Después de cuatro meses, el Ejecutivo volvió a remitir pliegos para la justicia

Mario Cáffaro
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Cinco pliegos para juzgados vacantes de primera instancia en lo Civil y Comercial de Santa Fe y diez para jueces penales de primera instancia conforman una batería de 24 pliegos remitidos esta semana por el Poder Ejecutivo a Legislatura y que -en caso de su habilitación para Extraordinarias- serán votados antes de Navidad.

Los pliegos fueron abiertos ayer por la Comisión Bicameral de Acuerdos que, en principio, fijó para mayo la Asamblea Legislativa para su tratamiento. No obstante, la intención del Poder Ejecutivo es incluirlos para el período de Extraordinarias que sería convocado entre viernes y lunes por el gobernador Miguel Lifschitz.

Pasaron cuatro meses de la última remisión de pliegos para la justicia por parte de la Casa Gris. El proceso electoral, algunos cortocircuitos con el Ministerio Público de la Acusación y demoras en la definición de concursos en el Consejo de la Magistratura provocaron ese ‘bache’ que ahora pretende saldarse con este paquete con candidatos para Santa Fe, Rosario, Arroyo Seco, Vera, San Lorenzo, Villa Constitución, Cañada de Gómez, Villa Ocampo y Reconquista.

Los candidatos

Entre los pliegos están los nombres para cubrir las cinco vacantes en los juzgados civiles y comerciales de primera instancia de esta capital. Se trata de Ana Rosa Alejandra Alvarez (hoy subroga el de undécima nominación), Iván Gustavo Di Chiaza, José Ignacio Lizasoain, María Romina Kilgelmann y Marcelo Germán Gelcich.

En tanto, los hombres propuestos como jueces penales de primera instancia para Rosario son los de Román Pablo Lanzón, Eleonora Verón, Facundo Rodrigo Becerra, Mariano Manuel Ramón Aliau, Silvia Laura Castelli, María Trinidad Chiabrera, María Melina Carrara, Pablo Sebastián Pinto, Rafael Hernán Coria y Paula Alvarez.

También para Rosario, se propone a Valeria Haurigot como fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Para Arroyo Seco, se propone la designación como titular del jueza de Circuito de Mariana Alvarado, hoy subrogante en ese cargo. En el caso de Vera, se pide validar el paso del viejo al nuevo sistema como defensor público de Luis César Pérez.

Los otros nombres para la justicia penal son los de Carlos Andrés Gazza para San Lorenzo; Marisol Usandizaga para Villa Constitución y Alvaro Campos para Cañada de Gómez.

Finalmente, el Ejecutivo propone a Miguel Esteban Juárez como juez de Circuito en Villa Ocampo y de María Cecilia Belfiori en Reconquista.

Reformas al Código Procesal Laboral

En tanto, el Poder Ejecutivo envió por Diputados el proyecto de modificaciones al Código Procesal Laboral de la provincia que presentara días atrás el gobernador Miguel Lifschitz en Rosario en compañía de funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales. El tema será girado a comisiones y su tratamiento se realizaría el año próximo.

El ministro de Trabajo, Julio Genesini, señaló a El Litoral que la reforma “apunta a agilizar la resolución de los juicios una vez iniciados”. La propuesta oficial apunta a fortalecer las instancias de conciliación dentro de proceso como forma de alcanzar una justa composición de litigio por vía de acuerdo entre las partes. Esta tarea estaría a cargo de las respectivas Oficinas de Conciliación Laboral y ordenamiento de proceso que compondrán jueces conciliadores y funcionarios conciliadores laborales. En caso de ausencia de acuerdo, las partes definirán los puntos sujetos a debate y prueba con precisión. Entonces, la instancia pasa a la intervención del juez laboral que luego de recibida la prueba con celeridad hace un breve alegato oral por las partes y luego estaría en condiciones de dictar sentencia. “Se apunta a que los juicios se resuelvan con mayor rapidez” acotó Genesini.

En el mensaje, el Ejecutivo admite que el fuero laboral se encuentra en situación crítica y por ello pretende reforzar el instituto de la mediación.

Homenaje del Senado a monseñor Arancedo

La Cámara de Senadores informó que realizará tres reconocimientos a distintas instituciones y personalidades: a monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, de la misma manera lo hará con el Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas (IACS) y con el Obispado de Reconquista por cumplirse 30 y 50 años respectivamente de su creación.

El Senado reconocerá en el recinto de la Cámara Alta este jueves a las 11:30, al arzobispo por su tarea pastoral y su incansable trabajo en pos de fortalecer el diálogo y la búsqueda del bien común, subraya un parte de prensa de la Cámara alta.

Además, se hará un reconocimiento al Instituto Arquidiocesano de Ciencias Sagradas, por haberse cumplido 30 años de su creación, en el año 1987 en el Colegio Nuestra Señora del Huerto. Cabe destacar que desde 2014 el instituto funciona en el Colegio San José de Varones. También tiene sedes en las localidades de Gobernador Crespo (San Justo) y San Jorge (San Martín).

De la misma manera, será reconocido el Obispado de Reconquista por cumplirse 50 años de su creación. Abarca numerosas comunidades de los departamentos de General Obligado, Vera y San Javier.

Presupuesto y después

Esta noche termina el período Ordinario de la Legislatura y en la tarde sesionarán ambas cámaras con numerosos temas en carpeta y muchas negociaciones para cruzar proyectos. En Diputados se destaca el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos para 2018. Ambas cámaras tienen coincidentemente 19 proyectos reservados con preferencias que esperan dictamen en la jornada.

Pero además están avanzadas las negociaciones de cruces de proyectos. “No será nada que afecte lo hacendal o temas que no se vengan conversando desde hace varias semanas” aseguró el diputado socialista Rubén Galassi. “Estamos más avanzados que en años anteriores en la negociación” admitió el senador radical Felipe Michlig.

El Senado, tiene entre otros proyectos, la desfederalización del microtráfico de drogas y podría sancionar la ley de Aguas. En Diputados, tiene preferencia el proyecto para prohibir la fabricación y uso de pirotecnia y otro que apunta a regular los servicios públicos.