El Litoral
Lo promueve el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria. Si la Justicia falla a favor, la empresa debería retrotraer el cuadro tarifario a junio, y dejar sin efecto la última suba del 20%. Argumentan que es “desproporcionada, injusta e ilegal”.
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Ivana Fux - [email protected]
Con el argumento de que es ilegal, irracional y desproporcionado, el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac) de Rosario presentó esta semana ante la justicia un recurso de amparo colectivo que pretende frenar el último aumento del 20 por ciento de las tarifas de Aguas Santafesinas SA (Assa).
Como se sabe, la empresa comenzó el año incrementando las tarifas en un 48 por ciento. Hasta allí, el aumento que fue escalonado, contó con un dictamen del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) y fue discutido en el marco de audiencias públicas.
Pero el último 2 de junio, la empresa volvió a sorprender anunciando que aumentaba otra vez la tarifa en un veinte por ciento, totalizando una suba anual del setenta por ciento. Es ese último incremento el que se cuestiona con el amparo judicial promovido por los consumidores de Rosario, que advierten sobre la “inconstitucionalidad” de la medida.
Sin aviso
En diálogo con El Litoral, Juan Marcos Aviano, titular del organismo, aseguró que el aumento se decidió “entre gallos y media noche. El aumento -recordó- se publicó en el Boletín Oficial el 7 de junio, y ese mismo día se emitieron las boletas con los nuevos aumentos, por lo que queda a la vista que no se cumplieron los procedimientos legales pertinentes”.
Aviano alertó que tampoco se respetaron los pasos que corresponden, en los términos que lo indica la ley 11.220, y explicó: “Para nosotros, se han vencido los plazos del contrato transitorio que tenía la provincia con Aguas Santafesinas y por lo tanto, es el ENRESS como lo indica la ley 11220, quien debe determinar el cuadro tarifario y los aumentos”.
En tal sentido, recordó que para convalidar y decidir los incrementos anteriores “si bien siempre terminó resolviendo el Ministerio (de Infraestructura), hubo audiencias públicas e intervino el ENRESS. Acá -insistió-, entre gallos y media noche, el mismo día en el que se publica el aumento se imprimen las boletas, cuando las leyes de defensa al consumidor plantean el tema de la anticipación. La empresa no puede en 24 horas autorizar un aumento, anunciarlo e imprimir las boletas”, se quejó.
Ente en la mira
Aviano aseguró que frente a este nuevo incremento del 20 por ciento, el ENRESS solamente “hizo una providencia, es decir, una nota en la que dice que esto forma parte del proceso de aumentos de principios de año, sin metas ni objetivos ni audiencias públicas, que si bien la ley 11220 no las exige, ya se han convertido en una cuestión de usos y costumbres en la provincia”.
Sobre la base de lo expuesto, el dirigente consideró que ASSA “debe dar marcha atrás con el aumento del veinte por ciento, y devolverle el dinero cobrado por ese concepto a los usuarios”.
“Planteamos que debe haber gradualidad y razonabilidad -acotó-, como lo dice la Corte en el fallo sobre las tarifas del gas. Esto no es gradual ni razonable; hablamos de un 70%. Esos valores no fueron a la par de las variaciones salariales ni de la inflación. Se viola el derecho a la información, no son tarifas justas ni razonables, y se violenta la ley de defensa al consumir”, resumió.
Aviano explicó que en caso de que la justicia haga lugar al amparo, “todos los usuarios de ASSA se verían favorecidos”, y reiteró que el planteo judicial reclama “retrotraer el cuadro tarifario a junio de 2017 que sólo estipulaba un 48%; el resto debería ser devuelto con intereses”, concluyó.