Mario Cáffaro
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Autoridades, gremios y especialistas serán invitados a exponer. Críticas a cambios en políticas nacionales sobre salud mental.
Mario Cáffaro
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La Cámara de Diputados dispuso realizar una jornada debate de análisis y reflexión sobre “el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones de la provincia ante la propuesta de armonización que plantea el gobierno nacional”. La decisión -motorizada por el justicialista Luis Rubeo- fue votada a los pocos minutos de la firma del ‘Consenso fiscal’ entre el gobierno nacional y las provincias, entre ellas Santa Fe.
La decisión conlleva la invitación para que sean parte del debate a las actuales autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, organizaciones gremiales del sector público y especialistas “para contar con una visión amplia y pormenorizada de la problemática”.
El presidente de la Cámara, Antonio Bonfatti, ahora deberá ponerle fecha a la reunión que tendrá por escenario el hall de la Legislatura.
“Parecería ser que la mentada armonización que plantea el gobierno nacional está orientada a restarles beneficios a los jubilados de nuestra provincia nivelando para abajo con el sistema nacional. Nos parece de suma importancia que comencemos a dar el debate y a movilizar a todos los santafesinos para estar atentos ante cualquier intento de avanzar sobre los derechos jubilatorios que hemos sabido construir en nuestra provincia” acotó Rubeo.
Salud mental
También la Cámara de Diputados apoyó una iniciativa del radical Jorge Henn expresando “la preocupación por el retroceso que significaría la implementación del decreto que establece una nueva reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657”. Sobre el tema también se expuso muy críticamente la justicialista Silvia Simoncini quien fuera ministra de Salud durante la gestión de Jorge Obeid.
La minuta de Henn solicita la intervención del Ejecutivo Provincial ante los organismos nacionales para que se mantenga la reglamentación de la actual Ley Nacional de Salud Mental y no se de lugar el decreto normativo que la modificaría. La iniciativa propone que dicha intervención sea a través del Ministerio de Salud y el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones. “Estamos ante un hecho que presenta dos situaciones alarmantes: en primer lugar, la nueva reglamentación desvirtúa el sentido de la ley aprobada en 2010 y le quita derechos a las personas con padecimiento mental. En segundo lugar, porque el tratamiento por decreto suplanta la discusión propia del Congreso Nacional, que es el ámbito adecuado donde corresponde tratarse estos temas”, dijo Henn.
El decreto que modificaría la ley de Salud Mental, permitiría, entre otras cosas, volver al viejo sistema del manicomio que aísla al paciente, en contradicción con el actual sistema de atención, que intenta abordar la salud mental como ‘un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos’.
Henn sostuvo que “la ley vigente es progresista porque promueve la no discriminación, establece además una forma de abordaje de las adicciones desde otra óptica, donde se las entiende como una afección psicológica, y reconoce a las personas con padecimientos mentales como sujetos de derechos y no como objetos de protección tutelar”.
Simoncini, en tanto, recordó que “Santa Fe sancionó en 1991 la ley provincial de salud mental que entró en plena vigencia con su reglamentación en 2007 y ha desarrollado políticas públicas en total concordancia con la ley nacional sancionada en 2010. Representa un avance en materia de reconocimiento e institucionalización de derechos, ha sido construida sobre el debate y el consenso y no puede ser violentada en sus bases ideológicas por un decreto que atrasa en el tiempo respecto de las convenciones y normas internacionales que han sido mencionadas en estos fundamentos”. Para la ex ministra “la interdisciplina, la intersectorialidad, la participación de los usuarios y el Estado garantizando los derechos, son fundamentales en el abordaje de los problemas de salud mental. No podemos ni debemos retroceder a modelos hegemónicos que se han servido del padecimiento mental respondiendo sus propios intereses”.
Drones
El justicialista Julio Eggimann logró apoyo de la Cámara a una advertencia al Poder Ejecutivo para que verifique y controle la actividad de los prestadores del servicio de drones y aerodeslizadores en espacios aéreos de aeropuertos y aeródromos. “Esa actividad sin la correcta habilitación, el previo conocimiento y autorización de la autoridad aeronáutica no están permitidas y puede configurar una conducta antijurídica” señaló.
Reclamos por una ruta
La Cámara de Diputados solicitó informes sobre el mal estado de la ruta 10, especialmente en el tramo entre Santa Clara de Buena Vista y la autovía de ruta nacional 19 en el dpto Las Colonias.
La minuta votada tiene nueve puntos y fue impulsada por Sergio Más Varela (Cambiemos). El primer punto reclama saber si se encuentran finalizadas las obras de reparación, bacheo, demarcación, restauración de la carpeta asfáltica, construcción de banquinas, sumideros y desagües pluviales, sobre dicha ruta”. Después avanza por conocer qué tipo de trabajos dispuso el Ministerio de Infraestructura y Transporte, en qué estado de ejecución se encuentran y el presupuesto definitivo para dicha obra. Los otros puntos piden conocer el control de calidad de los materiales empleados, obras adicionales previstas y causas técnicas de la degradación de las reparaciones hechas, del desprendimiento de asfalto sobre la calzada y el hundimiento del pavimento.