Archivan denuncia por acoso callejero contra tres prefectos

De la Redacción de El Litoral

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Una denuncia por acoso callejero que involucró a tres miembros de Prefectura Naval Argentina fue desestimada por el Ministerio Público de la Acusación por considerar que “el hecho en análisis no encuadra en alguna figura delictiva prevista por la legislación penal”. El archivo de las actuaciones fue resuelto el 28 de diciembre pasado por la fiscal Yanina Tolosa, a instancias de la defensa de los tres funcionarios públicos, que buscan limpiar su imagen y que las autoridades de Prefectura den por concluidos los sumarios administrativos.

El hecho investigado ocurrió el lunes 24 de octubre de 2016, en horas del mediodía, en la peatonal San Martín, entre La Rioja y Eva Perón. Por allí, pasó una joven de 22 años, la cual se vio sorprendida ante los dichos de miembros de la fuerza de seguridad. La mujer dijo haberse sentido “amedrentada” y esa misma mañana radicó la denuncia en la comisaría 1ª.

En Facebook

Esa misma noche, relató lo ocurrido en su cuenta de Facebook y el caso tomó trascendencia pública, al punto que fue publicado por El Litoral dos días después, en su edición del 26 de octubre.

“Me dijeron: ‘Mamita, mi amor' y algo más pero no recuerdo exactamente”, contó la víctima en su ampliación de denuncia el 1 de noviembre. Recordó que se dio vueltas para mirarlos, porque “me sorprendí”, “y entre los tres se miraban y se reían”. También relató que dos promotoras que estaban en las inmediaciones “me dijeron que toda la mañana habían estado diciéndoles cosas” y que por eso trataban “de evitarlos”. En ese momento “sentí temor, porque una siempre se siente amedrentada por estas situaciones y más en ese caso estando uniformados”, sostuvo.

Identificados

“A raíz de ello, la policía hizo una investigación, intervino el Ministerio Público de la Acusación y quien denunció, cuando fue citada a ratificar su denuncia se desdijo de lo que había manifestado en sede policial”, cuestionó el abogado Elvio Oscar Acuña, quien junto a su colega Claudia Soria representan a los tres empleados de PNA.

“Simplemente, dijo que tres prefectos le habían dicho: ‘Mamita, mi amor', nada más”, amplió Acuña, que desestimó que se hayan proferido “obscenidades”, como trascendió en un primer momento. “Según los presuntos imputados ellos no dijeron nada, y eso surge de las cámaras de vigilancia que hay en el lugar”, agregó la defensa.

Si bien en la denuncia no fueron identificados por la víctima, Prefectura informó a la policía cuando le requirió la nómina del personal destinado a esa cuadra de la peatonal, casi frente al edificio del Juzgado Laboral y “ellos reconocieron que trabajaron ahí”.

Sumario interno

“Lógicamente, al tomar conocimiento se inicia un sumario administrativo a los efectos de investigar lo ocurrido y, si realmente la conducta transgredía las normas administrativas, iban a ser sancionados. Sin embargo, en toda la actuación judicial no hubo elementos que hagan presumir que hayan violado sus deberes, entonces esa actuación judicial está concluida porque se ha desestimado la denuncia”, confirmaron los letrados.

Tanto Acuña como Soria pretenden ahora que se resuelva el expediente administrativo, “para que también se determine el archivo de esas actuaciones”. A propósito de la situación de revista del personal sumariado, “continuaron prestando servicios, pero a fin de año perdieron la posibilidad de ascensos y premios” por lo que “quedaron relegados hasta tanto se cierre el sumario administrativo”.

En función de lo ocurrido, los abogados plantearon que “así como se le dio lugar a quien denunció hechos falsos, queremos que esta gente que resultó damnificada laboral y moralmente, también tenga su espacio de réplica aunque sea en parte, frente a quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, porque aquí también se ha desprestigiado a la fuerza pública”, concluyeron.

Falta legislación

Como el caso tomó estado público, la joven denunciante recibió contención y asesoramiento legal de la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, donde ya anunciaban que la situación relatada por la víctima “no está tipificada en el Código Penal provincial como un delito”, aunque sí podría encuadrarse dentro de “una contravención al Código de Faltas”.

La Dra. Florencia Marinaro, quien integra la entidad, explicó entonces que la mujer fue víctima de acoso callejero. “No hay delito porque no hubo lesiones ni acoso físico, por lo cual decidimos acompañarla en el Juzgado de Faltas”, explicó la abogada, quien agregó que “lo distintivo del caso es la investidura de la función pública, que es también lo que indigna”.

En la misma nota, la subsecretaria de Políticas de Género de la provincia, Gabriela Sosa, planteaba que el caso evidencia la necesidad de legislación sobre acoso callejero. “Creemos que debe haber una sanción concreta a los agentes involucrados y que la institución debería incorporar el tema de la Violencia hacia las Mujeres en su formación”, concluyó la funcionaria.