Luis Rodrigo
La ley de ratificación del llamado Consenso Fiscal contó con quienes habitualmente se pelean para lograr la mayoría especial requerida: los legisladores provinciales que respaldan a la Casa Gris y los que lo hacen con la Rosada.
Luis Rodrigo
Las simplificaciones ayudan a razonar. Realidades complejas se resumen en un anunciado y así, con esas bases acotadas, es posible pensar en otros asuntos que requieren más atención.
En Santa Fe, por ejemplo, si algo quedó claro a lo largo de 2017 es que el gobierno provincial y el nacional mantienen una relación institucional correcta, pero que tienen fuertes diferencias políticas. Incluso, ideológicas.
En el terreno de la discusión política, en Santa Fe se supone que siempre de un lado van a estar los socialistas y aquellos radicales que adhieren al Frente Progresista y del otro los dirigentes del Pro y los radicales que apoyan o son parte del gobierno nacional. Pero estas simplificaciones -útiles para abordar lo que la realidad agregue al esquema- a veces resultan insuficientes.
Es lo que demostró esta semana la Legislatura santafesina. En los papeles, los dirigentes que apoyan a la Casa Gris no pueden tener estrategias en común con los que respaldan a la Rosada. Y sin embargo....
La ley de ratificación del llamado Consenso Fiscal contó con quienes habitualmente se pelean para lograr la mayoría especial requerida.
Es verdad que para Santa Fe era casi imposible que no se aprobara esa norma. Los senadores peronistas no exageraron al decir que “la gobernabilidad” se hubiera dañado seriamente si no se aprobaba la ley, por sus efectos económicos inmediatos.
Al nuevo Pacto Fiscal (que viene a reemplazar a los que provienen del gobierno peronista de los ‘90) lo impulsó el presidente Mauricio Macri y lo debieron firmar los gobernadores provinciales, Miguel Lifschitz entre ellos. Si no lo hacían iban a arriesgarse a que la Provincia de Buenos Aires les quitara, vía Corte Suprema, una tajada mayor.
La ley que ratificó ese acuerdo se aprobó porque así lo indicaba el sentido común. El tema era ver cómo. Y sobre todo con quiénes. En el Senado fue clave el justicialismo y en Diputados a la mayoría oficialista se le sumó el Pro.
Quienes más preparados parecen estar para saber moverse hoy por los intersticios de las simplificaciones, son los radicales. Los dirigentes santafesinos del partido argentino más orgánico tienen una gran ventaja: son disputados por los dos polos de poder que se mencionaron arriba -el gobierno nacional y el provincial- desde 2015.
Debieron tener lugar los unificados comicios de 2017 para dejar al descubierto la contradicción radical y quebrar por fin sin disimulos el Frente Progresista, Cívico y Social que ya mostraba rajaduras desde que la UCR celebrara su convención de Gualeguaychú. El mes que viene se cumplirán dos años de esa decisión que marcó el cambio de rumbo de ese partido -fue sin dudas un giro a la derecha- y acaso, por sus efectos electorales, del país.
Antes fueron los peronistas quienes más habilidades habían mostrado para navegar en dos aguas. De hecho, en el Pro santafesino son muchos los dirigentes que han comenzado su carrera política bajo esa identificación, y que la mantienen.
Otros han ido y vuelto tantos sin reproches.
La Legislatura mostró a legisladores del PJ santafesino que votaron de manera favorable en el Senado y a otros dirigentes de ese partido que se opusieron en Diputados.
La semana probó que en Santa Fe son posibles las alianzas políticas momentáneas. (Decir alianzas tácticas es convertir al razonamiento político en un brutal campo de batalla, carente de las sutilezas propias de la democracia).
Quedó claro que, cuando hace falta, el agua y el aceite sin poder fundirse van a poder compartir un envase. Eso sí, se sabe de antemano quién queda arriba y quien abajo, por su peso político específico.