Luis Rodrigo
En Santa Fe -pese a la salud de sus instituciones-, el juego del poder no se priva de ciertas tensiones, de tironeos o mensajes sutiles... entre los tres Poderes.
Luis Rodrigo
Una policía provincial que entra dando palos a una Universidad, una intendenta que le pone su nombre y apellido a los patrulleros, un gobernador que se arroga la facultad de eximir a sus funcionarios de un impuesto nacional, un presidente que decide sin pasar por el Congreso que todos los argentinos deben pagarle la policía a la Ciudad de Buenos Aires, una ex presidente que debe dar explicaciones a la Justicia por su increíble enriquecimiento. Un gobierno que supuso que podría eliminar la inflación prohibiendo las estadísticas, otro que intentó nombrar jueces de la Corte por decreto. El caso del Correo, bolsos de López y tantos etcéteras. El país abunda en ejemplos de prácticas institucionales lamentables o directamente contrarias a las instituciones, o a la ley.
Cuando se revisan esas deformaciones de la República cuesta pensar en que Santa Fe está íntegramente dentro de la Argentina. Es verdad que los santafesinos no han hecho la provincia que se merecen, pero también es cierto que sus instituciones son -como mínimo- un poco mejores.
En la provincia hay -y hubo- grieta a la hora de discutir la Argentina; rara vez, cuando han estado en debate los asuntos de Santa Fe.
En ese clima político más tolerante, el juego de pesos y contrapesos de los tres Poderes no está al margen de tensiones, de tironeos o mensajes más sutiles. Conviene repasar los de los últimos 15 días.
Uno. Jueves 20, celebración en la Justicia. Se renuevan por primera vez las conducciones de los órganos creados por la Reforma Procesal Penal y asumen más actores relevantes para ese fuero, del que la sociedad tanto espera. Nada casualmente, el acto cuenta con invitados especiales: unos 40 ministros de Cortes de todo el país. El Dr. Rafael Gutiérrez es el presidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales.
Dos. Las miradas enfocan, dentro y fuera de la llamada familia judicial, la asunción de la nueva titular del Servicio de la Defensa Penal, Jaquelina Balangione, y del nuevo titular del Ministerio Público de la Acusación, Raúl Baclini, cuyos pliegos contaron con un amplio consenso del Legislativo. Pero también llaman la atención las ausencias de quienes (¿otra vez nada casualmente?) dedicaron la mañana a entregar unos ATN (del Estado nacional) en la Casa Gris y no pudieron asistir. En representación del gobernador, que estaba en un acto con el presidente, en Buenos Aires, estuvo el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein.
Tres. La Dra. Balangione es la esposa del juez Gutiérrez. La aprobación de su pliego, el 5 de abril, contó unos pocos votos en su contra. Cuando la Asamblea Legislativa dijo “aprobado”, acaso por la polémica previa, hubo una inusual tanda de aplausos en las barras. Ahora sucede al Dr. Gabriel Ganón (enconado crítico del Dr. Gutiérrez) quien había sido suspendido en el ejercicio de su cargo por la Asamblea Legislativa el 24 de noviembre de 2016.
Cuatro. En la capital santafesina, abril no es un mes más. En la última semana, se recordará a la inundación y la interminable causa judicial que debería revisar las responsabilidades del Estado por la defensa abierta. De la mancha más grande que afrontan las instituciones santafesinas se ocuparon concejales radicales, algunos diputados provinciales socialistas y el ministro de Justicia, que afirmó: “Que una causa lleve 14 años implica que es una no causa”. Nada más parecido a la palabra impunidad.
Cinco. El miércoles 12, 17 jueces subrogantes (serían 32 en total) fueron a la Legislatura a plantear que como lo provisorio se ha convertido en permanente, les correspondería contar con una suerte de “ley ómnibus” que los lleve a la condición de titulares. El inusual medio de transporte chocaría nada menos que con la Constitución. Los recibió el senador Joaquín Gramajo, titular de Asuntos Constitucionales y de la Bicameral de Acuerdos. El justicialista cumplió lo que les prometió: recordarle su situación al ministro Silberstein y sugerirle que si los jueces subrogantes se presentaran a los concursos (mérito de la autolimitación de todos los gobernadores socialistas), se les podría otorgar un puntaje que valore ese antecedente. Nada más.
Seis. La movida de los subrogantes, casi gremial, habrá incomodado a los responsables de que el “banco de suplentes” -esa figura transitoria-, siga en funcionamiento pleno. El año pasado, al renovarse la ley que excepcionalmente lo creó, el Ejecutivo dijo en los fundamentos que todos los cargos hoy subrogados estaban ya “en proceso de ser concursados”.
Siete. Otro senador, también muy inquieto respecto del Judicial, es Lisandro Enrico. Esta semana pidió la apertura de un juicio disciplinario para destituir o suspender a un fiscal adjunto de Rosario, que dejó libre a un evadido, con condena firme, sentenciado a 17 años de prisión por ser autor y partícipe de dos homicidios, y que además tenía vigente un pedido de captura por su fuga de Coronda, en 2012. Al radical, le pareció “incomprensible” que el Dr. Gustavo Ponce Asahad dejara libre a Juan Pablo Carrazán, a quien la policía atrapó con un revólver calibre 38, “con la única condición de que el delincuente debía presentarse dentro de las 48 horas siguientes en el Juzgado”.
Ocho. En la apertura del año judicial, el presidente de la Corte, Daniel Erbetta, dijo en su discurso que el Poder Judicial “no es apolítico”. Y aclaró: “hace política (pero) no en el sentido partidario”. Se dice que luego, en conversaciones menos públicas y más políticas, bromeó sobre los criterios de algunos diputados provinciales para votar en favor o en contra de los proyectos llegados a la Cámara Baja. El rumor indica que disparó: “Parece que practicaran un derecho de autor...”, como si los textos legales se votaran o no según su redactor. Hablaba de la reforma al Código de Faltas, pendiente de tratamiento hace dos años.
Nueve. Felipe Michlig empuja en el Senado la aprobación de la reforma al Código Procesal Penal, que dotaría de más herramientas a jueces y fiscales contra el delito (menos de las que aprobaran los senadores el año pasado y más de las que parecía que iban a dejar pasar los diputados). Esta semana, el jefe del oficialismo logró dar un pasito: reunirse con el PJ para pedirles que el tema se defina cuando vuelvan las sesiones en mayo. El Senado termina el período extraordinario con una racha de seis semanas sin sesiones.