Mario Cáffaro
Más allá de los encuentros de Lifschitz con Bullrich y Aranguren, la relación con el gobierno nacional sigue agrietándose. Posturas encontradas en varios temas y distancia con medidas de Macri.
Mario Cáffaro
Si bien durante enero hubo dos encuentros del gobernador Miguel Lifschitz y colaboradores, con dos ministros del gobierno nacional donde hubo algunas coincidencias y la voluntad de seguir trabajando juntos, la distancia entre Santa Fe y el gobierno nacional parece ahondarse ante cada decisión que anuncia la gestión de Mauricio Macri.
Días atrás, Lifschitz y Maximiliano Pullaro mantuvieron una reunión evaluativa con la ministra de Seguridad de Nación, Patricia Bullrich. Fue sobre la marcha de la tarea conjunta que realizan fuerzas federales y provinciales y que ha permitido mejorar los indicadores en la provincia. El compromiso de seguir adelante tras la foto de rigor no es menor, después de las marcadas desavenencias que tuvo la provincia durante la etapa kirchnerista y que en algún momento merecerá un análisis muy profundo acerca de cómo esa grieta permitió la propagación de bandas criminales, especialmente en Rosario.
El otro encuentro de Lifschitz fue con Juan José Aranguren, el ministro de Energía y Minería para plantearle la delicada situación de las plantas de biodiésel instaladas en el gran Rosario por cierres de mercados externos. La ministra de la Producción, Alicia Ciciliani, destacó la importancia de constituir una mesa de trabajo para esa cadena de valor. Alternativas hay muchas para un sector que aportó fuertes inversiones en territorio santafesino. Son las luces.
Las sombras aparecen constantemente y bajo diferentes temas. Hubo controversias sobre la rehabilitación del aeropuerto de Sauce Viejo; sobre la ruta 11, donde el propio gobernador sentó en la mesa a trabajadores del peaje, intendentes y legisladores; se estira la negociación por el rojo previsional santafesino que debe compensar Anses; en el Ministerio de Finanzas no se termina de cerrar la aprobación al empréstito santafesino con el fondo de Abu Dhabi para la continuidad del acueducto desde la toma de Desvío Arijón hasta Rafaela y encima con muchas dudas sobre si la Legislatura convalidará el Consenso Fiscal. “Hay tiempo hasta junio” deslizan diputados socialistas, tomando distancia de la firma que hizo Lifschitz del acuerdo junto a la mayoría de sus pares y el presidente Macri.
Pero además, Lifschitz se ocupó de marcar diferencias con la decisión del gobierno nacional de prohibir las designaciones de parientes directos o de podar cargos políticos, calificándolas de “cosméticas”. En este aspecto, entra a tallar en la discusión un trabajo del bloque de diputados provinciales del justicialismo donde se destaca cómo se fue ampliando la planta política durante los gobiernos del Frente Progresista. La lectura de las sucesivas leyes de Presupuesto y de las respectivas Cuentas de Inversión marcan que cuando Jorge Obeid se retiró de la gobernación lo hizo con 399 cargos políticos. Cuatro años después, Hermes Binner se fue con 682; Antonio Bonfatti lo dejó con 965 y en los dos primeros años de Lifschitz ya son 1.053, pese al compromiso que hizo antes de asumir de reducirla en un 30%.
En el Ministerio de Economía destacan que todos los indicadores demuestran que Santa Fe es una de las provincias con menos empleados públicos en términos comparativos con su población y su presupuesto.
Volviendo al final de los 24 años de gobiernos de signo justicialista, la planta era -según el presupuesto- de 111.108 agentes y llegó a 152.488 en 2017. La suba está marcada por una mayor demanda de servicios, especialmente en salud, educación, seguridad y justicia, pero también en creación de organismos cuya eficacia se cuestiona desde la política. Sobre esa cifra impacta la paritaria que con sus diferentes mesas se largará en estos días y marcará la agenda de febrero, aunque Lifschitz también se desmarcó de la Nación y no descartó tener una cláusula gatillo como en 2017.