Los vecinos piden que se acelere el proyecto para hacer defensas

Gastón Neffen

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En la previa de la fiesta de Año Nuevo de 2015, a solo una semana de haberse mudado, Gabriela Antonucci y su familia tuvieron que salir de su casa de Arroyo Leyes —ubicada al oeste de la ruta 1— porque la crecida del Paraná estaba a punto de inundarlos. En abril de 2016 también se anegaron por los 22 días seguidos de lluvia.

Es lo mismo que les pasó a muchos vecinos que viven en el oeste de Arroyo Leyes y también en Rincón Norte, que se sienten vulnerables cada vez que el Paraná se “ensancha”. En general son familias jóvenes de Santa Fe, que vinieron a “la Costa” por las dificultades para conseguir terrenos a un precio razonable en la ciudad y porque les gusta la tranquilidad y el “verde” que caracteriza a los barrios costeros.

Se da una situación paradójica. Es cierto que los vecinos construyeron sus viviendas en terrenos con cotas bajas, pero en loteos que estaban aprobados, con permisos de obra y hasta financiadas —en muchos casos— por el Estado (por el gobierno nacional) a través del Plan Procrear.

Desde principios de 2016, le vienen solicitando al gobierno provincial —también al nacional— que se construya un terraplén desde el kilómetro 8 hasta el 22 de la ruta 1, justo en el punto en el que termina el anillo defensivo que protege Colastiné Norte y la mayor parte de la ciudad de Rincón. En una de las primeras notas —que presentaron en junio de 2016—, los vecinos plantearon: “Somos miles de vecinos de Arroyo Leyes afectados por el Fenómeno de El Niño que nos sentimos desamparados por parte de un Estado que pareciera negarnos”.

Es que en ese momento se daba una situación paradójica. Ellos construyeron sus viviendas en una zona de riesgo hídrico, pero en loteos que estaban aprobados, con permisos de obra y hasta financiadas —en muchos casos— por el Estado (por el gobierno nacional) a través del Plan Procrear. En el fondo, el problema es la falta de planificación, que también agravó los problemas hídricos en Colastiné Norte y Rincón.

En julio de 2016, cuando todavía estaba al frente de Recursos Hídricos el ingeniero Roberto Porta, la respuesta a los vecinos fue contundente. Desde el Ministerio de Infraestructura se argumentó que la zona que se pretenden defender está localizada en el valle de inundación del río Paraná y que no se “considera pertinente plantear un sistema de defensas, sino que deben realizarse construcciones compatibles con las restricciones naturales”. Se refieren a viviendas construidas sobre palafitos, entre otras posibilidades.

También se aseguró solo se contaba con una idea general, un esbozo de un posible proyecto de defensas para la zona, que se había pensado para un contexto diferente del actual. “Ahora la urbanización se ha desarrollado mucho más y sin una planificación adecuada”, reconocen los funcionarios provinciales.

Buceando en los “archivos”, los vecinos encontraron un proyecto de defensa, que con fecha de mayo de 1999 había calculado los costos del refulado para el terraplén, de las alcantarillas, de las estaciones de bombeo y hasta de los reservorios (inclusive consiguieron el mapa que establece cómo sería esa defensa).

En una de las notas que enviaron a la provincia —que presentaron el 27 de enero de 2017— los vecinos insistieron en que la construcción de defensas es urgente por la recurrencia de las crecidas.

Entre los efectos negativos de no contar con defensas, los vecinos enumeraron, además de la inundación de la propia casa, el anegamiento de los caminos, la saturación de los pozos ciegos —que deteriora la calidad del agua de perforación—, el riesgo de enfermedades y la necesidad de evacuar a miles de personas, entre otros problemas.

Ahora, la decisión de la provincia parece encaminarse a construir “recintos defensivos”, que deberá ser analizada a fondo y acompañada de un plan de gestión integral del riesgo hídrico (con obras complementarias de desagües, estaciones de bombeo y planes activos —reales, no “letra muerta”— de contingencia y ordenamiento territorial).