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Jueves 12.10.2017 | Última actualización | 8:33
8:32

Mismo problema que en Santa Fe

Por las amenazas de bomba, en Buenos Aires buscan aplicar severas sanciones

Un proyecto busca modificar la actual pena por multas económicas de hasta 50 mil pesos y 30 días de prisión para los responsables de los llamados. 

Foto: Clarin.com


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Mismo problema que en Santa Fe Por las amenazas de bomba, en Buenos Aires buscan aplicar severas sanciones Un proyecto busca modificar la actual pena por multas económicas de hasta 50 mil pesos y 30 días de prisión para los responsables de los llamados.  Un proyecto busca modificar la actual pena por multas económicas de hasta 50 mil pesos y 30 días de prisión para los responsables de los llamados. 

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Las amenazas de bomba en escuelas no sólo es una problemática en la provincia de Santa Fe sino que también se manifiesta en Buenos Aires, con números que son preocupante. 

 

A raíz de estos inconvenientes, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires evalúa un proyecto que prevé hasta 30 días de prisión para los responsables de amenazas telefónicas en los colegios.

 

Datos oficiales de Seguridad, entre el viernes y el martes hubo 400 alertas de este tipo en el 911. En un mes, se registraron más de 2.800 comunicaciones amenazantes.

 

Según publica Clarín, a través de un proyecto de Ley, el senador Andrés De Leo (Cambiemos), propone incorporar como artículo 74º tercero al Código de Faltas, un texto que prevé arresto de cinco (5) a treinta (30) días o multa de entre el cincuenta (50%) y el cien (100%) por ciento del haber mensual del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a la persona que intentare o impidiere, valiéndose de correo postal, teléfono, correo electrónico, Internet, sitios web y redes sociales virtuales, obstaculizar el normal funcionamiento de un establecimiento educativo de gestión pública o privada.

 

Además, la iniciativa del senador bahiense señala que cuando la falta sea cometida por un menor, serán los padres, tutores, curadores y guardadores los sancionados.

 

“El proyecto pretende una sanción específica para aquellos personas que llevan a cabo una amenaza a establecimientos educativos”, dijo De Leo en sus fundamentos. Y agregó: “en la actualidad advertimos como ha ido incrementándose a través de las llamadas telefónicas a los colegios, la indicación acerca de la colocación de artefactos explosivos”.

 

Con información de Clarín

 

 


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