Condenaron a proxeneta de barrio San Lorenzo

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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a once años de prisión a Raúl Claudio Rodríguez, alias “Gringo”, acusado de haberse llevado por la fuerza a una joven menor de edad a la ciudad de Rafaela y luego a Villa María -Córdoba- donde la sometió a situación de prostitución entre 2003 y 2007. El mismo accionar se repitió con otra víctima, la cual fue llevada mediante engaño, violencia, amenazas y abuso de una situación de vulnerabilidad, entre los años 2006/2007 y 2015.

La sentencia difundida el 30 de noviembre por el Centro de Información Judicial (CIJ) y comentada en los últimos días por el portal oficial www.fiscales.gob.ar determinó que Rodríguez fue condenado en carácter de “autor de los delitos de sustracción, retención u ocultamiento de una persona con fin de obligar a la víctima a hacer algo contra su voluntad, agravado porque el autor logró su propósito y porque la víctima era menor de dieciocho años; promoción de la prostitución de menores agravado por haber mediado violencia y amenazas y trata de personas agravada por haber mediado engaño, violencia, amenazas y abuso de la situación de vulnerabilidad, por la consumación de la finalidad de explotación y porque la víctima estaba embarazada”.

De esta manera, los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Homero Lauría hicieron lugar a las calificaciones legales propiciadas por la fiscal auxiliar Natalia Palacin, a excepción de considerar que sólo una de las víctimas era menor de edad. En tal sentido, la Fiscalía había sostenido la minoridad de ambas víctimas y solicitado la pena de quince años de prisión y la unificación con una condena anterior, dado que el imputado desde 2008 cumple una pena efectiva por un hecho de homicidio que tramitó en la justicia provincial.

Por un crimen

La referencia a esa condena anterior tiene su base en un hecho ocurrido en barrio San Lorenzo de la capital provincial, la tarde del 8 de noviembre de 2008 (hace casi 9 años), cuando en las adyacencias de las calles Amenábar y Arenales se produjo la muerte de Maximiliano Acosta, un muchacho de 20 años. La Justicia determinó luego que Rodríguez manejaba una camioneta Land Rover blanca cuando se enfrentó con el muchacho, al que ejecutó de un escopetazo en el pecho, el cuello y la cara.

El día del crimen la Justicia ordenó allanar la casa y otros domicilios vinculados a Rodríguez donde se secuestró la camioneta Land Rover blanca, que estaba estacionada y cerrada con llave. En ese entonces, en el barrio los vecinos lo nombran como miembro de una banda dedicada al delito denominada los Jim West. El clan delictivo de la zona inspirado en una vieja serie televisiva estadounidense en la que sus actores estelares hacen alarde de pistoleros y bandidos.

Desde la cárcel

Ya en el ámbito de la Justicia Federal, a lo largo del debate que se realizó a puertas cerradas, la acusación logró acreditar que en 2003, Rodríguez y otro hombre cuya identidad se desconoce, tomaron por la fuerza a la primera víctima, que al momento del hecho tenía quince años, y la subieron al interior de un automóvil con vidrios polarizados, mientras ella salía junto a sus amigas de una clase de educación física, en el barrio Santa Rosa de Lima, de la capital santafesina. Lo mismo sucedió con el segundo caso, ocurrido entre 2006 y 2007.

En el 2008, el acusado recibió una condena a once años de prisión por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Sin embargo, continuó explotando sexualmente a la segunda víctima, que relató que debía visitarlo a Rodríguez al menos una vez por mes a la cárcel, para informarle sobre el dinero que había recaudado. Esta circunstancia se encuentra probada, ya que el nombre de la mujer aparece en el listado de las personas que estaban autorizadas a visitarlo durante su detención en la Unidad II Las Flores.

También se pudo constatar que Rodríguez explotaba a la víctima desde su lugar de detención, utilizando un teléfono celular. Esta escena se extendió hasta al menos abril de 2015; sin perjuicio de que la joven había logrado huir el 29 de diciembre de 2013 de la vivienda en la que se encontraba en Santa Fe, donde residía la pareja de Rodríguez junto a los hijos de ambos.

Pena unificada

En su alegato, la auxiliar fiscal Natalia Palacín remarcó que el imputado “eligió ganar dinero fácil, valiéndose de adolescentes para explotarlas sexualmente, extendiendo su accionar inclusive a la vivienda que compartía con sus hijos también menores de edad”. La representante del Ministerio Público Fiscal también resaltó el miedo que Rodríguez le infundía a sus víctimas y las constantes persecuciones que realizaba sobre ellas, aun estando detenido.

Finalmente el TOF sentenció a Rodríguez a la pena de once años de prisión, más la unificación con la condena anterior por homicidio, fijando una pena única de dieciocho años de prisión e inhabilitación absoluta por igual tiempo.