Autopista: Garibay dijo que harán sumarios en el Organo de Control

Ivana Fux
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El desenlace controvertido de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario sigue encendiendo focos críticos. La decisión del gobierno de consensuar con ARSSA la finalización del contrato exactamente en la mitad del tiempo estipulado no es suficiente para compensar la pérdida económica que tuvo el estado. Eso es lo que interpreta la oposición, que no parece dispuesta a dar vuelta la página, aun cuando la gestión de Miguel Lifschitz acaba de anunciar un plan de inversión para el corredor de casi dos mil millones de pesos. Es que, precisamente, la UTE en retirada es quien tenía la obligación de repavimentar la calzada y no lo hizo. Ese incumplimiento, sin embargo, no redundó en multas ni ejecución de garantías.

En los últimos días, con la remisión de documentación que hacía tiempo se requería en la Cámara de Diputados, se activaron múltiples interrogantes y cuestionamientos. La resolución del Tribunal de Cuentas de pedir sumarios al Organo de Control de la Concesión -según el gremio, “desmantelado”- fue interpretada por los legisladores como un chivo expiatorio, a fin de eludir a los verdaderos responsables. Para sorpresa de los mismos diputados, el informe final de la Auditoría Permanente sobre la concesión del Tribunal indaga más sobre el accionar de dicho organismo de control que sobre la prestación de la empresa. Finalmente, el informe de la Universidad Nacional de Rosario que el propio gobierno contrató como auditoría externa asegura que ARSSA conocía al momento de tomar la concesión el “crítico” estado en el que se encontraba la calzada, razón por la cual no podría ser ése un argumento -como lo fue- para que la empresa justificara la ausencia de obras. La oposición se pregunta, otra vez, porqué el gobierno no tuvo en cuenta esa opinión a la hora de decidir el fin de la concesión. Por todo ello, esta semana en la Cámara baja se discutirá un pedido de Luis Rubeo para que se suspenda el llamado a licitación que pretende volver a concesionar el corredor.

Responsabilidades

En diálogo con El Litoral, el ministro de Infraestructura, José Garibay, confirmó que iniciarán sumarios en el Organismo de Control como lo ordenó el Tribunal de Cuentas, y dijo desconocer que dicho Tribunal poseía una auditoría permanente sobre la concesión.

- ¿El Ministerio va a iniciar esos sumarios?

- Sí. Obviamente que vamos a cumplir con lo que nos solicitó el Tribunal. Vamos a desarrollar un sumario que implica hacer una investigación; puede salir alguien responsable y alguna sanción o no. A partir de esa investigación que tendrá que desarrollar quien dispongamos, simplemente se va a hacer un informe que aclare bajo qué instancia y bajo qué evaluaciones fue actuando el organismo de control en las diferentes situaciones.

- ¿Cuál es la situación actual de ese organismo de control? El gremio asegura que está desmantelado y que hasta carecen de inspectores para verificar los incumplimientos de la concesionaria.

- El organismo está operativo. Obviamente, es una estructura acorde a las necesidades que tiene. Ha tenido apoyos externos; hicimos contratos en determinados momentos con el Instituto de Transporte (ver aparte) para hacer algunos trabajos complementarios en determinados momentos y ahora, ese trabajo se va a ver disminuido porque hemos pasado todo lo que es mantenimiento y obra nueva vial a Vialidad provincial. Por lo tanto, el organismo de control quedará solamente para controlar y hacer el seguimiento de lo que hará el nuevo concesionario.

- El Tribunal de Cuentas tiene una auditoría permanente sobre la concesión desde que arrancó el contrato. ¿No llama la atención que nunca advirtió nada respecto de lo que pasaba con ARSSA? El informe se conoció recién ahora ¿Eso no llama la atención?

- Desconozco.

- ¿Pero Ud. sabe que hay una auditoría permanente en el Tribunal para controlar sobre la concesión?

- No, no sabía

- El informe acaba de ser enviado a la Cámara de Diputados...

- Bien...

- ¿Se va a refuncionalizar el organismo de control?

- No. Va a seguir funcionando de acuerdo a las necesidades técnicas para desarrollar el trabajo que tiene que hacer.

- El informe de la UNR advierte que ARSSA estaba en conocimiento del mal estado de la calzado. Ese supuesto desconocimiento fue tomado como argumento por la empresa para justificar el incumplimiento de la obra. ¿Si aquel argumento era falso, puede la provincia no establecer ningún tipo de sanción para con la empresa?

- Nosotros tomamos cuatro evaluaciones; una administrativa propia, una jurídica propia, la de Ciencias Económicas y el marco general de lo que es el informe del Instituto de Transporte que identifica y define la inversión que había que hacer a la autopista era mucho mayor de la que estaba establecida.

- Esa misma Universidad dice que ARSSA no desconocía al momento de tomar la concesión que el estado de la calzada era “crítico”. Sin embargo, tanto la empresa como su Ministerio dijeron que ese supuesto desconocimiento justificaba en parte la no realización de la obra...

- Sí, sí. Y es lo que sostenemos.

- Aun así no se la sanciona, no se la multa...

- No. Se le quita la concesión

Asesorar ante la “escasez de personal”

Mediante decreto Nro. 4737 del 23 de diciembre de 2014 y con la firma del por entonces gobernador Antonio Bonfatti, la provincia aprobaba un convenio entre el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos -a cargo de Antonio Ciancio- y la Universidad Nacional de Rosario destinado a la “conformación de una Comisión Permanente de Auditoría Técnica para el cumplimiento de las funciones del concedente de la autopista provincial”.

En los considerandos del decreto se planteaba “la necesidad de contar con un equipo de trabajo multidisciplinario para colaborar con el correcto desempeño de las funciones de la Dirección Provincial de Organo de Control”, ya que dicho órgano “cuenta con escaso personal y no posee especialistas en temas como la auditoría de proyectos técnicos de obras de infraestructura en general (...) ni tampoco en seguimiento y evaluación de calidad de servicios en general”.

Asesorar a ese órgano que hoy Garibay define como “operativo” pero que ya tres años atrás se describía en un decreto del Poder Ejecutivo como sin personal suficiente y especializado, le demandó al estado el pago de honorarios por 26.400 pesos mensuales y una erogación total de 132 mil pesos.