Mario Cáffaro

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La demorada reforma al Código Procesal Penal y la designación de autoridades provinciales y regionales de los dos institutos centrales para su aplicación -Ministerio Público de la Acusación y Servicio Público de la Defensa- convergen en la agenda legislativa y se definirán antes del paro anunciado por la CGT para el 6 de abril.

Esa convergencia es casual, pero demoras en la Legislatura y en el Ejecutivo la hicieron posible. El propio gobernador Miguel Lifschitz había remitido retoques al Código Procesal Penal en abril del año pasado, que el Senado profundizó al votar el tema en septiembre y que morigeró Diputados en la votación del último jueves. Ahora el Senado tiene dos caminos: insiste con su votación de septiembre o acepta el texto de Diputados que limpió algunas figuras como agente encubierto y atenuó medidas excepcionales para fiscales. Un dato no menor es que la Cámara Baja constituyó una sólida mayoría -superior a los dos tercios- por si debe ratificar su postura. Quedó fuera de la votación el ala izquierda de la Cámara, que acentúa la palabra contrarreforma para explicar los cambios. Ese arco coincide además en cuestionar que las políticas de seguridad y punitivas están dirigidas a los sectores sociales más bajos. Pero también reprocha que se vota a consecuencia de los reclamos surgidos de marchas exigiendo mayor seguridad.

No obstante, la mayoría puso el acento en destacar la convergencia lograda después de semanas de discusiones y de intercambios de borradores. Una convergencia apoyada además en tres años de vigencia del nuevo sistema penal al que llegó Santa Fe tras los reproches de constitucionalidad del viejo sistema formulados por la Corte nacional y organismos internacionales. El socialista Rubén Galassi detalló los ejes del voto: ampliación de facultades y responsabilidades del Ministerio Público de la Acusación; mayores derechos a las víctimas y más facultades al querellante; fortalecimiento de la persecución penal y la agilidad en el proceso. Además la orden imperativa para que los fiscales no dejen de lado los casos de violencia de género o tenencia de armas, dos hechos que conmueven a la sociedad. “Lo peor que nos puede pasar es la impunidad judicial” subrayó el radical Santiago Mascheroni en el debate.

Los nombres

Los cambios en el procedimiento se discuten ya con los nombres de los futuros responsables de conducir el sistema penal. El gobernador remitió los pliegos en la semana y si bien la Legislatura resolvió achicar los plazos de tratamiento, la Asamblea se reunirá el 5 de abril. Ese día ya estará vencido el mandato del fiscal Julio de Olazábal y de los regionales de Rosario y Rafaela (el de Santa Fe renunció y el de Reconquista fue suspendido). También de los defensores regionales de esas cuatro zonas mientras que el provincial (Gabriel Ganón) también goza de una suspensión que pretende revertir en la Justicia.

Lifschitz optó por tomar el mejor clasificado de cada terna para las propuestas. En Casa de Gobierno hubo algún intento de declarar desierto el concurso del Defensor General, que nunca contó con aval de legisladores frentistas e incluso de algunos justicialistas. Es más, la principal advertencia en hacer respetar el concurso fue de la conducción de la bancada socialista. Así Jorge Baclini -actual regional de Rosario- reemplazará a De Olazábal, mientras que Jaquelina Balangione -camarista penal- se sentará en la silla que hace algunos meses debió abandonar Ganón.

En esta capital, Carlos Arietti en Acusación y Jorge Leandro Miró en Defensa, ambos con la experiencia acumulada esos primeros años del sistema, son las figuras elegidas.

Los votos del Frente Progresista, de varios legisladores justicialistas y la mayoría de Cambiemos parecen garantizar un paso no traumático de esos pliegos en Legislatura.