Prisión de 10 a 40 días por cualquier tipo de agresión en hospitales o sanatorios

Luis Rodrigo

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Los senadores de la oposición y el oficialismo acordaron ayer votar un texto conjunto, para enfrentar a los violentos en los centros de salud, tanto públicos como privados.

Las dos bancadas unificaron un proyecto de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) y Miguel Ángel Cappiello (PS-Rosario), por el cual se crea un programa de prevención y seguridad en los centros de salud y penas agravadas a quien agreda al personal del sector, respectivamente.

En medio del tratamiento del Orden del día se hizo una modificación al despacho en tratamiento (algo bastante inusual en el Senado) para comprender -en un sólo texto- las dos iniciativas.

Por una parte, se impulsa un Régimen de Seguridad que contiene directrices generales para la prevención y actuación ante posibles situaciones conflictivas, según el expediente de Pirola y Armando Traferri (PJ-San Lorenzo).

Pirola destacó la labor de la Comisión de Salud del Senado, los aportes que realizó su senador suplente, el Dr. Víctor Elena, quien se encontraba en el recinto.

Por otra, se adopta un criterio punitorio para que -además de las penas que ha previsto el Código Penal o de Faltas- se agreguen otras cuando el personal de salud, médicos, enfermeros o sus auxiliares, “o cualquier persona” que se encuentre dentro de un centro médico, tanto privado como público resulte agredida, tanto física como verbalmente.

Decadencia

Cappiello graficó lo que ocurre en los hospitales y los sanatorios de manera creciente, con una expresión que pertenece al director del Hospital Cullen, Dr. Pablo Poletti: “Antes, nos decían: ‘Doctor, por favor sálvelo’; y ahora: ‘Si no lo salvás, te mato’”. Y advirtió que en España, el Colegio de profesionales médicos pide que quien cometa estos delitos sufra prisión de hasta 5 años (no días).

“Ya no es un problema de la ciudad de Santa Fe, o de la ciudad de Rosario, sucede en todas partes, y ocurre como parte de una decadencia que podemos observar en todo el país”, reflexionó el ex ministro.

La modificación sobre la Ley 10.703 Código de Faltas (art. 115 bis) dispone prisión de entre 10 y 40 días por agresión física o verbal dentro de un centro médico. La única excepción a ese artículo es que la conducta del imputado en cuestión, esté “tipificada como delito en el Código Penal”, que obviamente contempla penas mucho más extensas.

>> Fondos nacionales para Educación

Por unanimidad y sobre tablas, tal como había adelantado El Litoral, la Cámara dio media sanción a una salida para disponer que los fondos nacionales que la provincia recibe para Educación (unos mil millones de pesos por año) sean transferidos a las municipalidades y las comunas, dentro del año en que son percibidos.

Se trata de una pulseada entre la Casa Gris y la Legislatura, que incluyó un veto parcial del Ejecutivo a la ley de Presupuesto 2017 que disponía el giro “automático” de esos recursos (entre 400 y 500 millones).

Quedó firme el criterio del gobernador Miguel Lifschitz de asegurar (rendición de cuentas mediante) que los intendentes y presidentes comunales no los destinen a otros fines, pero también cayó la parte propositiva de ese veto que disponía cumplir con ese trámite dentro del año.

El proyecto -que las autoridades municipales y comunales esperan que prospere en el corto plazo- fue aprobado por la Cámara Alta y pasa a Diputados.

El 30 de mayo quedó firme el veto parcial que dictó la Casa Gris porque el Senado no lo trató a tiempo (ni tampoco llegó a Diputados). Esa decisión política de la Cámara Alta hizo caer la parte propositiva del texto firmado por Lifschitz, que les reconocía a los municipios y las comunas que al menos los giros se cumplan durante el año que corresponde a la transferencia hecha por la Nación.

Precisamente, ese criterio es el que ahora plantea la norma votada por el Senado, que busca remediar aquella decisión, que implicó volver todo a foja cero.

Más allá de lo que ha estado en juego respecto de los fondos y los mecanismos para su coparticipación a municipios y comunas, el procedimiento elegido por el gobierno provincial crea dudas entre senadores y diputados: ¿puede legislar el Ejecutivo mediante el veto parcial y propositivo? ¿Es constitucional ese procedimiento que ya ha avanzado en otras oportunidades?

La idea de obligar al gobernador a girar automáticamente esos recursos provino de la Cámara de Diputados, y fue impulsada por Alejandro Boscarol (UCR). El veto, en cambio, ingresó por el Senado.

>> Obras Menores o gastos corrientes

La autorización para gastar hasta el 50% del Fondo de Obras Menores en gastos corrientes logró ayer dar un nuevo paso rumbo a su aprobación: se dispuso en la Cámara de Senadores una preferencia, para tratar el tema en la última sesión, previa al receso. Existen dos textos a tal fin, uno propuesto por el PJ y otro del oficialismo. Se descuenta que se unificarán.

>> Batimetrías

El senador Ricardo Kaufmann (PJ- Garay) pidió al gobierno provincial que vigile el comportamiento del lecho de los ríos ante la creciente, en especial sobre los puentes de los arroyos Leyes, Santa Rita y Potrero, en la Ruta Provincial Nº 1. La comunicación aprobada por la Cámara solicita al Poder Ejecutivo que disponga la realización de estudios batimétricos a los efectos de determinar el estado actual de esa infraestructura.