Por Néstor Vittori
Por Néstor Vittori
La penosa muerte de Santiago Maldonado ahogado en el río Chubut cuando huía del intento de detención por parte de la Gendarmería, originado en las agresiones a los gendarmes luego de que éstos despejaran el corte de la Ruta 40 realizado por un grupo de mapuches nucleados en el RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), dio lugar al intento de construcción y tipificación de la figura penal de la desaparición forzada de persona, imputada a esa fuerza y por ende al gobierno nacional.
La serie de aseveraciones, mentiras, versiones, interrogantes y contradicciones, ha dibujado una perspectiva poco menos que monstruosa y perversa, intentando asimilar el accionar del gobierno y de las fuerzas de seguridad a la dolorosa experiencia de la dictadura militar y su secuela de atrocidades, juzgadas y condenadas por la sociedad a través de sus instituciones.
La coyuntura preelectoral fue sin duda, un factor determinante para la manipulación de la información y las denuncias de grupos que, utilizando la causa Mapuche, intentaron erosionar el desempeño electoral de los candidatos del gobierno, pensando en una verdadera amplificación del hecho luctuoso, con una suerte de “efecto mariposa” en sus consecuencias electorales.
Pero nada de eso ocurrió y quedó claro en los resultados que la ciudadanía no es ni ciega ni sorda a la hora de ponderar circunstancias que deliberadamente se sobreactúan o deforman para beneficio real o presunto, de grupos de interés que en la sobredimensión ocultan intenciones que son distintas de las que expresan las circunstancias de las que pretenden valerse.
La intencionalidad asignada a la desaparición de Santiago no tuvo en ningún momento correlato lógico desde el punto de vista institucional. Si hubiera sido consecuencia de un exceso, se habría circunscripto en todo caso a una culpabilidad individual o grupal, que debiera substanciarse en la Justicia. Pero de ninguna manera presumir alguna utilidad o motivación para la fuerza de seguridad y el gobierno más allá de su responsabilidad por la preservación del orden.
Pero en el aprovechamiento sin duda hubo una doble intencionalidad: por un lado perjudicar la imagen del gobierno endilgándole la condición de represor y asociándolo a la dictadura, y por el otro generar un contrafuego al accionar de las fuerzas de seguridad y la Justicia, frente a un crescendo de actividades subversivas, ataques directos a la propiedad privada, al capitalismo como sistema, en el intento de avanzar hacia la creación de un Estado mapuche, con un fuerte componente colectivista y comunista, utilizando la causa indigenista como fachada, pero con la intención de canalizar en el mismo ideologías inspiradas por el trotskismo, anarquismo y comunismo.
En esta dimensión, la Gendarmería Nacional y la Justicia Federal, en sus incumbencias respecto de las zonas en conflicto y sus competencias en eventuales delitos de sedición, aparecen como una última frontera que obstaculiza o puede obstaculizar el accionar sedicioso.
Colocar a estas instituciones, sospechadas de prácticas que conculcan los derechos humanos, tras las cuales se escudan los intentos sediciosos, frente a una sociedad que sufrió, juzgó y condenó la violación de esos derechos por parte del Estado, tiene por objetivo la creación de un contexto de indemnidad, inhibiendo o limitando su accionar, para así tener el campo libre para la sedición.
La sobreutilización de los derechos humanos como escudo frente a cualquier circunstancia ha provocado un desgaste del concepto en la opinión pública, a la cual ya no la mueve la reiterada invocación de realidades imaginarias y se atiene a los hechos, separando las intenciones aviesas de las realidades concretas, como lo demuestra la nula o escasa incidencia electoral que tuvo el caso Maldonado, a pesar del griterío político, mediático y de las organizaciones sociales que dicen defender los derechos humanos pero que con su accionar no logran torcer las conclusiones ciudadanas.