“Una mujer mostrando sus partes íntimas, frente al personal penitenciario, a la vista de todos. Es la situación que tiene que pasar un familiar luego de una visita a quien está recluído”. Por medio de esta descripción, la Defensora Provincial Jaquelina Balangione graficó la problemática abordada en el Salón de Actos de la Corte Suprema, junto a un grupo de especialistas.
Con esa frase rotunda intentó dar cuenta de que el tiempo en prisión tiene un aspecto espeso, tanto para quienes en ella se encuentran como así su círculo cercano. Pero aunque suene crudo, es una de las cosas que más inquieta a quienes viven en contexto de encierro.
Desde el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, la Subsecretaría de Políticas de Género de la Provincia de Santa Fe y la Mesa interinstitucional de Mujeres en Situación de Encierro, la cuestión fue abordada en el panel “Mujeres en Situación de Encierro: Acciones Interinstitucionales”. En la apertura, a cargo de Balangione, se hizo referencia a la “extrema vulnerabilidad a la que están sometidas las reclusas, teniendo en cuenta el grado previo de vulnerabilidad que ya significa estar preso”.
“¿Cómo se trabajan espacios para pensar políticas públicas?”, desde este interrogante se ubicó el trabajo del joven equipo interinstitucional que converge planteos con perspectiva de género con mujeres juzgadas por la ley. El salón de actos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia fue la sede elegida para exponer los avances. “Para quienes no estén familiarizados con estas situaciones”, según explicó Balangione es que se se proyectaron imágenes con la intención de sensibilizar y empatizar a los presentes con las voces del encierro de mujeres y jóvenes encarcelados en la provincia.
Un protocolo similar al que se utiliza en el caso de femicidio es el que se tomó para actuar en el denominado “caso Luna”. El nombre ficticio para proteger a la víctima -por pedido personal- tomó repercusión el último año debido a una campaña llevada adelante desde todos los organismos que intervinieron en su defensa, explicó Ludmila Rafalovich del equipo de Atención en Violencia, dependiente de la Subsecretaría de Políticas de Género. “Las redes nos sirvieron en defensa del caso y en favor de visibilizar las situaciones de violencia de género presentes en el caso, tanto domésticas como institucionales”, argumentó.
“Luna, realizó dos denuncias que no derivaron en nada y por medio de distintos testimonios pudimos recolectar que había sufrido violencia física, económica y sexual”, desarrolló Rafalovich. Este transitar de la defensa en base al protocolo llevó al acompañamiento judicial en lo que se entiende -aún está en curso- fue la figura de Legítima Defensa en contexto de violencia de género.
“El protocolo indica que se deben realizar entrevistas en profundidad con distintos actores del lugar para mayor conocimiento de distintas dimensiones que en muchos casos se naturalizan y, por lo tanto, invisibilizan”, mencionó la encargada del equipo.
El juez penal Nicolás Falkenberg abordó el tema de la legítima defensa en casos de violencia de genero. “Se habla de situaciones estructurales de violencia por contextos históricos y socioculturales que posibilitan las condiciones de vulnerabilidad”, detalló Falkenberg, y explicó que “es muy común que desde el Poder Judicial se intente buscar lesiones en la víctima cuando hay protocolos internacionales que indican que existen otras alternativas”.
Respecto a ello, consideró que el camino en el que debe ahondarse es el de la capacitación en base a convenciones internacionales como las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (o, por sus siglas en inglés, OP-CEDAW). “Las convenciones actuales indican que las investigaciones deben investigarse, desde el inicio del caso, bajo la carátula del femicidio y esto no se hace”, concluyó Falkenberg.
8.000 Varones: presos en la provincia, según lo expresado desde la Defensoría Pública.
170 Mujeres: presas en la provincia, en su mayoría por narcomenudeo y prostitución.
“La trampa del patriarcado”
A trazo grueso, entre las aproximadamente 50 personas asistentes al panel, menos de 10 eran varones. Una muestra aplicable en general a todos los encuentros que refieren a temáticas de género. Lo cual resulta significativo, por cuanto estos enfoques apuntan, precisamente, a proponer vías alternativas a la construcciones tradicionales que se tienen sobre los vínculos humanos, lo femenino y lo masculino.
Una cuestión que se recalca en estos espacios es la necesaria transformación de las relaciones sociales en términos socioeconómicos, a través del análisis de la posición desigual de mujeres en relación con la distribución de los bienes económicos y las oportunidades de trabajo.
Respecto a ello, la subsecretaria de Políticas de Género, Gabriela Sosa, explicó: “Las mujeres no solamente ven negados sus derechos personales (posiciones de poder y sobre su propio cuerpo) sino que se vuelven en mayor peso cuando se encuentran en situaciones que derivan en cometer un delito, ya que aumenta la vulnerabilidad a la hora de reinsertarse en la sociedad. En base a este segundo nivel de intervención es que pensamos las políticas desde esta mesa”.
Con relación a la reestructuración que corresponde a la infraestructura del sistema carcelario es evidente que es una de las mayores fallas y una deuda pendiente que se tiene desde el Estado. Esto se vuelve aún más grave cuando se piensa en un penal de mujeres. “A nadie le gustaría pasar un rato en prisión, sin espacios de recreación, instrucción continua, higiene personal y, además, de cuidado infantil”, apuntó Sosa.
Uno de los principales problemas a la hora de llevar a cabo políticas públicas es la falta de datos estadísticos, o la dispersión que hay con respecto a esta información. En este sentido, el trabajo realizado desde el equipo se presenta de mucha importancia debido al sustento en la instrucción y capacitación teniendo en cuenta la situación personal, contextual y laboral de las mujeres en situación de encierro.
“En la provincia hay 170 mujeres en prisión y son quienes mayormente sufren la ruptura de sus lazos familiares por los mecanismos institucionales de violencia de género”, Jaquelina Balangione, Defensora Pública provincial.