Por Néstor Vittori
Por Néstor Vittori
Tato Young, reconocido periodista y conductor mediático, este martes se preguntó si la violencia que vimos el lunes era el fin de un proceso o el comienzo de otro.
Sin duda después de lo ocurrido todo lo que vendrá va a ser distinto, porque como hecho social incorpora al inventario de la memoria colectiva su realidad, y naturalmente genera evaluaciones, acciones y prevenciones como elemento a tener en cuenta en el futuro.
En primer lugar, cabe señalar el abandono desembozado, por parte del kirchnerismo y de los sectores de izquierda, de la profesión de fe democrática republicana, tratando de impedir por la violencia el funcionamiento de las instituciones, en este caso el Poder Legislativo en el tratamiento de las leyes.
Perdidosos en la elección de octubre, paradójicamente cambiaron la opción democrática -por la que lucharon y murieron no pocos de sus antecesores- por la opción violenta para impedir que la Cámara de Diputados sesione y trate las leyes propuestas por el Poder Ejecutivo con el fin de darle validez legislativa a acuerdos alcanzados con los gobiernos provinciales, en función de un equilibrio presupuestario indispensable para el futuro de la república.
Sin duda, retroceder el dispendio populista es antipático y doloroso para quienes les toca perder una porción de sus ingresos, pero no es menos cierto que esa realidad puede darse por la razón o por el espanto, y que este siempre es mucho más costoso.
Pero mucho más allá de la incomodidad de todos los protagonistas y de buena parte de la sociedad, lo que sucedió el lunes no fue una defensa de los jubilados sino la coartada para un directo y fortísimo ataque al poder establecido por la democracia, planificado y realizado a través del uso de la violencia, como hemos podido observar claramente en todas las pantallas de televisión del país.
Tan planificado fue, que hasta previeron el reclamo de una medida cautelar autosatisfactiva ante una jueza incompetente, pero de Justicia Legítima, que maniató a la policía de la ciudad con la prohibición de la portación de armas de fuego y la utilización de gases lacrimógenos para contener la prevista agresión de los manifestantes. Por supuesto, el autor de la petición fue Mariano Recalde, diputado nacional y dirigente de la Cámpora.
Los muchachos querían ir sobre seguro con el objetivo de tomar el Congreso, impedir la sesión, afectar seriamente la gobernabilidad y debilitar de esta manera la autoridad del presidente Macri, con vistas a su posterior derrocamiento y a partir de allí su retorno al poder.
Afortunadamente, la cosa les salió mal, porque la policía de la ciudad, auxiliada por la Policía Federal en los momentos de posible desborde, los contuvo y dispersó con el mayor profesionalismo, sin que hubiera que lamentar -lo que desde hace tiempo vienen buscando- algún muerto, para así poder acusar al gobierno de autoritarismo y represión.
De cualquier manera, hay que admitir que lo que se vio el lunes, en términos de una turba impune, atacando a una policía maniatada, no ocurre en ningún lugar del mundo, porque el Estado, por consenso y mandato social, tiene el monopolio de la fuerza y no puede consentir semejantes desbordes, que en la medida de sentirse impunes, cada vez van a ser más graves.
Lamentablemente, en la concepción misma del poder, la violencia se contiene con la fuerza, y el poder disuasivo del ejercicio de esa fuerza tiene que estar presente frente a la posibilidad de cualquier acto de violencia sea ésta planificada o no.
Fuerzas de seguridad maniatadas son una invitación a que ocurra lo que ocurrió el lunes, y antes el jueves.
Hay que desatarles las manos a la policía, a la Gendarmería, a la Prefectura, para que actúen en resguardo de la seguridad interna conforme su capacitación profesional y los protocolos previstos para su accionar y en todos los casos auditar sus comportamientos y sancionar a los responsables en caso de que se registrasen desbordes en el ejercicio de la autoridad.
El Estado argentino no puede permitir que fuerzas de seguridad y jueces tengan que pedir permiso a los investigados y cacheados de armas para poder llevar adelante las investigaciones, que por mandato legal son su responsabilidad como así también tener que afrontar casi indefensos a turbas de facinerosos que los agreden con todos los elementos a su alcance.
Hay que admitir que lo que se vio el lunes, en términos de una turba impune, atacando a una policía maniatada, no ocurre en ningún lugar del mundo.