El Litoral
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tendrá que comparecer físicamente ante para declarar como testigo en el juicio del llamado "caso Gürtel", que juzga una importante trama de corrupción que salpica a su Partido Popular (PP).
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El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, tendrá que comparecer físicamente ante la Justicia el próximo 26 de julio para declarar como testigo en el juicio del llamado "caso Gürtel", que juzga una importante trama de corrupción que salpica a su Partido Popular (PP).
El líder de la formación conservadora no podrá declarar por videoconferencia, como había solicitado, y deberá acudir a la sede del tribunal de la Audiencia Nacional, en Madrid.
"La importancia de su declaración (...) hace que la inmediación y la contradicción demanden como opción preferente su presencia física ante la sala (del tribunal), si bien, dada la condición del testigo se considera procedente adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar su imagen institucional", explica el auto del tribunal.
Los magistrados consideran que las razones ofrecidas por Rajoy para no declarar físicamente ante la Justicia "ni son consistentes ni tampoco son razones que impidan al testigo acudir ante el tribunal".
El auto de la Audiencia Nacional recuerda que Rajoy no comparecerá como presidente del Gobierno sino "como un ciudadano español en calidad de testigo" por hechos que se están juzgado "en razón a los cargos que tenía en el PP",
El "caso Gürtel" -que toma su nombre del apellido en alemán del principal acusado, Francisco Correa- gira en torno a supuestas irregularidades cometidas entre 1999 y 2005 por una red empresarial que presuntamente recibió a cambio de dinero contratos a dedo de administraciones gobernadas por el PP.
El macrojuicio arrancó en octubre y sentó a 37 personas en el banquillo. Uno de los principales acusados es Luis Bárcenas, ex tesorero del PP que denunció una financiación ilegal en la formación conservadora durante 20 años y acusó a algunos de sus dirigentes, entre ellos Rajoy, de haber recibido dinero en negro.
La acusación popular, ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), solicitó el testimonio del jefe del Ejecutivo español para que éste se pronuncie sobre la posible existencia de una supuesta "caja B" en el PP e informe sobre la financiación de campañas electorales que se investigan en la causa.
La Audiencia Nacional admitió el pasado abril la prueba en contra de la postura de la Fiscalía, la abogacía del Estado y el propio PP.