Una Ley de Alquileres con acento en la protección de los inquilinos
El proyecto, presentado por el titular del bloque del PS, Rubén Galassi, y acompañado por otros legisladores, busca proteger al inquilino y regular el mercado inmobiliario, sobre todo en cuanto a comisiones y garantías. El objetivo es evitar abusos y democratizar el acceso a la vivienda.
Archivo El Litoral Ruben Galassi.
El bloque socialista en la Cámara de Diputados, a través de su presidente, Rubén Galassi, presentó un proyecto de Ley de Alquileres que busca regular el mercado inmobiliario para evitar abusos e injusticias. La nueva norma le pone tope a las comisiones que cobran las inmobiliarias por celebrar los contratos, plantea que estos honorarios sean compartidos por dueños e inquilinos y regula la cantidad y calidad de las garantías que deben presentarse a la hora de alquilar. Además, establece que sean los propietarios quienes paguen el impuesto inmobiliario.
“Buscamos proteger a los inquilinos, estableciendo criterios más justos y equilibrados en la relación con propietarios e inmobiliarias a la hora de alquilar. El Estado puede y debe intervenir para regular este mercado en el que muchas veces existen abusos”, explicó Galassi, que consideró a la vivienda como “un bien social”.
En qué consiste la propuesta
La nueva ley fija comisiones con un tope del 4 % (cuatro por ciento) del valor del contrato y en caso de renovación entre los mismos titulares, 2% (dos por ciento, o sea la mitad del porcentaje estipulado para el primer contrato). De aprobarse el proyecto, estos honorarios serán pagados en partes iguales por inquilinos y propietarios. Actualmente las comisiones no están reguladas, sino que quedan libradas a lo que pacten las partes, lo que puede derivar en situaciones abusivas.
En tanto, las garantías quedan establecidas en un máximo de dos inmuebles (garantía propietaria) o tres codeudores que acrediten ingresos periódicos (garantía vía recibos de sueldo). Además, los inmuebles que se presenten como garantía podrán estar ubicados en cualquier localidad de la provincia, no necesariamente donde está emplazada la propiedad a alquilar. A esto se suma la gratuidad del trámite de consulta de la situación dominial por parte de jubilados y ciudadanos que destinen el inmueble a vivienda y cuyos ingresos familiares no superen el sueldo de un empleado de comercio.
Por otra parte, el impuesto inmobiliario estará a cargo de los locadores y no podrá ser transferido a los inquilinos. Sobre este punto, Galassi apuntó que “a diferencia de los servicios, como la luz o el gas, que claramente debe abonar quien utilice esos servicios, el impuesto inmobiliario es un impuesto al patrimonio y como tal lo debe abonar el titular de ese patrimonio, o sea el propietario, nunca el inquilino”.
Otro punto del proyecto de ley tiene el objetivo de frenar la especulación, aumentar la oferta de vivienda y por lo tanto abaratar el precio de los alquileres. En este sentido, se prevé que las propiedades deshabitadas por al menos un año abonarán más impuesto inmobiliario a través de un pago adicional progresivo.
La iniciativa, que será tratada durante las sesiones ordinarias, se trabajó con organizaciones civiles vinculadas con este tema, como Concejalía Popular, y con el área “Hoy alquilo” de la Municipalidad de Rosario, que brindan asesoramiento en la materia. Acompañaron al diputado Galassi con su firma, otros legisladores del socialismo y de otros espacios políticos dentro del Frente Progresista Cívico y Social.
La vivienda, un derecho
“Nuestro país atraviesa desde hace años una notable crisis habitacional, y por otro lado, la normativa que regula los vínculos contractuales presenta zonas grises que muchas veces generan abusos en desmedro de la parte más vulnerable de esta relación, que es el inquilino”, argumentó el diputado Galassi para sostener la importancia de generar instrumentos que faciliten a los santafesinos y santafesinas el acceso a la vivienda y limiten posibles abusos.
La autoridad de aplicación de la norma será la Secretaría de Estado de Hábitat de la provincia, pero además la Defensoría del Pueblo deberá habilitar un organismo específico para la defensa del inquilino y del hábitat.
Por otro lado se eximirá del pago del impuesto de sellos (obligatorio al celebrarse un contrato de alquiler) a los locatarios de un inmueble con destino a vivienda que perciban el haber mínimo de jubilación o pensión y a aquellos cuyos ingresos familiares no superen el sueldo básico de empleados de comercio. Por último, se creará un fondo específico con el 0,5 por ciento de lo recaudado por impuesto de sellos para habilitar una línea de créditos destinada a inquilinos de viviendas.
