Dos nuevos detenidos por asociación ilícita en La Salada

El Litoral

Télam

Dos hermanos fueron detenidos en la provincia de Chaco en el marco de la causa en la que se investiga una asociación ilícita dedicada a amenazar y extorsionar a puesteros de la feria "La Salada", en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, y por la que el empresario Jorge Castillo está preso como principal imputado, informó este domingo el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La cartera a cargo de Patricia Bullrich detalló en un comunicado de prensa que estos dos sospechosos fueron identificados como Miguel Ángel, alias "Dulce"; y Claudio "Tito" López, ambos acusados de integrar dicha organización.

"La investigación sobre la causa continúa en curso y desde el Ministerio estamos trabajando junto a las fuerzas para dar con todos aquellos involucrados en esta asociación ilícita. Nuestro objetivo es garantizar que los responsables den cuenta por sus actos ante la justicia", afirmó la ministra.

De acuerdo al informe oficial, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó una serie de tareas de seguimiento e inteligencia criminal en inmediaciones de un campo en la localidad chaqueña de Castelli donde detuvieron a "Dulce" López.

Luego, al continuar con la pesquisa, los detectives determinaron que "Tito" López se había ocultado en la casa de un familiar en la que finalmente lo apresaron cuando intentaba escapar.

La captura de estos dos sospechosos era requerida por el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, y el juez de Garantías 3 de ese departamento judicial, Gustavo Gaig, quienes ya dispusieron el traslado de ambos desde Chaco.

"Los detenidos están acusados de integrar una asociación ilícita y realizar cobranzas a los puesteros de la feria La Salada, a quienes amenazaban y extorsionaban en caso de que no pagaran los montos exigidos", añadió el comunicado oficial.

El viernes pasado, el fiscal Scalera solicitó al juez Gaig que dicte el procesamiento con prisión preventiva de Castillo, conocido como "El Rey de la Salada", y de otras 24 personas acusadas de integrar una organización criminal que operaba en esa feria.

Las fuentes judiciales explicaron que el fiscal pidió que todos los involucrados en el expediente permanezcan detenidos y los acusó de integrar, con distintos niveles de importancia, una "asociación ilícita".

Respecto a Castillo, además de acusarlo de ser uno de los jefes de esa organización, el fiscal le imputó la "tentativa de homicidio" de uno de los policías que lo fue a detener el 21 de junio a su casa, ubicada en un country del partido de Luján. El dueño de una de las cuatro ferias que funcionan en La Salada se resistió a los tiros cuando llegaron los policías a detenerlo e hirió en la cara a uno de ellos.

Además de Castillo, en el marco de la causa están detenidos sus sobrinos, Adrián y Leandro; su hermano Hugo y su cuñada, Gladys Arrieta.

Por el caso, también están presos cuatro efectivos: Orlando Fassone, subcomisario de la División Narcotráfico de Lomas de Zamora; Pablo Randone, cabo primero de la Policía Federal asignado a la División Custodia de Funcionarios, y los oficiales de la Policía bonaerense Orlando Fernández y Héctor Esteban Peralta, alias "Taco", quien prestaba servicio en la Jefatura Distrital Norte del mismo partido del sur del conurbano.

Mientras que el 5 de julio pasado, la PFA detuvo a Javier Almirón (41), acusado de ser uno de los recaudadores de Castillo y de integrar "La Banda de los Chaqueños", uno de los tres grupos que operaba en La Salada y que supuestamente lideraba el empresario.

Según los investigadores, Adrián Castillo lideraba el grupo conocido como "Banda de Adrián o de River" y Leonardo Farías -uno de los prófugos- otra de las organizaciones denominada "Banda de los Cucos".

Esta causa comenzó en abril de 2015, cuando tras un desalojo se determinó que un grupo tenía el control de miles de puestos callejeros que funcionaban afuera de los tres predios habilitados, Urkupiña, Cooperativa Ocean y Punta Mogote, este último administrado por Jorge Castillo.

La pesquisa avanzó y se estableció que explotaban de manera ilegal los puestos, cobraban un canon a los feriantes para poder permanecer en el lugar y otros por seguridad, limpieza, estacionamiento y el pago de un bono contribución.

Todo era realizado bajo amenazas y, en caso de que no se pudieran efectivizar, los feriantes eran golpeados, al tiempo que los miembros de la organización que actuaban como "seguridad" atacaban a las denominadas "mecheras" que descubrían robando en el predio sin "arreglar" con ellos, a quienes llevaban a galpones, las hacían desnudar y las golpeaban con cinturones.

Paralelamente, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, lleva adelante una investigación por "evasión impositiva" por la que el 22 de junio allanó el complejo Punta Mogote y secuestró 11 millones de pesos y más de 6.000 dólares que estaban distribuidos en diez cajas de seguridad.