Agustina Mai
La asociación “Niños visibles” denuncia las dilaciones y falta de respuesta por parte de Niñez, el Registro de Adopción y la Justicia.
Agustina Mai
El problema de los niños en hogares del Estado y en familias solidarias no es nuevo. Desde hace años, quienes alojan transitoriamente a bebés, niños, niñas y adolescentes sacados de sus familias de origen por casos de vulneración de derechos, como maltrato o abuso sexual, critican la inacción del Estado.
“Con todo lo que se construye mal desde la Subsecretaría de Niñez, el Registro de Adoptantes (Ruaga) y la justicia, el único dañado es el niño”, denunciaron Sandra Istillarte y Rodolfo Di Terlizzi, fundadores de la asociación civil “Niños visibles”.
Ellos conocen desde adentro las instituciones involucradas en estos casos, ya que durante años colaboraron en Casa Cuna, donde fueron construyendo un vínculo afectivo con una niña del hogar. Después de años de lucha, terminaron adoptándola junto a su hermana melliza. “En esta lucha conocimos todas las irregularidades de Niñez, del sistema judicial y de adopción. Conocemos la mugre debajo de la alfombra, por eso más allá de que nosotros logramos la adopción de las mellis, nos comprometimos a seguir peleando por todos los niños institucionalizados”, contaron.
Dilaciones
Si bien cada situación es particular, hay un denominador común: la ausencia por parte del Estado y los plazos larguísimos —de años— para resolver los casos. “Tenemos una ley prácticamente perfecta que obliga a que el Estado decida en 6 meses la adoptabilidad del niño. Pero en la realidad, un niño que es sacado de su seno familiar pasa entre tres, seis o más años en instituciones o familias solidarias. Es decir que su niñez fue mucho más vulnerada por el Estado y el sistema de institucionalización, debido a la desidia y la extensión de los tiempos por fuera de la ley. Lo que tendría que ser un sistema de protección se convierte en un sistema carcelario”, planteó Istillarte.
El matrimonio enumera algunos de los problemas más frecuentes debido a la inacción del Estado y las dilaciones: el fuerte vínculo afectivo que se entabla entre las familias transitorias y los niños alojados (que en algunos casos termina con un pedido de adopción, que no es permitido dentro del sistema de familias solidarias).
Como contrapartida, en otros casos se da el traslado constante (cada seis meses) de los niños para que no afiancen su vínculo con el hogar transitorio (hay bebés de dos años que pasaron por cinco familias o instituciones diferentes). Y la falta de seguimiento tanto de las familias solidarias, que llevan adelante su tarea en soledad y sin apoyo del Estado, como de las familias de origen cuando los niños son devueltos a su hogar.
“Hay niños abusados que vuelven con su familia y son abusados nuevamente. Para el Estado, el abuso sexual infantil no existe. No hay un comité de abuso en el hospital de Niños, no se hacen las denuncias”, aseguró Di Terlizzi, al tiempo que cuestionó que no haya responsables legalmente ni administrativamente por todas estas falencias.
La espera para adoptar
Los largos años de permanencia en hogares estatales o en familias solidarias tiene consecuencias en el sistema de adopción. “Conocemos muchas parejas desesperadas, que tienen para dar todo lo que esos chicos necesitan, pero es tal la espera, la angustia y el paso del tiempo que desisten de adoptar. En una nota en este medio, el subsecretario de Asuntos Registrales reconoció que en la provincia los inscriptos en el Registro de Adopción se van a reducir a un tercio: de 1.800 van a quedar 600. Eso es el resultado de años de hacer las cosas mal”, se quejó Rodolfo Di Terlizzi, de la asociación “Niños visibles”.
Las dilaciones y falta de resolución en el proceso de adopción son otro ejemplo de la inacción del Estado. “¿Cómo puede ser que haya niños que permanecen institucionalizados durante años y, por otra parte, parejas o personas solas que durante años están esperando adoptar?”, cuestionó Sandra Istillarte, cofundadora de la asociación civil.
En tanto, su marido acotó: “Es una falacia decir que las adopciones no se concretan porque el 80 % de los inscriptos quieren bebés. En primer lugar porque hay muchos niños que son sacados de sus familias de origen con meses o un año de vida, es decir que podrían ser adoptados desde muy pequeños. Pero como es tanto el tiempo que el Estado se toma para resolver su situación, cuando finalmente se declara su adoptabilidad, esos bebés ya tienen 8, 10 ó 12 años”.
En este punto, desde la asociación “Niños visibles” coinciden en que si los aspirantes a adoptar no se deciden por niños más grandes es porque el Estado no les brinda toda la información necesaria y no propicia un encuentro con padres que “pasaron por la maravillosa experiencia de adoptar niños de 5, 7, 10 años o preadolescentes y que lograron formar una familia”.
Reclamo de trabajadores
Desde mayo, los Trabajadores de la Subsecretaría Provincial de la Niñez afiliados a ATE están reclamando por mejores condiciones para los hogares de niños. Superpoblación, problemas edilicios y falta de recursos y de personal son algunos de los problemas denunciados.
Tenemos una ley prácticamente perfecta que obliga a que el Estado decida en 6 meses la adoptabilidad del niño. Pero en la realidad, un niño que es sacado de su seno familiar pasa entre tres y seis años en instituciones o familias solidarias. ¿Cómo puede ser que haya niños que permanecen institucionalizados durante años y, por otra parte, parejas o personas solas que durante años están esperando adoptar?”.
Sandra Istillarte
Asociación Niños visibles y madre adoptiva.