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Sábado 09.09.2017 - Última actualización - 9:21
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¿Caso aislado o “modus operandi”?

La increíble historia del auto robado pero "legal"

La fiscal María Laura Martí investiga el caso, por el que ayer fueron imputados tres jefes policiales del departamento La Capital. Otros uniformados podrían terminar tras las rejas.

Imagen ilustrativa Foto: Archivo El Litoral




¿Caso aislado o “modus operandi”? La increíble historia del auto robado pero "legal" La fiscal María Laura Martí investiga el caso, por el que ayer fueron imputados tres jefes policiales del departamento La Capital. Otros uniformados podrían terminar tras las rejas. La fiscal María Laura Martí investiga el caso, por el que ayer fueron imputados tres jefes policiales del departamento La Capital. Otros uniformados podrían terminar tras las rejas.

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La justicia investiga un caso tan grave como difícil de explicar ocurrido en nuestra provincia, por el que están detenidos tres jefes policiales de la Unidad Regional I (departamento La Capital), quienes fueron formalmente imputados este viernes por los delitos de “exacciones ilegales”, “negociaciones incompatibles con la función pública”, “tráfico de influencias” y “tentativa de estafa procesal”, en concurso real.


Durante la audiencia, realizada en los tribunales de la capital provincial, dos de los acusados hicieron uso de la palabra para tratar de explicar los hechos, pero las versiones que dieron no despejaron las dudas que tiene la fiscal que entiende en la causa, la doctora María Laura Martí.


“Todo comenzó con un caso de ‘encubrimiento’ originado en un procedimiento rutinario de la Gendarmería Nacional”, explicó la funcionaria ayer por la tarde, en conferencia de prensa.


El 22 de mayo de este año, los uniformados detuvieron el paso de un Fiat Uno modelo ‘99 que circulaba en nuestra zona, sin la documentación correspondiente. Luego se comprobó que el vehículo tenía pedido de secuestro porque había sido robado en 2011, en jurisdicción de la Comisaría 2a de Rosario.


Aparentemente por un error administrativo, el vehículo fue trasladado hasta la Seccional 2a pero de nuestra ciudad, donde quedó a resguardo.


“Yo estaba de turno ese día, por lo que estaba en condiciones de llevar adelante la causa contra la persona que tenía el auto, por el delito de encubrimiento. Cuando lo llamo a este sujeto para la audiencia de atribución imputativa, el 6 de setiembre, me da una versión de los hechos que se concatena con otros documentos que yo tenía en el legajo y todo me hace pensar que existía una situación irregular. De inmediato firmé la orden de detención para las personas que hoy están privadas de su libertad. Y me puse a corroborar los elementos de la causa”, manifestó Martí.


Según indicó la fiscal, el hombre que manejaba el Fiat Uno habría manifestado que luego de secuestrado el vehículo y como no podía recuperarlo, al carecer del título correspondiente, “se dieron algunas maniobras de los acusados para que el el auto comience a circular nuevamente, que vuelva al mercado”.


Como ya fue informado, la misma fiscal encabezó una comisión de la División de Asuntos Internos que irrumpió en la Comisaría 2a de barrio Sur de nuestra ciudad, donde fue detenido el jefe, Marcelo Sciarczyñski, y el subjefe, Matías Villarreal.


Entonces, Martí comprobó que el auto en cuestión increíblemente había sido transferido a otro oficial de la fuerza, el subjefe del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, Maximiliano Nieva, que también terminó esposado y tras las rejas.


“La transferencia se había hecho con la verificación en la planta verificadora, como si el auto hubiese estado perfectamente en regla. Tenía el título otorgado por el Registro Automotor a nombre de esta persona (Nieva). Él tenía la tarjeta verde correspondiente y su esposa la azul, que la habilitaba también para manejarlo”, puntualizó todavía sorprendida la funcionaria.


Más adelante, Martí adelantó que el próximo lunes, en una audiencia, solicitará la prisión preventiva de los tres imputados. Al ser consultada sobre las penas posibles que podrían enfrentar los acusados, explicó que son de un año como mínimo, pero agravadas pueden llegar a doce. “Lo grave es la calidad del personal policial involucrado. Estas penas llevan la pena conjunta de inhabilitación para ejercer cargos”, aclaró, a la vez que deslizó que el caso podría derivar en nuevos arrestos.

 

Sospecha


“Por ahora yo sólo estoy investigando este caso en particular, porque es lo que corresponde, pero puede tratarse de una modalidad utilizada para otros similares en los que los titulares no pueden acreditar la procedencia de sus vehículos. Hay autos y motos que circulan manejados por personas que desconocen que las trasnferencias deben hacerse en los registros correspondientes. Es una realidad. Compran así (de manera informal). Generalmente esos vehículos tienen pedido de secuestro o motores que no corresponden a la conformación original. Eso genera un mercado paralelo. Todo esto podría dar lugar a que se investigue -por ejemplo- qué pasa con las motos que están en predios y nunca se retiran”, especuló la fiscal María Laura Martí, que -al ser consultada al respecto- no descartó la posibilidad de que haya una organización dedicada a realizar esta maniobra.

 




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