El juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 11, a cargo de María Verónica Straccia, ordenó allanar 12 domicilios vinculados con empresas del Grupo Indalo, en el marco de la causa iniciada por denuncias de la AFIP en la cual se investigan los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y apropiación indebida de aportes previsionales y retenciones impositivas, informó el organismo.
En un comunicado de prensa, el ente recaudador conducido por Alberto Abad indicó que la medida apunta a recabar información contable y extracontable y todo otra documentación vinculada con las maniobras investigadas.
"Los operativos son realizados por personal de AFIP y Policía Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Catamarca y Rosario. La causa se encuentra bajo secreto de sumario", señaló la AFIP.
Los titulares de Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, están siendo investigados porque habrían simulado una delicada situación financiera que exige un readecuamiento del flujo líquido para afrontar deudas y, por otro lado, la existencia de un estado patrimonial suficiente para hacer frente, eventualmente, a la refinanciación de la deuda impositiva.
Como se supo, López cobró dinero correspondiente al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP. Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.
Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.