Cristóbal no puede vender

Redacción de El Litoral

[email protected]
Télam

La Afip aseguró que la inhibición general de bienes establecida por la Justicia alcanza a los bienes de Cristóbal López y Fabián de Souza y a una parte de las 70 empresas que integran el Grupo Indalo, por lo que los restantes activos y compañías pueden ser utilizados para el pago de los salarios de los trabajadores.

El organismo, a través de un comunicado, salió así al cruce de las palabras expresadas por López, quien a través de un escrito le pidió al juez Julián Ercolini, que levante el embargo que pesa en su contra en la causa por defraudación al Estado por unos $ 10.000 millones, y se permita la venta de activos a la sociedad OP Investments para, entre otras cosas, “preservar las fuentes de trabajo”.

La Administración Federal de Ingresos Públicos explicó que la inhibición de bienes “corresponde únicamente a los bienes registrables. Esto es: inmuebles, rodados, acciones, etc. y tiene por finalidad evitar su venta u otro tipo de transferencia a terceros sin autorización judicial”.

El organismo que conduce Alberto Abad recordó que “en anteriores oportunidades el juzgado, los veedores, el fiscal y esta Afip ya prestaron conformidad” a ventas de otros bienes. De Souza y López “pueden seguir gestionando normalmente el giro de sus negocios, es decir, el pago de salarios y cargas sociales, entre otros rubros” y destacó que “a pesar de no haberse autorizado aún la venta de las acciones, el gerenciamiento de las empresas está en manos de terceros administradores” -en referencia a directivos de OP Investments- tal como fuera informado al juzgado interviniente”.

La Afip destacó que “las restantes empresas y activos” del Grupo Indalo no sujetos a inhibición son de absoluta disponibilidad de sus dueños y pueden ser afectados al pago de compromisos de distinto tipo que éstos mantengan como resultado de su actividad empresarial en conjunto.

La causa contra López y De Souza se inició en febrero de 2016, dos meses después de la asunción del presidente Mauricio Macri, cuando la Afip descubrió que los titulares del Grupo Indalo retuvieron de manera indebida fondos por $ 7.600 millones en concepto del pago del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), a través de Oil Combustibles, durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

>>> $ 7.600 millones en impuestos se “guardó” en su bolsillo el empresario durante el gobierno de Cristina. El Código Penal acecha a Cristóbal López.

A esta abultada deuda, como mínimo unos U$S 760 millones a la cotización del dólar a fines de 2015, se le fueron sumando intereses punitorios y nuevas deudas, muchas de ellas previsionales, para llegar a los $ 10.000 millones que le exige el ente que dirige Alberto Abad. Además de Oil Combustibles, el Grupo Indalo es dueño de los canales de noticias C5N y CN23, el diario Ámbito Financiero, además de empresas de construcción y casinos en el país y en el exterior.

Megabanda de facturas truchas

La Justicia detuvo a nueve personas, entre ellas dos que serían los principales responsables de una banda que confeccionaba facturas apócrifas que fueron utilizadas por casi 3.500 contribuyentes, por un monto en torno a los $ 4.000 millones.

Este es el resultado de un operativo en el que se concretaron 45 allanamientos en el barrio porteño de Puerto Madero y en distintos puntos del conurbano bonaerense, en los que se secuestraron 32 automóviles utilizados por la organización, cheques, poderes para actuar y documentación probatoria.

“Esta asociación ilícita captaba personas de bajos recursos y las inscribía como contribuyentes utilizando sus datos para generar comprobantes apócrifos de facturación”, señaló la Afip a través de un comunicado de prensa.

A partir de allí, se ofrecía el servicio a distintos contribuyentes del barrio de Puerto Madero, principal radio de influencia de la organización, cobrando un porcentaje del monto de la facturación, cuyos pagos eran simulados por cheques que luego se cambiaban en una financiera del microcentro porteño.

Los allanamientos, llevados adelante por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, se realizaron en Puerto Madero y el Gran Buenos Aires en domicilios de los titulares de este grupo que habría llevado a cabo la operatoria en todo el país.