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Domingo 12.11.2017 | Última actualización | 19:13
19:12

La política en foco (por Germán de los Santos)

Una historia con final inesperado

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La política en foco (por Germán de los Santos) Una historia con final inesperado

Germán de los Santos

politica@ellitoral.com

 

Los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, quienes enfrentan tres denuncias en la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, investigan irregularidades en la Policía de Santa Fe desde hace tiempo.

 

El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien presentó una de las denuncias por la intervención de su teléfono, aprovechó para ir a “felicitar” a los fiscales tras una reunión que mantuvo con el fiscal regional Carlos Arietti el 21 de septiembre pasado. El ministro estaba muy conforme, según contaron fuentes del MPA, con la investigación que terminó con la detención el 12 de septiembre pasado del ex jefe de la Policía Rafael Grau, por supuestas irregularidades en el departamento de Logística, conocido como D4.

 

Esa causa se inició con una denuncia anónima que llegó a la cartera de Seguridad. Advertía sobre el desmanejo en la reparación de patrulleros. El encuentro fue ameno y duró sólo unos minutos aunque despertó cierta incomodidad, según funcionarios de la fiscalía.

 

En las oficinas de la Fiscalía Regional había otras causas comprometedoras. El único nicho de corrupción no era el D4. Desde hacía casi dos años avanzaba una pesquisa sobre irregularidades en las horas extra de la Brigada Motorizada, que también se había empezado a investigar por otra denuncia anónima.

 

Quien había revelado esa información clave a Asuntos Internos fue el policía Pablo Cejas, quien se desempeñó en la Brigada Motorizada hasta mediados de 2015. Cejas fue asesinado de 12 balazos en Yapeyú el 18 de julio pasado en una supuesta pelea barrial.

 

La investigación que ponía la lupa sobre la supuesta corrupción en la Brigada Motorizada era mucho más grande: las irregularidades con las llamadas horas Ospe conformaban una caja millonaria. El objetivo era encontrar pruebas sobre la ruta del dinero. Por ese motivo, un juez había autorizado levantar el secreto bancario de los implicados.

 

Había alrededor de 200 policías de todos los rangos involucrados. Pero los investigadores se centraron en unos 40, que eran los que tenían capacidad de operar y delinear ese sistema de corrupción. En julio pasado, los fiscales enviaron las notificaciones para que se presentaran a declarar una parte de los involucrados. Inexplicablemente, esos pedidos se viralizaron por las redes sociales y por Whatssapp, con la sospecha que detrás de la maniobra estuvo un sector policial.

 

Las citaciones se postergaron en tres tramos. Era una estrategia que habían definido los investigadores y que la habían solicitado y el juez avaló medio centenar de intervenciones telefónicas. El objetivo era sumar más pistas y pruebas sobre el recorrido del dinero sucio. En esta etapa, los fiscales contaban con el respaldo del superior Arietti.

 

En este clima convulsionado dentro de la fuerza -por lo que surgía de las escuchas-, los investigadores decidieron preservar la prueba y se llevaron parvas de documentación de Asuntos Internos, que estaba al mando de Aníbal Candia, quien fue detenido por encubrimiento a principios de septiembre por la desaparición forzada de Franco Casco.

 

Los “papeles” fueron traslados a las oficinas de la Fiscalía Regional en tres Ford Ranger y se acumularon en un baño en desuso porque no había más espacio. Un alto jefe de la PDI alertó a los fiscales sobre un rumor que circulaba con fuerza. “Me llegaron información de que quieren quemar las pruebas”, dijo. El jefe de los fiscales de Santa Fe ordenó sacar copias y si era necesario trasladar esa documentación a otro lado.

 

Entre las líneas intervenidas, estaba la del jefe de la Unidad Regional V Adrián Rodríguez. Era el elegido por Pullaro para ascender a director general y ocupar luego la subjefatura de la Policía provincial. Luego, aparece la voz del propio ministro en varios diálogos con Rodríguez. Los fiscales deciden investigar al ministro. La historia terminó con los dos fiscales acusados.

 

El único nicho de corrupción no era el D4. Desde hacía casi dos años, avanzaba una pesquisa sobre irregularidades en las horas extras de la Brigada Motorizada.


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