Menores, delitos y derechos

Mauro L. Muñoz

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La facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL fue el escenario del Primer Congreso de Derecho Público Argentino. Este jueves, el “patio de la reforma” contó con la participación de más de 300 oyentes y destacados expositores.

Bajo carpas dispuestas por condiciones climáticas inestables, se desarrolló la disertación sobre “Sistema Penal Juvenil. Enjuiciamientos penal y oral”, llevada a cabo por la destacada especialista Mary Beloff. El encuentro fue organizado por el centro de estudiantes de derecho y ciencias sociales, que cuenta con la conducción de Franja Morada.

La fiscal General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la República Argentina recalcó la permanencia del debate sobre la baja de edad de imputabilidad. “Desde que existe una respuesta diferenciada entre delito infantil y de adulto; siempre se asumió que el sistema estaba en crisis y es deficitario”. De esta manera, Beloff comenzó su discurso sobre cómo tiene que ser la respuesta del Estado frente a las faltas de los más jóvenes.

Con la intención de que “se vayan con más dudas que certezas, para que les ayude a cuestionarse las cosas” -según exteriorizó-, la reconocida abogada esbozó una serie de interrogantes que sirvan para pensar la problemática: ¿El delito adolescente nos perturba como sociedad? ¿Cuál es el parámetro para bajar la edad de imputabilidad? ¿Tenemos sistemas de acompañamiento que sirvan a la prevención? ¿Qué herramientas tiene el Estado para actuar?

A los efectos de buscar las respuestas a esas preguntas, la Justicia Juvenil es una temática que recibe un abordaje multidisciplinar, donde tienen injerencia especialistas de diversas áreas como lo pueden ser la psicología, antropología, ciencias políticas y demás. La especialista expresó que desde el saber jurídico se debe “evitar caer en esas tentaciones de hablar sobre temáticas que desconocemos en profundidad”, mientras es importante focalizar en “cómo tienen que ser las reglas y de qué manera se tiene que implementar para que el Estado argentino y los Estados provinciales ofrezcan una respuesta justa al delito adolescente”.

Una respuesta posible

Si bien las estadísticas de casos son insignificantes con relación a los delitos cometidos por adultos, el enjuiciamiento penal para los adolescentes es un tema recurrente en la agenda política de nuestro país. Respecto a ello, Beloff consideró que “como juristas, donde nos tenemos que parar es en que la única respuesta que tenemos que dar es la que nos exige y nos enmarca la Constitución y el derecho internacional convencional en materia de niñez”.

Partiendo de la consideración de que un sujeto es titular de derecho a la protección especial -derecho a ser cuidado como regla básica en cuanto a lo esencial de lo humano- y que de no existir un correcto cuidado en un contexto cercano, el Estado debe velar por él, la abogada plantea el conflicto entre la Justicia Juvenil y todo el aparato estatal relacionado con la protección de la violencia que atañe a los menores. “En materia de Justicia Juvenil los deberes estatales no sólo tienen que ver con lo penal, sino que el Estado tiene obligaciones positivas de prestación”, explicó la expositora.

“La diferencia está en el reconocimiento de la especificidad de que se trata de un chico y no de un adulto. Debería existir una definición de la respuesta del Estado al delito penal. Una combinación entre leyes estatales, de defensa, en conjunto con intervenciones de prevención, contención”, añadió.

Fallas en planteos vigentes

Hacia el final de su presentación, Beloff realizó breves comentarios sobre cuestiones que están en pleno debate, como el procedimiento de juicio abreviado y el juicio por jurados, aplicados al derecho penal juvenil.

En cuanto a los juicios abreviados se expresó en contra, debido a que “si discutimos sobre si un adulto es competente para transar, cómo lo vamos a pensar en menores, cuando tienen las competencias y capacidades aún en desarrollo y, en algunos casos, disminuidas”. Además de enfatizar en que esta práctica se suele presentar “como si fuera un derecho, cuando en realidad es una válvula de presión”, planteó que, si el propósito es el de la integración social, “¿qué mensaje les damos a los chicos, si partimos de que toda acción delictiva es negociable y transable?”.

Por otra parte, con relación a los juicios por jurados, puso el eje en cuál es la intención de la participación comunitaria. “Es interesante pensar cuál es el propósito. ¿Es una participación del tipo de una venganza sublimada o está pensada como una justicia que se desprenda de la investigación social? No hay una norma en todo el derecho internacional sobre los niños que se plantee la necesidad de realizar juicios por jurados”, sentenció.

Justicia, un acto de voluntad

A su turno, el ex titular del Ministerio Público de la Acusación, Julio de Olazábal, se refirió a la “implementación del sistema de enjuiciamiento acusatorio, oral y público”.

El catedrático se centró en ponderar los aspectos de la Justicia como un acto de voluntad. “En Justicia, casi nunca vamos a estar seguros de que lo que estamos haciendo es así: es un intento por hacer justicia. No se puede hacer justicia si uno no lo está queriendo hacer. Si uno cree que la Justicia resulta meramente de la aplicación de las leyes, puede cometer un terrible error”.

Luego de un vasto recorrido sobre el origen y la implementación del nuevo sistema procesal penal en Santa Fe, del cual fue mentor y partícipe, se refirió a los problemas actuales. “Cada sistema produce sus propios defectos”, definió. Haciendo hincapié en que “los hábitos son más difíciles de modificar que las leyes”.

A raíz de ello, apuntó a que las estadísticas ya no sirven para hacer un real control a los jueces e insistió en la necesidad de realizar auditorías que cumplan ese fin. Además, pidió a los fiscales que no tengan temor frente a su labor aunque sean vistos “siempre como los malos de la película”. Asimismo, argumentó que “el cambio real se debe dar en transformar la educación de los estudiantes de derecho”.

Para finalizar, destacó el valor del cambio del sistema acusatorio en la provincia y resaltó que, hoy por hoy, en Santa Fe “estamos a la cabeza en adecuación de procedimientos en cuanto a lo que exige nuestra Constitución”.