando la falta de acuerdo sobre la delicada cuestión.
Anoche, un diputado radical que participa activamente en la discusión de las reformas le dijo a El Litoral que “el acuerdo es un 99,95%” entre radicales y socialistas. Precisamente el socialista Rubén Galassi giró ayer a última hora al resto de legisladores tanto del Frente Progresista como de los bloques opositores el texto del acuerdo que sería el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Labor Parlamentaria deberá definir si se trata sobre tablas en la sesión de la tarde o bien vota una preferencia para el jueves venidero. Para el primer caso, el oficialismo necesitará el apoyo de algunos de los bloques opositores para contar con dos tercios de los votos que habiliten el tratamiento.
Galassi insistió en que la reforma es “una iniciativa asentada en ejes conceptuales que ya se venían trabajando, estudiando y comparando, como la definición de cuestiones de política criminal; la ampliación de facultades y responsabilidades del Ministerio Público de la Acusación; el otorgamiento de mayores derechos a las víctimas y más facultades al querellante; el fortalecimiento de la persecución penal y la agilidad en el proceso”.
Un tema no ajeno a la Cámara
El otro tema es Monticas. El justicialista Luis Rubeo ingresó un pedido para que el secretario de Transporte, Pablo Jukic, vaya a la Cámara a explicar la decisión del Poder Ejecutivo de mantener la concesión de esa empresa hasta el accidente cuando hubo denuncias y advertencias suficientes sobre el mal funcionamiento del servicio. “También queremos discutir otras concesiones en rutas provinciales que tienen problemas y que vemos que el Poder Ejecutivo no actúa”, agregó el justicialista.
“Los encargados del control tienen que dar respuestas” afirmó otra diputada, Mercedes Meier (Frente Social y Popular), quien también pidió la presencia de Jukic y del ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay, sobre el tema Monticas.
“Miles y miles de denuncias de los usuarios y trabajadores -en los hechos- no tuvieron respuestas. Hojas enteras de los libros de quejas se llenaron con reclamos por unidades incendiadas, falta de frenos, butacas rotas, fallas de motores. Sin embargo, el servicio siguió desmejorando, y se nos respondía con aumento en las tarifas del boleto. Es decir que los usuarios hicieron lo que debían, pero no así las autoridades y órganos de control. Tuvieron que morir 12 personas para que el gobernador le quitara la concesión. Ahora necesitamos que nos expliquen qué hicieron hasta ese momento, qué hicieron con nuestras denuncias”, agregó la legisladora de izquierda.
La actual composición de la Cámara de Diputados presentó al menos cinco pedidos de informes sobre Monticas, el último de los cuales fue ingresado por Miriam Cinalli (Unidad Pro) el 14 de febrero donde reiteraba los pedidos de control de las unidades de esa empresa ya presentados en 2015 y 2016. Detallaba allí que se producen inconvenientes a diarios y relata que en enero se incendió un coche en pleno traslado de pasajeros entre Rosario y Casilda.
En tanto, Sergio Mas Varela (Cambiemos) afirmó que “Monticas nunca debió ser aportante de campaña” como se reveló días atrás que la firma lo hizo en 2011 para el Frente Progresista. Mas Varela insistió en el tratamiento de un proyecto de su autoría presentado en noviembre último en el que expresamente prohíbe por, al menos cinco años, realizar cualquier tipo de contrato con la provincia, municipios o comunas a las personas físicas o jurídicas que hayan sido aportantes a la campaña electoral”.
Bolsafe
Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) presentó un pedido de informes a propósito de la causa Bolsafe Valores donde requiere saber si organismos provinciales debieron advertir este tipo de maniobras que habrían producido en fraude de 251 millones de pesos.
Entre otros reclamos, pide informes sobre movimientos contables u operacionales de las empresas o firmas vinculadas con Bolsafe en la última década que debieron realizarse en los organismos provinciales pertinentes.
Pliegos a largo plazo
La Comisión de Acuerdos se reunió ayer y abrió los 14 nuevos pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, entre los cuales se encuentra la ratificación de Analía Colombo como Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes y de nueve camaristas para completar las salas Civil y Comercial de Santa Fe (5) y de Rosario.
Los otros pliegos son para una fiscal para el sistema penal de Santa Fe (Rosana Peresín) y tres jueces de circuito. Son Diego Genesio (Rafaela), José Pastore (Sunchales) y Alicia Longo (Ceres)
En cuanto a los camaristas propuestos para las salas santafesinas son Daniel Alonso (Sala I), Luciano Pagliano y Eduardo Sodero (II); Sergio Barbeito y Carlos Emilio Depetris (III).
En Rosario fueron propuestos Juan Bentolita (IV), Iván Kvasina y Juan Pablo Cifré (I) y Jessica Cinalli (III) .
En principio, los pliegos no fueron habilitados para Extraordinarias y llegarían al recinto el 14 de mayo. No obstante, miembros de la comisión pidieron que ya se remitan los antecedentes de los concursos especialmente en el caso de las camaristas civiles y comerciales.
Renuncia
En una extensa nota al gobernador Miguel Lifschitz, el abogado rosarino Paul Krupnik presentó su renuncia al concurso para seleccionar el candidato al titular del Servicio Público de la Defensa. “Creí que la Defensa Pública es un servicio y que mi experiencia aprobaba. Fue una ingenuidad de mi parte” le dijo a El Litoral al confirmar su decisión. Con la renuncia de Krupnik, quedan como candidatas la camarista Jaquelina Balangione y la actual defensora regional de Reconquista, Adriana Quiroga.