La provincia tendrá una Unidad de Prevención de la Violencia Institucional

El Litoral
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El Poder Ejecutivo dispuso la creación de “Unidad de Prevención de la Violencia Institucional” que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos con el objeto de “coordinar los procesos de capacitación y concientización para aspirantes e integrantes de las fuerzas de seguridad provincial y colaborar en el análisis de información y como auxiliar del Ministerio Público de la Acusación y/o Centro de Asistencia Judicial en casos de violencia institucional; monitorear el accionar de las fuerzas de seguridad; conformar y/o convocar grupos de trabajo para el análisis los procesos penales bajo el nuevo esquema de enjuiciamiento penal de Santa Fe y el accionar de los diversos actores”.

La decisión está plasmada en el decreto 0289 firmado por el gobernador, Miguel Lifschitz, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein.

El decreto le fija las funciones a la Unidad que estará bajo la dependencia del secretario de Derechos Humanos, Marcelo Trucco, entre ellas

cooperar en la elaboración y articulación de instancias de capacitación en materia de derechos humanos, destinadas a aspirantes o agentes del Poder Ejecutivo provincial que desempeñen tareas relacionadas a seguridad ciudadana. También analizar y sistematizar la información vinculada a casos de violencia institucional y colaborar, en un marco de acciones consensuadas y en la medida que corresponda, con las tareas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de los Centro de Asistencia Judicial (CAJ); así como analizar y sistematizar, en coordinación con el Ministerio de Seguridad, información vinculada al accionar de las fuerzas de seguridad provinciales y evaluar las tareas desarrolladas desde una perspectiva de derechos humanos. Apunta además a fomentar la conformación de grupos de trabajo que analicen el desarrollo de los procesos penales realizados bajo el nuevo esquema de enjuiciamiento penal de Santa Fe, evaluando la actuación de los agentes, funcionarios e instituciones involucradas; generar manuales de procedimientos y protocolos para las fuerzas de seguridad para garantizar el accionar efectivo de los agentes que las integran en un marco de respeto por los derechos humanos; y toda acción que tenga por objeto promover la elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas vinculadas a la seguridad ciudadana, desde una perspectiva de derechos humanos.

La Unidad estará integrada por profesionales cuya especificidad la determinarán los ministerios de Justicia y de Seguridad que confeccionarán una lista de expertos de diversas áreas o reparticiones provinciales. También se habilitó la posibilidad de contratar como locación de servicios a profesionales de reconocida capacidad o expertos en temas específicos para proceder a la conformación de los cuerpos profesionales de la Unidad siempre que no posean cargos públicos en el ámbito de la provincia de Santa Fe.

Las bases de la Unidad

En extensos fundamentos, el decreto justifica la decisión de crear la Unidad. Parten ellos de la jerarquía constitucional que tienen tratados internacionales en materia de derechos humanos así como postulados internacionales que llaman a los Estados miembros “a asumir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos en su relación con la seguridad ciudadana a partir del diseño e implementación de políticas públicas integrales, que desarrollen, en forma simultánea, acciones específicas y planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo”.

En el plano local, menciona una serie de leyes dictadas a partir de la sanción de la 12.734 (nuevo Código Procesal Penal) como la creación del MPA, del Servicio Público de la Defensa Penal y de la orgánica de tribunales penales y gestión judicial que reformularon “integralmente el método de enjuiciamiento penal” lo que requiere una formación de mayor especificidad en los integrantes de la fuerza de seguridad, acompañada de una impronta tendiente a la introyección de principios de actuación que reflejen el compromiso de la provincia de Santa Fe con el respeto y vigencia de los derechos humanos.

En materia policial, destaca el decreto de creación de la Policía de Investigaciones y luego la ley 13.459 del organismo de Investigaciones dentro del MPA. Menciona además la ley orgánica de ministerios y las funciones encomendadas a Justicia y a Seguridad para concluir que “desde tal atalaya es que se plantea la creación de la Unidad, en orden a generar y efectivizar acciones que se orienten a la búsqueda y concreción de los objetivos mencionados en el marco de la perspectiva señalada”.