El pacto fiscal terminaría con la discriminación en subsidios

Redacción de El Litoral

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Idesa

Un cordobés paga $ 15,38 por su boleto de colectivos. En Santa Fe el pasaje vale $ 9,60 y en Capital Federal aún cuesta $ 6,50. En la Argentina equitativa de los ciudadanos empoderados de derechos, algunos iguales lo eran más que otros. Sobre todo, los que vivían cerca de la Casa Rosada.

El subsidio “para todos y todas” también persiste en la cuenta de la luz. Así por ejemplo el Estado nacional gastaba -y gasta- más en subsidiar la factura de energía de un hotel en la Recoleta porteña que de un trabajador en Barranquitas.

“El Consenso Fiscal pone fin al aberrante mecanismo por el cual con esfuerzos de todos los argentinos se financian los servicios públicos de la región metropolitana”. Así lo señala un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino.

El escenario heredado persiste. Ahora el pacto fiscal propone eliminar subsidios “diferenciales” como forma de achicar el enorme agujero fiscal de la Argentina. Idesa calculó que “los subsidios diferenciales en favor de Amba (Área Metropolitana de Buenos Aires) por encima de lo que recibe el interior se estima en aproximadamente unos $ 70 mil millones anuales”.

El informe detalla la gran importancia que tiene para las cuentas fiscales que las provincias desistan de los juicios contra la Nación, en su mayoría por el 15 % de la coparticipación que ya cobran -sentencias mediante- Córdoba, San Luis y Santa Fe.

“La contrapartida es la eliminación gradual de los subsidios diferenciales en favor del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). La consistencia financiera del pacto depende de la magnitud de los compromisos. En este sentido, según el documento del “Consenso” y datos de la Asap, se estima que en el 2018 la Nación cederá $ 45 mil millones, compuestos por $ 40 mil millones para la provincia de Buenos Aires y $ 5 mil millones para el resto de las jurisdicciones.

“En el 2019 -añade- cederá $ 75 mil millones compuestos por $ 63 mil millones para Provincia de Buenos Aires y $ 12 mil millones para el resto de las jurisdicciones”.

Eso significa que “la Nación cede gradualmente una masa importante de recursos a las provincias que se compensa con la reducción gradual de los subsidios para inversiones y gastos corrientes que actualmente la Nación viene asignando a las empresas de servicios públicos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense”.

Esta cara la burocracia

“Además de velar por la correcta implementación del Consenso, es muy relevante aprovechar el clima de madurez política para desactivar el centenar de programas nacionales que se superponen con funciones provinciales y municipales”, señala Idesa en su informe.

Evalúa que “en los ministerios nacionales de Educación, Salud, Desarrollo Social, Obra Pública y Vivienda, Medioambiente, entre otros, se han montado estructuras burocráticas que tienen presupuestado ejecutar en el año 2018 aproximadamente $ 130 mil millones en acciones que se superponen con las provincias”.

“Destinar recursos públicos para que organismos nacionales hagan lo mismo que organismos provinciales y municipales es una de las principales fuentes de derroches. Se multiplica la burocracia, se complejiza la planificación de acciones, se aumentan los riesgos de corrupción, se diluyen las responsabilidades y se generan irresistibles tentaciones a direccionar fondos para doblegar voluntades políticas”.

Lo que falta

Una reforma que ayudaría a avanzar en este sentido sería también el traspaso de las empresas estatales y los entes regulatorios de servicios públicos desde la estructura nacional a la órbita de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, tal como ocurre en el resto de las provincias.