Susana Rueda
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El titular de la Federación Agraria Argentina indicó que las políticas diferenciadas no aparecen y que la reforma impositiva los perjudica. Desde el sector reclaman un papel más activo del Estado en el sostenimiento de las economías regionales y una ley de emergencia que los ampare, entre otros puntos.
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En medio de la mayor sequía de los últimos 70 años, y luego de un año de inundaciones feroces en la porción de territorio más productiva del país, los pequeños y medianos productores luchan por mantenerse a flote.
El presidente de la Federación Agraria Argentina asegura que las políticas económicas del gobierno de Macri van a contramano de lo que ellos están planteando desde hace años, y que solicitaron en diálogos sucesivos con los ministros de agricultura. Las políticas diferenciadas no aparecen, y la reforma impositiva los perjudica. Reclaman un papel más activo del Estado en el sostenimiento de las economías regionales, una ley de emergencia que los ampare y un seguro de riesgo que les impida desaparecer, como sucedió con 500 tambos en la cuenca lechera más importante del país en el 2017.
En una extensa entrevista publicada por Mirador Provincial (y que compartimos en Campolitoral), el representante de los productores federados sostuvo estos conceptos:
—¿Cuánta lluvia hace falta para evitar semejante pérdida?
—Cincuenta milímetros cortarían la sequía. La soja “de segunda” todavía estaría a tiempo de una nueva etapa de floración, y recuperaría parte de su producción. Es preocupante, los pequeños y medianos productores venimos ya de una situación difícil y complicada. El año pasado estábamos en inundaciones. Se habla mucho de cambio climático, de cómo influye el monocultivo, el tema de el uso del suelo. Pero más allá de eso estas situaciones climáticas dejan al descubierto que necesitamos herramientas políticas, necesitamos una ley de emergencia nacional que nos asista en estos momentos. El año pasado decíamos que el fondo nacional de emergencia era insuficiente, porque era de 500 millones de pesos. Ahora sigue siendo de 500 millones, imagínense cuánto más insuficiente es ahora con una pérdida de 3 mil millones de dólares. El rol del estado tiene que ser estar preparado para este tipo de situaciones. El año pasado decíamos que había que avanzar en un seguro de multiriesgo para darle un poco de seguridad a los productores agropecuarios frente a estas situaciones. Es muy difícil sostener la rentabilidad y sobrevivir cuando no hay un estado que otorgue una red de contención para aquellos productores que se endeudan para producir. El financiamiento no es propio; para aquellos que no tenemos escala la rentabilidad es casi nula,y ahí es donde entramos en un tema complejo. Los números de nuestro movimiento cooperativo nos indican que terminamos el 2017 con un endeudamiento del 20% más de lo que habíamos terminado en el 2016.
—¿Eso impacta también en las economías regionales?
—Se nota esto en el interior del país, y se va agregando a distintos factores. Esto del endeudamiento va acompañado de tasas de interés que son muy buenas para aquellos que pueden poner dinero en las Lebac pero no hay ningún productor que pueda pagar el 27 ó 28% de interés para financiar su propia producción. Además ¿quién nos presta el dinero a nosotros? Muchos no somos sujetos de crédito. No podemos pasar por un banco porque no nos da la cartera, entonces nos financia el movimiento cooperativo, que a su vez se tiene que endeudar pagando esas mismas tasas altas para poder sostener y financiar a los productores. Se va haciendo una cadena que va comprometiendo al productor, al movimiento cooperativo, y a todos. Las cooperativas son muchas veces las que generan mano de obra en los pueblos del interior y esto genera menos capital de giro y menos inversiones en sus propias localidades.
—En estos dos años de Cambiemos, ¿en el centro sur de la provincia cambió algo la proporción de los cultivos? ¿Avanzaron mucho trigo y maíz a partir de la desgravación impositiva?
—Sí, hay un cambio favorable. La quita de retenciones a esos cultivos hizo que se diversificara el productor, y que se produzca menos soja y más trigo y maíz. Esto no sólo en la provincia de Santa Fe sino también a nivel nacional. Por eso la soja descendió 2 millones de hectáreas: se sembraban 21 millones en 2015 y estamos ahora en 19 millones de hectáreas de soja sembrada.
—¿Cómo impacta el aumento del gasoil y del precio del transporte de granos?
—El tema del costo de vida se siente en todos lados. Al productor le ha aumentado la energía y hay datos que son muy significantes: para un productor de cerdo, para un tambero, ya que estamos en la cuenca lechera más importante de la Argentina, la energía aumentó un 67% en el 2017, los insumos, para alimentar a los cerdos o a las vacas aumentaron un 35%, pero el precio del capón del cerdo aumentó sólo un 14%. Esta es una de las situaciones que ha generado que muchos criaderos de cerdo y muchos tambos hayan desaparecido en 2017. Podemos hablar de 500 tambos menos con respecto al año anterior. Esto favorece a la concentración, y nosotros lo venimos denunciando en la Federación Agraria.