Mario Cáffaro
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La secretaría de Energía dijo que las decisiones están siendo discutidas con actores del sistema. Insistió en trabajar en eficiencia energética porque las altas tarifas vinieron para quedarse.
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La secretaria de Estado de Energía, Verónica Geese, ratificó que el Poder Ejecutivo está trabajando en un proyecto para tener un ente o agencia técnica del sistema energético y admitió que está a estudio una nueva figura jurídica para la EPE pero siempre dentro de la órbita de empresa estatal.
Geese y el gerente general de la EPE, Marcelo Cassin, estuvieron reunidos durante poco más de dos horas con diputados en la Comisión de Obras y Servicios Públicos. La reunión había sido diferida en varias oportunidades y en esta ocasión apenas siete legisladores estuvieron presentes. Las sillas instaladas en la sala permanecieron vacías durante gran parte de la reunión. En marzo del año pasado, el mismo recinto había sido desbordado por legisladores y asesores cuando en una reunión similar se discutió el ajuste tarifario que bajaba el gobierno nacional a través de Cammesa y aplicaba la misma empresa.
Ahora, Cassin planteó los objetivos centrales que tiene la empresa valiéndose de números y estrategias políticas que se llevan adelante mientras que Geese se quedó con las mayores definiciones políticas. En principio el objetivo de la convocatoria era el cuadro tarifario, tema que no demandó mayor debate. Es más, la diputada socialista Clara García fue llevando la reunión hacia definiciones de las políticas que el gobierno provincial lleva adelante en la materia como subsidios a sectores, tarifa social, e incluso el etiquetado de viviendas con eficiencia energética.
Geese recalcó que la provincia no aplicará aumentos en el cuadro tarifario hasta fin de año, pero en cambio no lo descartó en caso de que Cammesa disponga otro incremento en la energía mayorista. El propio Cassin informó que ese incremento está previsto en la propia página del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. La funcionaria dijo que la semana próxima estará en la reunión del Consejo Federal donde esperan tener precisiones sobre la materia.
Hacia adentro y hacia afuera de la empresa
Cassin comenzó su exposición señalando que los tres ejes de la gestión pasan por la calidad del servicio, tener un cuadro tarifario competitivo y realizar una reingeniería permanente de los procesos internos para mejorar la prestación y la eficiencia empresaria. Se detuvo en obras que realizan en distintos puntos de la provincia con el objetivo central de bajar los tiempos en la interrupción del servicio y lograr estándares internacionales. También dedicó parte de la exposición a brindar detalles del plan de obras en marcha por más de mil millones de pesos contemplando planes propios, el plan Abre y el Fondo de Electrificación Rural (FER) más las licitaciones de compras de equipos y movilidad.
Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) intentó llevar la reunión hacia el tema tarifario advirtiendo que el ajuste del 35% dispuesto a principios de año es muy superior a la suba salarial y a la inflación y es allí donde Geese ratificó que “no habrá otro aumento en el 2017”. Se habló de las gestiones realizadas con el Ministerio de la Producción para tratar de mitigar los impactos de la suba en las empresas productivas. “Estamos en una transición. Esto no terminó, la quita de subsidios es el camino trazado por el gobierno nacional. Nosotros apostamos fuertemente en trabajar en eficiencia energética” enfatizó Geese.
Hubo datos sobre la aplicación de tarifas especiales para clubes, jubilados y para casos sociales que son compensados por el Tesoro provincial. Se aseguró que la tarifa social de la provincia es mucho más generosa que la nacional.
Cassin dijo no coincidir con Héctor Cavallero (Frente Justicialista para la Victoria) quien preguntó sobre una supuesta pérdida técnica del 30% de la energía y de alta morosidad. “No fue afectada la cobranza de la EPE” señaló Cassin aunque reveló que hubo cambios en la metodología especialmente en comercios e industrias que optan por diferir pagos y hacerlo con mora que es menor a la tasa de interés bancaria.
Giustiniani quiso saber si el Poder Ejecutivo comparte el proyecto de marco regulatorio presentado por los diputados Antonio Bonfatti y Rubén Galassi (ambos socialistas) a principio de año. Geese comentó que ellos están trabajando con distintos actores del sistema un proyecto al que definió como complejo. La EPE, cooperativas eléctricas, gremios de Luz y Fuerza, entidades del Consejo Económico y Social y la Defensoría del Pueblo están participando de la discusión. “Queremos consenso y el fracaso de los últimos 22 años nos dejó sin marco regulatorio” señaló.
La secretaria destacó que “ente o agencia técnica es la discusión pero lo central es que haya un solo poder concedente. Hoy desde el Ejecutivo no tenemos injerencia en las 65 cooperativas que prestan servicios en distintas localidades donde la concesión la concedió el municipio o la comuna”. Completó la definición anticipando que “el gobernador presentará el proyecto con el mayor consenso posible”.
Edgardo Martino (UCR), presidente de la Comisión, preguntó sobre la aplicación del FER que ya tiene 281 millones de pesos para ejecutar obras y ahora se han sumado 17 cooperativas rurales. Otro radical, Héctor Gregoret llevó el tema a la situación del personal que se lleva el 24% del presupuesto de la EPE. Cassin le subrayó que la bolsa de trabajo es una disposición del convenio colectivo nacional de trabajadores de Luz y Fuerza y Geese adelantó que en la próxima ley de presupuesto pedirán una ampliación de personal, especialmente para destinarlo a pequeñas localidades santafesinas.
Antes de terminar, Cavallero quiso saber si estaban trabajando en un cambio de figura jurídica. “Sí, aunque no hay nada cerrado aún. Puede ser una Sociedad del Estado. Necesitamos darle herramientas para los nuevos tiempos” reconoció Geese quien recordó que cuando se adopte una decisión será enviado el proyecto a la Legislatura.
Subsidios
Cassin precisó que del millón de usuarios residenciales que tiene la EPE, 350.000 acceden a tarifas subsidiadas: 80.000 son beneficiarios de la tarifa social provincial; 72.000 de la tarifa provincial a jubilados; 55.000 de tarifa social nacional jubilados y 143.000 con tarifa social nacional.
Tras el debate por el fuerte impacto de los aumentos en las empresas electrointensivas, Geese reveló que solamente seis accedieron al sistema especial diseñado por el gobierno.