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Martes 12.09.2017 | Última actualización | 10:19
10:15

En una escuela y en el hospital Iturraspe

Identificaron a dos menores por amenaza de bomba en la ciudad

Se trata de dos chicas, de 16 y 17 años. Tras un trabajo de la PDI se allanó un domicilio y se secuestraron teléfonos celulares. 

Foto: Guillermo Di Salvatore


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En una escuela y en el hospital Iturraspe Identificaron a dos menores por amenaza de bomba en la ciudad Se trata de dos chicas, de 16 y 17 años. Tras un trabajo de la PDI se allanó un domicilio y se secuestraron teléfonos celulares.  Se trata de dos chicas, de 16 y 17 años. Tras un trabajo de la PDI se allanó un domicilio y se secuestraron teléfonos celulares. 

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Prensa Ministerio de Seguridad de Santa Fe

 

Personal de la Policía de Investigaciones de Santa Fe realizó este lunes un allanamiento en una vivienda de Pasaje Irala al 4300 de la capital provincial, en el marco de las investigaciones que se llevan adelante por recurrentes amenazas de bomba a instituciones educativas y/o públicas.

 

Las menores –quienes fueron trasladadas en estado de libertad- son dos hermanas de 16 y 17 años, las que fueron identificadas por intimidación pública reiterada. También se secuestraron sus teléfonos celulares.

 

Según indicaron desde la PDI las amenazas fueron cometidas en dos oportunidades contra la escuela Cristo Obrero y en, al menos una oportunidad, contra el Hospital Iturraspe.

 

Detenidos y pago de los operativos

 

La semana pasada, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe dio a conocer que se avanza en el estudio de las herramientas legales necesarias para que los cargos que suponen los operativos de despliegue policial en estos hechos sea asumido por los padres de los menores que realizan las supuestas bromas. En promedio, cada operativo policial supone una erogación de 45 mil pesos, monto que actualmente es pagado por todos los ciudadanos con sus impuestos.

 

Días atrás también fueron detenidos cuatro adultos titulares de las líneas telefónicas desde las que se llevaron a cabo amenazas de bomba a instituciones educativas de Rosario. Estas personas, progenitores de los adolescentes que hicieron las llamadas o prestaron sus teléfonos para tal fin, permanecieron detenidos y fueron imputados del delito de intimidación pública.


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