Anmistía Internacional lanza una campaña contra las detenciones arbitrarias

El Litoral

DPA

Amnistía Internacional (AI) lanzó hoy una campaña para denunciar y recoger firmas contra las detenciones arbitrarias en Venezuela y publicó un nuevo informe al respecto.

"Las autoridades venezolanas están utilizando el sistema de justicia de manera ilegal para incrementar la persecución y los castigos contra quienes piensan diferente", asegura AI en el informe "Silencio a La Fuerza: Detenciones Arbitrarias por Motivos Políticos en Venezuela".

La organización de defensa de los derechos humanos acusa a las autoridades venezolanas de llevar a cabo "detenciones sin órdenes judiciales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)".

También le atribuye "el procesamiento de activistas pacíficos por delitos 'contra la patria' y la imposición de medidas de prisión preventiva sin justificación y campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición, entre otras medidas".

"En Venezuela está prohibido disentir. Las autoridades parecen no tener límite a la hora de aplicar un sinnúmero de argucias legales para castigar a quienes expresan una opinión diferente de la oficial", afirmó la Directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.

"En vez de obsesionarse por acallar cualquier opinión contraria a la oficial, las autoridades venezolanas deberían enfocarse en buscar soluciones prácticas y duraderas a la profunda crisis que sufre el país", agregó.

"En la mayoría de los casos, a los acusados se les imputan crímenes graves como 'traición a la patria', 'terrorismo o sustracción de efectos militares' o 'rebelión' que permiten el uso de la prisión preventiva, aunque no se tengan pruebas admisibles suficientes para justificar los cargos", afirma la ONG.

"Estos tipos de delitos son juzgados por jurisdicciones especiales, incluyendo el fuero militar, que no son independientes y rara vez imparciales y no deberían aplicarse contra civiles", denuncia AI, que asegura haber documentado casos "en los que a la persona detenida se le limita el contacto con sus familias o abogados defensores".

"Que en Venezuela hayan personas detenidas a pesar de no tener ninguna acusación oficial en su contra es una ilustración de la dramática situación de derechos humanos en la que se encuentra sumergido el país", concluye Guevara Rosas.

El país sudamericano lleva tres semanas sumido en protestas contra el Gobierno, que por ahora dejaron 30 muertos.

Las protestas opositoras comenzaron el 4 abril, después de que la oposición acusara al Tribunal Supremo de Justicia de haber dado un golpe de Estado mediante la aprobación de dos sentencias que despojaron a la Asamblea Nacional (Congreso) de sus atribuciones.

Aunque los fallos fueron parcialmente retirados, la oposición exige la destitución de los magistrados firmantes de tales sentencias.