Niñez: propuestas, preguntas y un pedido de más presupuesto

El Litoral
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La creación de la figura del Abogado del Niño, consultas sobre la cantidad de medidas excepcionales dictadas en el marco del artículo 51 de la ley 12.967, y detalles sobre el funcionamiento del Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) y del programa Familias Solidarias, conforman un paquete de iniciativas impulsadas por las diputadas provinciales del justicialismo Patricia Chialvo y Silvia Simoncini. Ambas pidieron, además, que se triplique el presupuesto asignado a Desarrollo Social destinado a programas cuyo objetivo es “mitigar y mejorar la actual situación de los sectores más necesitados y vulnerables de la población santafesina”.

“A lo largo de años de trabajar y capacitarse en las problemáticas de niñez -más allá de sostener una mirada crítica sobre el desempeño de la subsecretaría de Niñez de la provincia- es necesario generar aportes y propuestas para atender la situación actual donde el Estado, en muchos casos demora o no llega a dar respuestas”, expusieron las legisladoras en la presentación de los proyectos. Estos conforman un conjunto de medidas orientadas a “dar respuestas a una situación que consideramos sensible y que requiere de especial atención por parte de todos los poderes del Estado”. En este sentido, recordaron que durante el año ingresaron un ambicioso proyecto para conformar Unidades de Asistencia al Maltrato Infantil (UAMI) para actuar en situaciones donde se sospecha que puede existir vulneración de derechos.

Nueva figura

Mientras tanto, impulsan la conformación de un Registro Provincial de Abogado del Niño, la Niña y el Adolescente, cuyo rol será representar legalmente los intereses personales e individuales de esta población ante cualquier procedimiento civil, familiar o administrativo que los afecte. Tendría como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, pero el registro funcionaría dentro de la órbita del Colegio de Abogados de la Provincia de Santa Fe, donde la asistencia jurídica y defensa técnica ofrecida sería ordenada a partir de criterios interdisciplinarios de intervención, primando siempre el interés superior del niño y teniendo en cuenta lo que fije la reglamentación de la ley.

La propuesta se enmarca en la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica, la Ley Nacional N° 26.061 y el art. 25 de la Ley Provincial N° 12.967. Además, se suma que otras provincias, como Corrientes, Santa Cruz y Buenos Aires, ya incorporaron esta figura.

Ruaga

Por otra parte, las diputadas del justicialismo plantearon una serie de interrogantes sobre el funcionamiento del Ruaga, las medidas de excepción y el programa Familias Solidarias.

En ese sentido, piden información sobre la cantidad de medidas de protección excepcional vigentes, cantidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran actualmente comprendidos en el Programa Familias Solidarias, número de aspirantes inscriptos en el registro, formas de control y monitoreo de los antecedentes manifestados por dichos aspirantes, y criterios utilizados en la evaluación y asistencia profesional a esa población.

Una red

Otro de los proyectos impulsados es la Red Pública Provincial de Residencias para Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo Social, en el marco del Sistema Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, conformado según el artículo 29, Título III, de la Ley Provincial N°12.967.

“Esta población será considerada en riesgo social cuando sus derechos o garantías se encuentren amenazados o abolidos por acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, sus padres, el grupo familiar, representantes legales o responsables o de la propia conducta de esta población”. El objetivo de la red será garantizar el funcionamiento del conjunto de estructuras proyectos, planes y programas coordinados entre si ante la necesidad de aplicar una medida de protección integral o de protección excepcional.

En los fundamentos, exponen que los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Provincial N°12.967 definen cuándo y cómo deben intervenir las políticas públicas ante situaciones de riesgo extremo de niñas, niños y adolescentes mediante las medidas de protección y protección excepcional. Medidas que requieren la intervención de los equipos interdisciplinarios, estructura edilicia y recursos para el abordaje de esta situación.

“Estos dispositivos exigidos por la ley vigente son hoy insuficientes, inexistentes o inadecuados”, exponen en sus fundamentos las legisladoras.

Presupuesto

Un planteo recurrente de las integrantes de la cámara baja provincial es el presupuesto destinado al área de Desarrollo Social. En este sentido piden que se triplique el crédito de las partidas previstas para la atención de los programas sociales con el fin de contar con las herramientas que permitan “mitigar y mejorar la actual situación social de los sectores más necesitados y vulnerables de la población santafesina”.

“Entendemos que esta distribución del presupuesto no responde a las necesidades actuales de la sociedad santafesina e impide al Estado provincial centrar su mirada en las cuestiones sociales más apremiantes”, advierten en el pedido.

En baja

De acuerdo a los datos aportados por las diputadas Patricia Chialvo y Silvia Simoncini, el presupuesto destinado al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social se vio reducido en los últimos años: en 2015 se afectó para esta área el 1,55% del total; en 2016, la cifra disminuyó al 1,53% y en 2017 representó sólo el 1,46%.