Recortes e inspecciones es la respuesta oficial a los sindicatos

Redacción de El Litoral

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Télam

El gremialismo acusa a Jorge Triaca por designar gente en la intervención del Somu. Pero la Casa Rosada tiene 8 gremios intervenidos y va por más: pondrá la lupa sobre bienes, cuentas bancarias y padrones de afiliados. Y como si fuera poco analiza recortes de las cuentas oficiales a las obras sociales que manejan los gremialistas.

Mientras Mauricio Macri partió a Rusia, el gobierno analiza en Buenos Aires quitar a los sindicatos el Subsidio de Mitigación de Asimetrías que forma parte de la financiación de las obras sociales mediante la distribución automática de fondos.

Según anticipa Ignacio Ortelli en Clarín, el recorte se produciría en medio de las tensiones entre la Casa Rosada y el gremialismo. El Suma contempla el giro automático de fondos desde el Estado nacional a las obras sociales por unos 950 millones de pesos, que surgen del 5% de lo recaudado en concepto de Aportes y Contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución.

La distribución de los fondos se realiza en proporción al tamaño del gremio: el 20% se divide en partes iguales entre las obras sociales con más de 5.000 afiliados, y el 80 % va en forma proporcional al número de afiliados. El gobierno buscaría alternativas para asistir a las obras sociales más pequeñas, aunque pondría como condición que éstas se fusión.

La idea está en línea con el postulado que dejara Mauricio Macri tiempo atrás: “No puede ser que haya más de tres mil sindicatos”, dijo el presidente en el CCK. El paso está bajo supervisión del vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui, el ministro de Salud Adolfo Rubinstein y el superintendente de Servicios de Salud Sandro Taricco.

Pero al mismo tiempo -mientras Triaca “goza” sus vacaciones por el “caso Sandra”- el viceministro de Trabajo, Horacio Pitrau, reunió un cuerpo de contadores y abogados que inspeccionarán 50 sindicatos para revisar sus libros contables.

Según publicó Perfil días atrás, en los próximos días comenzarán las auditorías sorpresa a los gremios para estudiar no sólo los libros contables sino también las propiedades. Karina Palacios, directora Nacional de Asociaciones Sindicales, tiene una lista de 25 sindicatos a los que se les requerirá además los movimientos de sus cuentas bancarias y los padrones de afiliados.

De esta manera la Casa Rosada avanza tras el asado de Luis Barrionuevo, Hugo Moyano, Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña, Sergio Palazzo (bancarios) de corte kirchnerista y Julio Piumato (judiciales).

Fueron los autores de “Quien quiera oír que oiga”, el documento en el que exigieron paritarias libres y sin topes; pidieron la “derogación” de la reforma previsional”, y afirmaron que a través de “denuncias mediáticas, judiciales y tributarias” se busca “la deslegitimación de las organizaciones sindicales”.

“Hay un ataque sobre la estructura sindical. Analizamos medidas frente a cada ofensiva que está recibiendo el campo sindical”, dijo tras ese encuentro Juan Carlos Schmid, uno de los conductores de la CGT.

>>> Un camionero en apuros

La Unidad de Información Financiera (UIF) tiene en sus manos un informe con varias propiedades que habrían sido adquiridas con desvíos de fondos de Camioneros a favor de empresas dirigidas por la esposa de Hugo Moyano. La misma UIF impulsó una denuncia contra la familia Moyano por supuesta evasión impositiva y presunto lavado de dinero por unos $ 4.000 millones.

La diputada Graciela Ocaña y Elisa Carrió denunciaron en su momento el traspaso de uso de fondos del sindicato de Camioneros, de la mutual y de la obra social para financiar incluso al club Independiente.

Ocaña ampliaría su denuncia ante el juez Claudio Bonadio luego de la feria judicial. La legisladora denunció en 2009 la constitución de sociedades en el entorno de la familia de Hugo Moyano (empresas a nombre de los hijos de su esposa) que facturaron exclusivamente a Camioneros y su obra social, por lo que reclamó que se investigue el “vaciamiento” por unos $ 200 millones.

Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet (hijastros de Moyano) ingresaron al blanqueo de capitales con ocho millones y medio de pesos cada uno según lo que ha trascendido del informe de la UIF.

Por otra parte la diputada tiene en carpeta un proyecto de ley para que los titulares de los sindicatos y de obras sociales presenten declaraciones juradas y balances públicos.