Amenazas de bomba: "No se puede imputar a los padres"

Emerio Agretti

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La defensora Provincial, Jaquelina Balangione, cuestionó la estrategia de imputar a los padres de alumnos sospechados de haber llevado adelante acciones de “intimidación pública”, mediante faltas amenazas de bombas en escuelas.

Desde inicios de este mes, en Rosario, se produjeron pedidos de imputaciones por parte de la Fiscalía, que incluyeron arrestos de padres, titulares de las líneas telefónicas desde las que se habrían hecho las llamadas.

Balangione dijo a El Litoral que el Estado debe intervenir para castigar y poner freno a este tipo de actividades, pero que no es admisible la utilización del derecho penal contra los padres de los presuntos culpables. “El derecho penal, a diferencia del resto del ordenamiento jurídico, opera como una garantía a favor de los ciudadanos. Justamente, de freno al poder político del Estado. Por eso, está imbuido de una serie de principios, principalmente el de legalidad, que es estricto: la ley penal no se puede extender, no se puede aplicar con interpretaciones analógicas, siempre con carácter restrictivo. Y además, se rige por el principio de no trascendencia penal: la responsabilidad penal no se puede correr de una persona a otra, como sí pasa en el ámbito civil o el comercial”, argumentó.

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La funcionaria judicial insistió en que “la responsabilidad penal es personal. Entonces, al correr a los padres la responsabilidad de los hijos, se está vulnerando ese principio (de no trascendencia). El Estado tiene que dar una respuesta a esto, pero tiene que buscarla por otro lado. Por ejemplo, a través de una indemnización, o ver si resulta aplicable el Código de Faltas (por incumplimiento del deber de custodia)”.

Balangione recordó que si los chicos son menores de 16 no son punibles por la ley -aunque las consecuencias de sus actos sí pueden recaer sobre los padres con efectos económicos-, pero sí cuando superan esa edad. Incluso cuando no llegan a 18, es aplicable el procesamiento -en tal caso en base al Código de Menores-, ya que el delito de intimidación pública supera los 2 años de pena.

La defensora dijo que, más allá de no corresponder la imputación de los padres, ni siquiera es aceptable a los efectos de “enviar un mensaje” disuasivo a la sociedad, para que otros se abstengan de cometer el delito. “Esto en parte se logró, pero se banaliza el poder de las normas penales con referencia a los casos en que sí se pueden aplicar, porque se están utilizando mal”.

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La ministra de Educación, Claudia Balagué, no compartió el punto de vista de la defensora Provincial. Ante la pregunta de El Litoral, sostuvo que “hay padres denunciados, incluso ha habido allanamientos tanto en Rosario como en aquí en la ciudad de Santa Fe. Cuando se produce un caos social creo que hay que tomar todas las medidas que corresponden. No podemos permitir que esta situación siga creciendo. No nos olvidemos que hay casos de bombas verdaderas en otras ciudades del mundo y que esto afecta el bienestar de los ciudadanos y la tranquilidad pública en general. Creo que hay que tomar estas medidas y, de hecho ha sido tan acertado, que prácticamente han desaparecido las amenazas. Y lo que deja en claro que ha sido muy adecuado este accionar en conjunto de Seguridad, Justicia y Educación”.

En declaraciones periodísticas formuladas en nuestra ciudad, la ministra indicó que “muchas cosas que pasan con los chicos son reflejos de lo que pasa con los adultos”, y valoró “que hayamos podido identificar de dónde provienen las llamadas, con la tecnología que contamos en el gobierno provincial, hacer allanamientos, trabajar con los padres y todas las demás medidas que corresponden”.

“Desde el ámbito judicial a mí me parece que es ejemplificador en este sentido. Que un trabajo en conjunto pueda abordar problemáticas tan serias y que, de hecho, hayan bajado al mínimo las amenazas de bomba”.