"Tenemos que promover que el Estado llegue a quien lo necesita"

Gabriel Rossini

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El defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, destacó la tarea que realiza la Defensoría del Pueblo en zonas donde el Estado está ausente, elogió las negociaciones que llevó adelante el gobierno colombiano para terminar con la guerrilla de las Farc y pidió tomar las medidas correctas para que los 7 mil milicianos que entregaron las armas puedan incorporarse a la vida social, económica y cultural del país.

Negret Mosquera contó que el organismo que conduce es el único vinculado a los derechos humanos que podía ingresar a determinadas zonas del país cuando estaban en guerra con las Farc. “Ni siquiera la Cruz Roja”. “Tenemos el sistema de las ‘alertas tempranas’ y con eso elaboramos un mapa de riesgo. Lo hacemos en temas de medio ambiente. Por ejemplo, sabemos que va a crecer el río o va a ocurrir una catástrofe porque estamos en terreno, donde no hay nadie, somos lo menos urbano posible, y avisamos”.

“Como Defensoría siempre acompañamos el proceso de negociaciones de paz entre el gobierno y las Farc desde afuera, nunca participamos directamente porque si nos metíamos dejábamos de ser un órgano independiente. Ahora estamos muy activos en las 26 zonas donde se agruparon los ex combatientes para que tengan todas las condiciones de cualquier ciudadano. Hay mucho de ellos que no tenían documento ni escolaridad. Y tenemos que promover que las instituciones del estado lleguen allí”, enfatizó Negret Mosquera.

El funcionario contó que esta experiencia les sirvió para transmitirle algunas experiencias a quien está negociando en Quito con otro de los grupos guerrilleros colombianos, el Ejército Nacional de Liberación (ELN), a partir de consultas que se le hicieron respecto a como podría actuar la defensoría en el futuro.

-¿Las zonas desmilitarizadas fueron recuperadas por el Estado?

-Hay 26 zonas en el país donde se logró que se asentaran los 7 mil hombres de las Farc que dejaron las armas y donde llegaron 4000 milicianos. Se supone que los territorios que desocupan las Farc deben utilizarlas el ejército y la policía nacional. Ocurrió que esos espacios que no llenó el estado los ocupó el ELN con los cuales también estamos en una negociación que aspiramos sea mucho más rápida que con las de las Farc ya que están disponibles todos los instrumentos jurídicos para incorporarlos. Logramos que a partir del 1 de octubre haya un cese de hostilidades que consiste en que el ELN no secuestra ni extorsiona ni se dedica al narcotráfico ni vuela el oleoducto del Caño Limón por cinco meses.

-Me dijo que a la cabeza de la buena reputación de los colombianos está la Iglesia católica, el Ejército y después la Defensoría.

-El Ejército es el último reducto de tranquilidad de la gente en las zonas rurales. Somos un país eminentemente rural, sin tanto desarrollo agroindustrial como Argentina. El Ejército y nosotros somos los únicos que llegamos a esas zonas y muchas veces decimos cosas contrarias, tenemos muchas diferencias. Y la Iglesia siempre es muy apreciada y siempre se ofrece para tratar de solucionar conflictos. La historia de la Iglesia católica en Colombia es muy fuerte.

-¿Que le dejaron a Colombia estas negociaciones de paz con la guerrilla?

-Desde nuestra órbita humanitaria, que es lo más importante, creo que no se equivocaron en nada, porque lograron desarmar a 7 mil personas. Eso era lo más importante, porque va a generar en regiones de Colombia paz y tranquilidad. Debe ser muy temeroso que uno este en el campo, llegue un grupo armado y se lleve una vaca para comer y un niño para prepararlo para la guerra. Con estos niños -que ahora son adultos- es con los que tenemos que trabajar. Están ahí y se perdieron lo más importante de la vida, que es la niñez y la adolescencia. Las Farc eran 30 mil hombres que quedaron reducidos a 7 mil. No pudimos como Estado acabar con ellas. No pudimos hacer que se rindieran, como no pudimos con el M19, el RPL, el PRT. Este era un grupo muy fuerte con una capacidad dialéctica muy importante. Llevábamos 54 años de guerra. Yo soy del departamento del Cauca, en el sur. Tuvimos guerrilla de las Farc, paramilitarismo, un problema indígena grandísimo. De todo.

-¿La Defensoría ha intervenido en el tema de las víctimas del narcotráfico?

-No hemos intervenido, pero para que se den una idea les doy una cifra: en Cali hubo este año más de 750 asesinatos. Esa es una cifra aterradora en una ciudad del tamaño similar a Rosario. No puedo afirmarle hoy que todas esas muertes sean consecuencia de la guerra de las drogas, pero yo creería que si. Muchos de los capos del narcotráfico vuelven a la ciudad tras cumplir su condena y retoman el negocio. Por eso es tan importante no equivocarnos en la reincorporación de los hombres de la Farc. Porque estos que se fueron, lo único que sabían era dedicarse al narcotráfico. Esas víctimas, en mi concepto, muchas veces fueron olvidadas. Nadie nunca preguntó por ellas. Tan grave es que permeó las sociedades. A los jóvenes, en ciudades como Cali, Armenia y Medellín, los atrajo para que se dediquen al narcotráfico.

-Generó una cultura.

-Totalmente. Cuando se terminaron los grandes carteles se crearon minicarteles. Por eso hay tantas bandas dedicadas al narcotráfico en Medellín y Cali. De todas maneras, en Medellín hay la mitad de asesinatos que en Cali, cuando era la ciudad más violenta de Colombia. Por otro lado, la respuesta del legislador para proteger a las víctimas es del 2011. Tenemos en Colombia 8,1 millones de desplazados. Eso ha generado unos cordones de miseria en todas las ciudades, que no tenemos cómo atender con salud y educación. Eso es lo que nos está pasando ahora con la llegada masiva de ciudadanos venezolanos, que es muy grande. De las víctimas de este conflicto, Colombia ha reparado el 20 por ciento con una ayuda económica, pero nunca lo hemos hecho psicológica ni afectivamente. Tampoco puedes poner a la víctima a esperar 10 años.

-Y tampoco es fácil generar condiciones sociales y económicas para reinsertarse en la vida social.

-Burocráticamente los estados son muy lentos. Y es tal la cantidad de víctimas desatendidas -o atendidas pero que no están tranquilas-, que habrá que seguir trabajando.

La crisis con Venezuela

-¿Hasta donde interviene la Defensoría con los ciudadanos venezolanos que emigran a su país?

-Yo soy un defensor de territorio. Por el puente internacional Simón Bolívar cruzan 50 mil venezolanos por día a trabajar y estudiar y por la tarde vuelven 45 mil. Algunos se quedan en Colombia, otros bajan a Ecuador, otros a Perú y otros siguen a Chile, donde es fácil trabajar porque la sola llegada te permite una visa de ellos pero también la visa Mercosur. Colombia tiene temor de hablar de refugiados porque la connotación es diferente. Nosotros tenemos 2 mil kilómetros de frontera con siete pasos fronterizos, en muchos lugares permeable. En las últimas tres o cuatro décadas pasaron a Venezuela unos 4 millones de colombianos. Ahora están volviendo con sus esposas venezolanos y sus hijos. Pero también familias venezolanas.

Cuando hablas de refugiados empiezan a participar la ONU y ACNUR. El gobierno colombiano no quiere hablar de refugiados porque no solo van a ingresar los ciudadanos de Venezuela sino también los de Haití, Bangladesh, India y de varios países del continente africano. Y esto es imposible. Nosotros nos volvimos un país de transito a raíz de que por el terremoto de Haití, Brasil recibió a cuanto haitiano quisiera ir a trabajar en la caña de azúcar; y Ecuador levantó la moratoria para toda Africa y China. Entonces nos convertimos en un país de tránsito para estos ciudadanos que buscaban salir por el norte del país para llegar a Panamá. Y en algún momento, ante esta cantidad de gente, las fronteras de Costa Rica, Guatemala y Panamá se cerraron. Entonces esto se volvió una crisis humanitaria en 2015. Ahora, con el tema de los venezolanos, surgió la opción del PEP, que es un permiso especial de permanencia en Colombia únicamente a quien ha entrado con pasaporte, tener una visa de trabajo. Mediante una carta le pregunté al gobierno que hacíamos con el resto, que es la gente que tengo volver a visible para el gobierno porque no se les puede vulnerar el derecho a la igualdad. No es delito estar en Colombia. Lo único que podemos hacer es deportarlos. Pero no terminamos de hacerlo que ya están de vuelta.