Las deficiencias en las políticas de Niñez son inocultables

Silvia Ausburguer (*)

El Ministerio de Desarrollo Social (a través de una entrevista publicada por El Litoral) ha tenido que salir a contestar el duro informe de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes pero sus respuestas lejos de tranquilizar, muestran más aún la profundidad de la crisis en las políticas de infancia.

Se afirma como un logro que en 2017 se redujeron las medidas excepcionales a 280 respecto de las 302 tomadas en 2016. Estas medidas son las previstas en la Ley 12.967 para separar a una niña o niño de su familia cuando existen graves vulneraciones de derechos; en gran cantidad de casos estas vulneraciones refieren a maltratos, abusos sexuales o explotación infantil. Se aduce que estos números obedecen al trabajo en la prevención. Sin embargo las noticias siguen dando cuenta de un contexto de violencia descarnada, donde niños y niñas son atendidos en los efectores de salud brutalmente golpeados, sufren violaciones, desaparecen o son asesinadas/os. Es válido preguntarse entonces cuáles son las políticas de impacto para la prevención del maltrato y el abuso infantil que garanticen que la reducción en las medidas excepcionales no es simplemente desatención de casos.

Cuando se sancionó en el Congreso Nacional la Ley 26.061 en el año 2005, se impuso a la provincia la obligación de adecuar su normativa interna y sus vetustas instituciones de albergue al nuevo paradigma de la niñez. Sin embargo las distintas gestiones de gobierno dejaron que la situación siguiera sin planificar demasiado y así se cerraron instituciones como el Hogar del Huérfano de Rosario en medio del escándalo por denuncias de abusos sin reemplazarlas por una nueva institucionalidad acorde a los estándares exigidos por las leyes y la Convención de Derechos del Niño. Por eso existe hacinamiento en las Instituciones de Acogimiento, que según el informe de la Defensoría se presenta en el 44% de las instituciones y en otro 39% de las mismas hay condiciones de sobreocupación.

Se alega haber firmado 20 convenios nuevos con organizaciones privadas pero el informe de la Defensoría da cuenta de la enorme precariedad en el personal de las mismas que muchas veces trabaja en forma voluntaria sin retribución. Sin embargo por lo que se lee en la nota se sigue pagando por plazas, sin destinar los recursos necesarios para contratar personal capacitado.

Se destacan los casi 30 millones que se destinan a convenios con municipios y comunas, los 20 millones en infraestructura, como montos extraordinarios de inversión. El informe aludido detalla que el 47 % de las instituciones de alojamiento se encontraba en un estado edilicio de regular a malo y la propia Defensora manifestó, en la reunión en la Cámara de Diputados, que entre los compromisos que había asumido el Ejecutivo se encontraba que todos los hogares cuenten con agua caliente cuando llegue el invierno. Queda claro que 20 millones para obras de reparación o nuevas para toda la provincia es un monto casi insignificante. Los números muestran que el presupuesto destinado a Niñez no ha variado.

El gobierno provincial muestra como avance el decreto de una nueva estructura de Niñez y la puesta en marcha de concursos pero no hubo un pedido a la Legislatura de creación de cargos para este área, como por ejemplo existió cuando hubo que implementar la nueva ley de educación y resolver la titularización de centenares de personas que venían trabajando con contratos precarios tal como sucede hoy con los y las trabajadoras del Programa de Acompañantes Personalizados.

Por otro lado se insiste en que las falencias no obedecen a problemas de recursos o trabas burocráticas, sin embargo ante la repregunta de la periodista, se admite que hay problemas para los viáticos, para que el personal viaje, es decir lo más básico de la atención que es poder estar en contacto directo con las situaciones que se abordan.

Finalmente está la discusión de los plazos. El Ministerio informa que existen actualmente 1.145 chicos con medidas excepcionales pero en la misma frase dice que en 2017 sólo se tomaron 280. La cuenta es sencilla; al menos 865 medidas excepcionales están largamente vencidas. Sin embargo, no se dice cuál es el plan de contingencia para revertir esta situación.

Es necesario reconocer la profundidad de las falencias y su permanencia en el tiempo a través de las gestiones, y a partir de un diagnóstico real tomar las decisiones y producir las reformas necesarias para cambiar el rumbo actual de las políticas de Niñez. Si existe esta voluntad política en el gobierno provincial seguramente va a encontrar eco en los diversos bloques de la Legislatura que, como el Bloque Igualdad y Participación, vienen involucrándose en acercar soluciones a esta difícil realidad.

(*) Diputada provincial, bloque Igualdad y Participación+

Se firmaron 20 convenios nuevos con organizaciones privadas pero el informe de la Defensoría da cuenta de la enorme precariedad en el personal de las mismas que muchas veces trabaja en forma voluntaria sin retribución.