Erbetta recomendó "mucho control y monitoreo sobre los fiscales"

Ivana Fux

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El presidente de la Corte, Daniel Erbetta, opinó acerca de la controversia generada en torno del Ministerio Público de la Acusación, tras la difusión de escuchas en el marco de la causa que investiga por el presunto delito de cohecho al ex jefe de policía de Rafaela, Adrián Rodríguez; y al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Como se sabe, los fiscales que llevaban adelante esa investigación -María Laura Martí y Roberto Apullán- tenían otras dos de alta resonancia pública: la de supuestas irregularidades en el manejo de las horas extras de la fuerza policial, y la del presunto desvío de fondos en la Municipalidad de Santa Fe. Ninguno de los tres expedientes siguen en manos de esos fiscales; fueron “reasignados” a partir de una “reestructuración” del MPA. de hecho, Martí y Apullán enfrentan sendas auditorías a raíz de tres denuncias administrativas presentadas en su contra.

De las escuchas, como también se informó, surgen diálogos entre el ministro Pullaro, y los fiscales General, Jorge Baclini; y regional, Carlos Arietti. Consultado por el Litoral acerca de si esas conversaciones son correctas o si implican una intromisión del poder político sobre los fiscales, como lo denuncia la oposición, Erbetta contó que el diálogo “es por demás de natural”, y reveló que él mismo recibió un llamado del intendente José Corral, después del allanamiento a la municipalidad.

“Vimos la preocupación del intendente en términos institucionales; estaba sorprendido por las características del operativo, por la hora y el despliegue que se hizo. Además, una intendencia no hace falta allanarla; se pide documentación y se entrega”, sostuvo Erbetta. “Lo escuchamos al intendente -acotó- y le dijimos que éste era un problema del Ministerio Público de la Acusación ya que quien pidió el allanamiento fue un fiscal. Nosotros no tenemos nada que ver con los fiscales. Con respecto a la llamada, no podemos negarnos a un comentario institucional”.

- Pero en el caso del ministro de Seguridad, fue él quien llamó a los fiscales por una causa en particular (que luego lo tuvo como involucrado)... -consultó este diario-

- Exactamente.

-¿No es eso una intromisión del poder político en una investigación judicial?-insistió El Litoral-.

- La intromisión existe en la medida en que yo me sienta presionado o afectado. Después, me cabe a mí ver cómo actúo. a mí no me parece adecuado que un funcionario diga que a lo mejor esa (actuación) se produzca más allá...

- ¿Después de una elección, por ejemplo?-consultó un colega-

- Los fiscales y los jueces tienen que actuar en los tiempos que corresponde actuar. Lo que ocurre es que existe un principio de prudencia que los jueces y los fiscales también deberían observar. en el medio de un proceso electoral, a pocos días de las elecciones, salvo que exista una razón largamente justificada de urgencia porque puedo perder pruebas o alguien se puede fugar, a veces, no es lo más prudente tomar determinadas decisiones por el impacto que esas decisiones pueden tener en la conformación de la expresión de la voluntad popular. Sobre esto tenemos tristes experiencias en la Argentina que no queremos reproducir en Santa Fe.

- ¿Cómo calificaría el accionar de los fiscales?

- Los fiscales funcionan en general bien. Lo que pasa es que como en todas las organizaciones, hay gente que funciona mejor. Son estructuras en las que hay que generar mucho monitoreo y control. Hoy los fiscales tienen mucho poder; por eso tiene que haber mucho monitoreo y control para evitar mala praxis, para evitar situaciones que no son las más deseadas.

Fiscales con diputados

El fiscal General, Jorge Baclini y el regional, Carlos Arietti, recibieron ayer a tres diputados provinciales justicialistas. Se trata de Héctor Cavallero, Silvia Simonsini y Roberto Mirabella. La audiencia había sido solicitada por los legisladores para conversar acerca de los vaivenes que se dieron en torno de la causa de Adrián Rodríguez. La reunión se realizó a puertas cerradas y los diputados evitaron hacer declaraciones públicas al retirarse. Sí valoraron que en menos de dos días, Baclini concedió la audiencia, “a diferencia del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, que pese a haber sido citado varias veces a la Legislatura, nunca concurrió”.

Causa D4

El fiscal Roberto Apullán se apartó ayer voluntariamente de la causa denominada “D4”, que investiga irregularidades en el arreglo de patrulleros, y a partir de la cual se ordenó en su momento la detención del ex jefe de policía Rafael Grau. Según pudo confirmar el Litoral, la decisión obedece a que el abogado que asesorará a Apullán en el proceso de auditoría que se inició sobre su desempeño es Néstor Oroño, el mismo que defiende a uno de los imputados en la causa del D4.