Policías en problemas

Germán de los Santos

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La policía de Santa Fe atraviesa un momento complejo. Y no es por el estallido de una crisis aguda en la seguridad pública, como ocurrió en otro momento, cuando los índices de violencia en Rosario y Santa Fe habían llegado a picos históricos, como en 2013. Los datos que expone el Ministerio de Seguridad muestran que la cifra de asesinatos bajó más de un 25 por ciento en el primer semestre.

El problema es otro. En poco más de una semana fueron detenidos 55 policías por causas judiciales graves, que van desde la desaparición forzada del joven Franco Casco en Rosario, a casos de corrupción, como en el que está imputado el ex jefe de la fuerza Rafael Grau.

A este más de medio centenar de efectivos, se podría sumar en pocos días otros 40 uniformados cuya indagatoria en la fiscalía de Santa Fe se pospuso por motivos poco claros. La fiscal María Laura Martí investiga supuestas irregularidades en la utilización de las llamadas Horas Ospe (orden de servicio de policía extraordinaria).

Mientras tanto, en Rosario, el ex jefe de la Policía, Hugo Tognoli, está siendo juzgado por supuesta empresa criminal conjunta con narcos del sur provincial a los que se lo acusa de proteger.

En varias causas federales por tráfico y comercialización de estupefacientes, aparecen imputados decenas de uniformados de la Policía de Santa Fe. El caso más reciente apunta a los policías Carlos “Pipi” Maldonado y Adrián Nazara que “colaboraban” en el barrio Yapeyú con un candidato a concejal imputado por narcotráfico como es Luis “Coco” Bergallo.

Ante esta coyuntura complicada, el gobernador Miguel Lifschitz se encargó de ratificar en sus cargos al titular de la cartera en Seguridad, Maximilano Pullaro, y al jefe de la Policía, José Luis Amaya.

Desde que asumió el actual gobierno provincial, hubo casi 3 mil policías de Santa Fe sumariados por diferentes causas. En concreto, desde diciembre de 2015 se abrieron 2.870 expedientes para investigar el accionar de uniformados sospechados de diferentes delitos. Unos 700 policías fueron pasados a disponibilidad y 130 están a la espera de la expulsión.

Con la difusión de esos números, el gobierno pretende mostrar que los mecanismos institucionales de control sobre la policía están activos. Pero el problema de fondo sigue siendo que dentro de la fuerza supura la corrupción y otros problemas que nunca fueron desmantelados, a pesar del incremento de los controles sobre todo con la ayuda de la tecnología, como es el nuevo sistema OJO, que se puso en marcha hace poco más de un mes en la provincia.

En medio de una campaña electoral bastante atípica, donde las discusiones políticas están ausentes, el gobernador ensayó como respuesta al problema que los hechos de corrupción se han convertido en “un mal de la Argentina”. Y reclamó a la Justicia “agilidad” para despejar las sospechas que ensucian a la fuerza. En la Legislatura, los diputados Leandro Busatto, Héctor Cavallero y Carlos del Frade pidieron que Pullaro vaya a dar explicaciones sobre las causas que enfrentan los policías detenidos.

El gobierno pretende mostrar que los mecanismos institucionales de control sobre la policía están activos. Pero el problema de fondo, sigue siendo que dentro de la fuerza supura la corrupción y otros problemas que nunca fueron desmantelados.