Autopista: fin para una concesión sin "culpas ni cargos" para nadie

Ivana Fux
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Mediante el decreto Nro. 90 del pasado 1° de febrero, el gobernador Miguel Lifschitz ratificó la rescisión consensuada del contrato que vinculaba a la provincia con la empresa ARSSA como concesionaria de la autopista Santa Fe-Rosario. En el mismo acto dio por concluido el proceso de revisión del respectivo convenio de extinción. “Déjese establecido que la extinción de común acuerdo es sin culpas para las partes”, sostiene el primer artículo, y acota que “no existen derechos pendientes para ninguna de las partes sobre las cuestiones involucradas en la relación contractual que se extingue”.

La medida es el corolario de una sucesión de hechos controvertidos que se iniciaron cuando el actual mandatario decidió interrumpir el contrato con ARSSA en la mitad de su plazo -habían transcurrido cinco años de un plazo total de diez-, ante el incumplimiento del requisito sine qua non que se había establecido en el pliego de bases y condiciones: la repavimentación total de la traza del corredor. La empresa sólo ejecutó el 30 por ciento de esa obra, y se amparó en vicisitudes de la macroeconomía -entre otras razones- para justificar su accionar. Hubo negociaciones, idas y venidas. La provincia terminó rescindiendo el contrato a fines de 2016 de manera consensuada. Ello liberaba a la empresa de perder sus garantías, pagar multas o ser sancionada. Pero en abril de 2017, Fiscalía de Estado advirtió al Poder Ejecutivo que no estaban claras las causas por las que el contrato concluía; no había precisiones en todas las actuaciones para asegurar que la empresa quedaba exenta de responsabilidades. Dicha hipótesis abría la puerta a una eventual rescisión unilateral de parte de la provincia. El gobernador dictó entonces el decreto 1017; ordenó revisar todo el proceso y fijó para ese trabajo un plazo de seis meses.

La revisión derivó en una auditoría que el Ministerio de Infraestructura -mediante contratación directa y con honorarios de 1,7 millones de pesos- dejó en manos del estudio Cassagne Abogados y del Ingeniero Civil Miguel Gueydan. El primero debía hacer un informe jurídico; el segundo, un estudio sobre los aspectos técnicos y económicos de la concesión.

Los resultados de la auditoría llegaron a fines de diciembre -a través del Ministerio- a Fiscalía de Estado, que emitió un dictamen esta vez avalando la rescisión de común acuerdo. Lo hizo sobre la base del informe de los auditores, que a la vez fueron sustento para el decreto que hace dos semanas firmó el gobernador.

Técnico y económico

En su informe, el Ing. Gueydan concluyó en que “la evolución desfavorable de las condiciones macroeconómicas y el estado estructural del pavimento real frente a la información suministrada en el proceso licitatorio, condicionaron el accionar tanto del concesionario como del concedente”; y advirtió que “transcurridos seis años de la concesión, la realidad de la infraestructura no resultó la prevista, ni las obras de mejora pudieron realizarse” por lo que “no quedó otra alternativa a las partes que rescindir el contrato”. El profesional admitió que “si bien el concesionario cumplió parcialmente con la obligación de repavimentar la autopista (39%), debió implementar un plan de mantenimiento de la calzada mucho más exigente y de mayor envergadura del previsto, que le implicó consumir el 735% de lo comprometido en la oferta”. Asimismo, apuntó que la provincia como concedente “tampoco cumplió con los tiempos de pago estipulados para las obras complementarias”, y que aplicó “de manera extemporánea” el valor del precio por vehículo pasante, por lo que en dicha fórmula dejaron de tener “representatividad los gastos reales”.

En síntesis, para Gueydan, hubo “obligaciones cumplidas parcialmente por ambas partes”, y aseveró que “luego de cuantificar y homogeneizar en el tiempo los valores correspondientes a las citadas obligaciones del Concedente y del Concesionario, el balance se presenta equilibrado”.

Informe jurídico

El estudio jurídico de Cassagne, por su parte, también entendió que había “razones jurídicas suficientes” para plantear “la neutralización de la culpa de las partes”, máxime cuando los incumplimientos se dieron “por razones ajenas” a ellas, como “las variables macroeconómicas”. En función de lo dicho por Gueydan acerca del “balance equilibrado” en las pérdidas, Cassagne observó “una directa relación entre los incumplimientos del concesionario, los factores ajenos a su voluntad y el riesgo asumido, que interfirieron negativamente en la ejecución del contrato”. En la misma línea, concluyó en que el concesionario “no incurrió en errores de ponderación del riesgo empresario asumido y por lo tanto en un error de la oferta, ya que su propuesta era tan sólo un 2,4% inferior a la segunda presentada”.

Cassagne interpretó que “la notable afectación de la economía del contrato tornó imposible la continuación de la concesión en las condiciones pactadas, y que ello constituyó una justificación objetiva suficiente a efectos de determinar que existieron fundadas razones de interés público para extinguirlo por acuerdo de partes”.

Todo lo dicho fue materia para que el fiscal de Estado, Pablo Saccone, dictaminara en el mismo sentido, considerando que en el contexto descripto “no cabía asignar la responsabilidad por la extinción a ninguna de las partes”, y que la rescisión por mutuo acuerdo era “la más razonable”.

En los considerandos finales del nuevo decreto, se hace constar que conociendo los resultados de la auditoría, la empresa ARSSA decidió “desistir de todo recurso o reclamo iniciado”, manifestando que “nada tiene que reclamar” a la provincia.

Consultado por El Litoral, el ministro de Infraestructura, José Garibay, sostuvo que “la auditoría nos dio los mismos argumentos que los que habíamos utilizado cuando propusimos la resolución de mutuo acuerdo. Con este decreto completamos los requerimientos que nos había hecho el Tribunal de Cuentas, que ahora deberá tomar una decisión”.

Ese mismo Tribunal había ordenado sumariar a un puñado de empleados del organismo de control de la concesión, para determinar si su acción -o inacción- no había derivado en un perjuicio económico para la provincia. Ése había sido uno de los cuestionamientos de la oposición en la Legislatura, así como el que formularon diputados del PJ cuando advirtieron que lejos de tener una rescisión sin culpas, la concesión frustrada representó un costo de 1500 millones de pesos para la provincia.