El tamaño del narcomenudeo

Luis Rodrigo

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La Cámara de Senadores santafesina cierra su año con un asunto que tiene entre ceja y ceja desde 2013: desfederalizar la lucha contra el llamado narcomenudeo, la sección “minorista” del comercio ilegal de drogas, que en realidad no es una parte menor del narcotráfico.

Se trata de dejar en manos de la Justicia provincial el tráfico de drogas explícito, agraviante por su grado de impunidad, y que ofrece un costado complejo: por sus magnitudes puede ser confundido -para bien y mal del combate al flagelo; para bien y mal de las libertades civiles- con el consumo.

¿Importan las cantidades? Sí, para que -de aprobarse la ley que impulsan los senadores- las competencias queden claras entre el Estado nacional que debe perseguir el narcotráfico y el provincial que debería encargarse del último eslabón (se dice que la cuestión fue correctamente resuelta por una acordada de la Corte cordobesa, donde ya se desmantelaron 2.600 kioscos de drogas). También importan las magnitudes, porque Santa Fe tiene 137 fiscales en el fuero penal santafesino y porque son 50 los jueces penales provinciales. Hoy, apenas 6 ó 7 fiscales federales están a cargo, en toda la bota, tanto de los cargamentos de drogas, las cocinas y bandas organizadas con contactos internacionales, como del último kiosco, la esquina más marginada, el tipo de la bicicleta, el soldadito o el “perejil” que los vecinos señalan.

Otros números también respaldan esa posición: en 2016, miles de santafesinos concurrieron a manifestaciones (Rosario Sangra fue la más impactante) para reclamar más seguridad. Pero también existen cifras, citadas incluso por quienes creen en la desfederalización de la competencia para combatir estos delitos: nada menos que el 82% de las causas en manos de fiscales provinciales van a parar al archivo, dijo en la última reunión Joaquín Gramajo (PJ-9 de Julio), ferviente partidario de la reforma.

Los senadores que buscan cambiar el escenario parten de la base de que es “anacrónica” la ley vigente, que deja en manos del Estado nacional todo el combate al narcotráfico. Subrayan que es vieja la idea de que las drogas son un problema que viene desde afuera del país, esa cándida -infantil en el peor sentido- visión de que lo malo es externo y que -como con las fronteras- sólo la Nación debe velar por la salud de sus buenos ciudadanos.

Los senadores, como todos, saben que se trata del delito que más ha crecido en intensidad y extensión. Y que otras provincias (Salta, Córdoba, Chaco, Buenos Aires, en ese orden se ponen como ejemplo) han comenzado a hacer su parte.

A los senadores, les queda una semana para tomar una decisión: hacer una ley operativa, detallada, que ordene a cada actor del sistema judicial qué hacer con el narcomenudeo, que los obligue a actuar, sin permitir que se creen unidades especiales (“porque se trata de un delito común, no extraordinario”) para que todos los fiscales y los juzgados penales deban involucrarse o, por el contrario, sancionar la ley más flexible posible, completamente abierta a que una negociación con el Ejecutivo y el propio Poder Judicial logre avances.

En cualquier caso, el Senado podrá sólo hacer la mitad de sendos planes. En Diputados, está la última palabra. Hasta el presente, el tema no pudo pasar: tanto fue rechazada la simple adhesión a la Ley Nacional 26.052 que impulsó hace cuatro años Eduardo Rosconi (PJ-Caseros) como el proyecto más ambicioso que quiere Lisandro Enrico (UCR-General López), y naufragó en 2014.

Aquel año, hubo un senador que votó en contra: Miguel Lifschitz, quien advirtió que “ha fracasado en el Gran Buenos Aires y donde se ha aplicado; nada asegura que las provincias puedan ser más efectivas que la jurisdicción federal”, dijo entonces el actual gobernador. En su discurso a las Cámaras del 1º de mayo de 2016 volvió sobre el tema: reiteró que la competencia corresponde a la Nación, aunque expresó que “desde Santa Fe no estamos ya esperando soluciones, sino que las estamos buscando (...). El tráfico y las organizaciones complejas deben ser combatidas con tanta fuerza e intensidad como el narcomenudeo, que degrada los barrios populares y corrompe a los jóvenes”. Pareció un guiño a sus ex pares, pero su posición no cambió. Tampoco la de buena parte del Poder Judicial santafesino que -salvo algunas voces aisladas- no parece interesado en enfrentar los tentáculos de un pulpo peligroso.