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La policía Stella Maris Olivera declaró ayer como testigo en la segunda jornada de debate, en el juicio contra diez policías y dos civiles por el hallazgo de un camión con 1662 kilos de marihuana en 2014. También prestó declaración el ex jefe de policía Omar Odriozzola.
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Nueve personas declararon este martes en el juicio que investiga el hallazgo de un contenedor con 1662 kilos de marihuana, la madrugada del 2 de noviembre de 2014, en un basural de Arroyo Leyes. Entre los más destacados, estuvieron presentes el ex jefe de policía de provincia en aquella época, el comisario Omar Antonio Odriozzola; y la jefa de la Comisaría 14 de San José del Rincón, la subcomisario Stella Maris Olivera, ésta última, clave en la revelación de una trama de corrupción institucional.
“Su señoría. A mi me pueden tildar de inoperante pero no de recaudadora ni delincuente. Sí, soy una triste comisario que nunca voy a llegar a ningún lado como me dijo (Cristian) Hang. Pero si para ocupar un lugar en Jefatura implica recaudar, no voy a estar en ningún lado”, expresó en un tramo de su exposición.
El caso de la subcomisarío Olivera fue conocido hace dos años y medio, cuando protagonizó un duro cruce verbal con sus superiores, que días después del procedimiento la citaron a la jefatura de la Unidad Regional Uno para pedirle explicaciones. Entre ellos, Cristian Hang, en su calidad de Jefe de Orden Público -imputado y detenido en la causa-; y los jefes de la URI, Sergio Vergara y Sergio Fernández -procesados por delitos vinculados al tema pero que no son parte del juicio-.
Después de esa reunión Olivera fue apartada de su cargo -”para preservarme”, dijo- y con posterioridad “me mandan a la Comisaría 3ra.” donde “en tres situaciones me quisieron hacer caer. No lo lograron pero me afectó en mi salud porque llegue a tener licencia psiquiátrica”. “Me molesta porque no dejan trabajar a quien quiere hacer las cosas como corresponde. No voy a decir que conocía o desconocía las llamadas cajas negras. Sabrán ellos”, sostuvo. Y por si quedaba alguna duda sobre su situación patrimonial, la policía soltó: “Soy una simple policía que vive en un Fonavi; una crota que no tiene ni una bicicleta. No necesito llevarme ni del choreo, de las motos ni la prostitución”.
Durante su exposición, que fue extensa y debió fraccionarse con un cuarto intermedio, la ex jefa de la comisaría de Rincón dijo no saber “por qué quedó imputado mi chofer (Ruoppolo) porque en todo momento obedecía mis órdenes”. También que esa noche, previo al operativo, el jefe a cargo de la octava zona de Inspección Díaz “me dice que me vaya a lo cual le dije que iba a dar una última vuelta. Es entonces cuando a la altura del km 10,5 escuchamos el 911. Creo que era Zoratti (de la Subcomisaría 20 de Arroyo Leyes) quien pide que nos apuremos porque estaban en un procedimiento con varios vehículos que transportaban carga de un lugar a otro algo”.
A partir de entonces se produjo un ping pong de preguntas y respuestas encabezado por la fiscalía, en la que Olivera respondió punto por punto.
-¿Decían que era? -preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal sobre el contenido del cargamento
-No. No decían que era. Incluso a mí se me ocurrió que podían ser piratas del asfalto. Y el personal del Leyes aparentemente no encontraba el lugar porque mandaban móviles y no daban con él. Le contesté que íbamos al lugar y me dicen que me apure. Le doy la novedad a Díaz y me dice que también está yendo al lugar.
-¿Nos puede relatar qué pasó cuando llegó al lugar?
-Había un container naranja, un camión chico con caja roja (me parece) y una camioneta Partner gris. Zoratti me explica que estaba el “Aguja” Agüero y que en el camión había droga. El container estaba sacado del camión y había una escalera. Nos hicieron seña que bajemos las luces y estacionamos detrás del móvil del Leyes.
También contó que vía celular se comunicó con su jefe Díaz para decirle que “estaba el Aguja Agüero a quien por lo menos yo sabía que distribuía droga a kioscos de la zona. A la central que ‘tenía personal policial aprehendido y camión con droga. Que me apure personal competente‘”.
-¿Dónde estaba el personal policial cuando llegan?
Abajo de los móviles. Ahí es cuando Agüero me dice: ‘yo soy el Aguja. Con esto a ustedes les alcanza‘. Le respondo: ‘vos sos el hijo de puta que le vende esa porquería a los pendejos y se dan vuelta‘.
-¿Qué pasa después?
-Llega Díaz, le comento de la situación. Su chofer Murgia decía que lo deje ir a Aguero porque el camión era de Diego Poretti
¿Alguien mencionó a Odriozola?
No. Sólo a Poretti quien era uno de los asesores de Lamberto.
Entonces la mandan a buscar testigos y un equipo de mates a Arroyo Leyes y al regresar “los habían dejado ir a Aguero y al chofer de la camioneta”.
Las grabaciones del 911 y una curiosa respuesta
Al cierre de la jornada de este martes, el tribunal escuchó los testimonios de cuatro policías de la Central de Emergencias 911, que dieron cuenta de lo que fue ocurriendo en simultáneo, desde la base ubicada en el Ministerio de Seguridad y las comunicaciones que iban llegando a cuentagotas desde los móviles que fueron comisionados al basural de Arroyo Leyes.
Una cuestión medular fue objeto de debate. Tanto el fiscal, como jueces y un sector de la defensa se mostraron interesados en saber si era posible que algunas comunicaciones no quedaran registradas en el sistema de grabación del 911.
A pesar de los testimonios de dos de los operados (Martínez y Ramos) y del superior de servicio (Moyano) que trabajaron esa madrugada, la respuesta no conformó a las autoridades judiciales que reiteraron la pregunta al Jefe de la Central 911, Walter Ardiles, que en noviembre de 2014 ocupaba ese mismo cargo pero en calidad de interino.
Ardiles confesó una realidad que muchos desconocían, y que echa por tierra cualquier hipótesis vinculada a una maniobra destinada a borrar evidencia clave. “No hay ninguna manera de intervenir, borrar o enmendar la prueba” que queda registrada en las grabaciones, sostuvo el policía de 34 años, y agregó: “la proveemos en estado puro”. El funcionario aclaró que por cuestiones de almacenamiento, los registros de audio como de las cámaras de video que dependen del 911 se borran a los 45 días, pero queda copia de ello en los servidores de la empresa que brinda el soporte técnico.
Aunque no es un especialista en cuestiones técnicas, Ardiles ofreció una explicación de por qué entonces algunos tramos de las conversaciones no quedaron grabados. Reconoció que la misma duda lo asaltó apenas acontecidos los hechos y que hizo la prueba para confirmar que lo que le decían era cierto.
El jefe de Emergencias explicó que en el Ministerio de Seguridad está la torre, en cuya cima está instalada la antena que recepciona todas las comunicaciones de la región, incluso la de algunos pueblos vecinos. En cambio, la antena que graba dichas comunicaciones está a mitad de la torre. Esto significa que no todo lo que se transmite se graba y a medida que se alejan de la central la señal se debilita.
La pregunta inmediata fue por qué no están las dos antenas a la misma altura. En ese sentido Ardiles explicó que como fue una instalación “precaria”, cuando se montó tenían solamente 150 metros de cable y por lo tanto pusieron la segunda antena hasta donde les dio el cable.
Como la respuesta resulta inverosímil, pidió a los técnicos que se lo contesten por escrito. “La información técnica la pedí por escrito y hay un informe que labré porque me llamó la atención”, admitió.
Protagonistas
El juicio que comenzó este lunes en el Tribunal Oral Federal, está cargo de los jueces María Ivón Vella -presidente-, José María Escobar Cello y Luciano Homero Lauría. Por el lado de la acusación interviene el fiscal general Martín Suárez Faisal, mientras que las defensas de los imputados las ejercen seis abogados, de los cuales cuatro son particulares y dos corresponden a la defensa pública. Los principales implicados son los policías Alejandro Daniel “Aguja” Agüero (personal de la Octava Zona de Inspección), Martín Ángel Díaz (jefe a cargo de la Octava Zona de Inspección) y Cristian Fabio Hang (jefe de Orden Público de la URI). Los tres llegaron al juicio en condición de detenidos, lo mismo que los presuntos narcos Juan Carlos “Chueco” Villalba y Luis Gabriel Cantero. Además, están imputados en estado de libertad por haber fraguado actas de procedimiento, los policías Iván Duilio Papini, Matías Ezequiel Zoratti, Claudia Rosana Moreira, Mauro Dionisio Ruoppulo, Fabián Ricardo Manjka, Luciano Andrés Astrain y José María Murguia.
Testigos Día III
Para éste miércoles está prevista la declaración de nueve testigos. Los dos primeros serán dos policías, operadores de la Central de Emergencias 911; dos testigos de actuación y cinco efectivos pertenecientes a la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la provincia. Según el cronograma de audiencias, la actividad prevista para la semana que viene está fijada para el jueves 1 y viernes 2 de junio con declaraciones de testigos. En total, están citados para el juicio 75 personas.