Plan de pago del acreedor

Ivana Fux

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El acreedor hizo la propuesta de pago al deudor. La apuesta es poco convencional en el mundo de las finanzas ordinarias, donde el que debe tiene que plantear cómo salda su incumplimiento -y el acreedor, en todo caso aceptar o no-, pero posible en el plano de la política. Después de esperar más de un año y medio, el gobernador Miguel Lifschitz reunió a comienzos de la semana pasada a todo el arco político con representación en Santa Fe para hacer pública una propuesta acerca de cómo esperan que la Nación pague la deuda generada durante años por la detracción indebida de coparticipación. Debió haber sido al revés. Debió ser el gobierno central quien explicitase su plan de pago posible. Pero tras meses de supuesta negociación sin resultados, el gobierno provincial buscó generar consenso y darle un respaldo institucional a la “oferta”. Lo hizo en plena campaña electoral, y ello no pasó desapercibido para los referentes de la oposición. Desde Omar Perotti (PJ) hasta dirigentes como José Corral (UCR) o Luciano Laspina (PRO) le recriminaron que “alzara esa bandera” a menos de un mes de las elecciones legislativas. En rigor, cada uno terminó aprovechando el escenario para sus propias fundamentaciones políticas: Lifschitz justificó que no podía esperar más porque en realidad todo el año será electoral; Perotti le reprochó a la provincia que se endeudara en dólares (para financiar el acueducto que llegará a Rafaela) mientras propone un plan de pago en pesos -“la provincia se endeuda en dólares y le deben en pesos”, alertó-; Laspina exigió que los recursos se destinen a la ejecución de obras públicas, y José Corral pidió incluir a los municipios y comunas en la mesa de discusión. El intendente consideró que así como la Nación debe saldar su deuda con la provincia, la provincia debe saldar sus deudas con la municipalidad local, por ejemplo, en concepto de Fondo de Obras Menores y de Fondo de Financiamiento Educativo.

De acuerdo con los criterios de actualización empleados por la provincia, la Nación debe saldar una deuda de 49.840 millones de pesos. Su cancelación fue ordenada por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines de 2015, tras analizar durante seis años la presentación que había formulado el por entonces gobernador Hermes Binner, con el sustento jurídico que ya le había dejado la última gestión de Jorge Obeid, cuando se negó a firmar el pacto fiscal que seguía convalidando el descuento. Allí se formuló el primer reclamo administrativo por la deuda.

Según el “plan de pago” que eleva Santa Fe, un tercio de ese monto debe saldarse en efectivo entre 2018 y 2019; ello representaría unos 625 millones de pesos por mes durante los dos años. El resto -unos 34 mil millones de pesos- sugiere cobrarlo a través de bonos que la Nación debería emitir con vencimiento de hasta cuarenta años. El 13,4 por ciento de las acreencias se coparticiparán automáticamente a municipios y comunas (algo más de 2 mil millones de pesos entre 2018 y 2019); la otra porción deberá destinarse a gastos de capital. La asignación de recursos prevé una partida para el PROMUDI (Programa Municipal de Inversiones), otra para el Fondo de Inversión y Desarrollo, y una tercera para la planificación de gasaductos regionales. Todo ello, si la Nación “acepta” al plan de pago que le propuso su acreedor.