Ordenaron 60 días de prisión por el ataque el concejal sanjavierino

Juliano Salierno
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El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Pegassano, dictó la prisión preventiva por 60 días para cinco integrantes de una familia de San Javier, acusados por el ataque en el que resultó apuñalado el concejal José “Peque” Gómez Iriondo. La medida adoptada el martes por la tarde alcanzó a Ramón Eduardo Benítez (53), su esposa Nilda Beatriz Escobar (53) y tres de sus hijos varones Milton Alexis (27), Fernando Gabriel (22) y Eduardo Pablo Benítez (28), éste último sería quien ocasionó la puñalada al edil y arquitecto sanjavierino.

La fiscal Rosana Marcolín solicitó la cautelar sin plazos, tras acusar al grupo familiar por el episodio delictivo suscitado el viernes 9 de marzo, en horas de la noche, mientras la víctima compartía un asado con amigos luego de jugar un partido de fútbol 5 en un predio ubicado en avenida Poeta Julio Migno y calle Hermana Carina de la ciudad costera.

Para la fiscalía, los cinco imputados fueron “coautores” del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas” en grado de “tentativa”. Según la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación, se trató de un “ataque tipo piraña” el cual necesariamente contó con el acuerdo de todos los integrantes del grupo, que tenían por fin quitarle la vida a quien resultó la víctima del hecho.

Estado de salud

Por contrapartida, el abogado defensor de los imputados, el Dr. Oscar Fabián Velazquez, pidió la libertad para sus pupilos y solicitó el cambio de la calificación legal de “homicidio en grado de tentativa” a la de “lesiones” y “lesiones graves” para cuatro de los cinco imputados, y dejar sin efecto la acusación contra la mujer.

Si bien se desconocen los fundamentos de la resolución -que el juez Pegassano iba a expresar por escrito dentro del plazo legal-, la fiscalía entiende que el plazo de dos meses de prisión se debe a que la causa se encuentra supeditada a la evolución del estado de salud de la víctima. Gómez Iriondo, de 39 años de edad, se encuentra internado en el hospital Cullen de Santa Fe, donde atraviesa un complejo cuadro. Producto de la puñalada que recibió, los médicos debieron extirparle un riñón y está siendo sometido a diálisis, justamente por disfunsión renal; y recibe transfusiones de sangre cada 6 horas, informó la fiscal durante la audiencia.

En tanto, el Dr. Pegassano aclaró durante el acto que el plazo de 60 días no vencerá de manera automática, sino que será la defensa la que deberá solicitar una audiencia para su revisión y la misma será controlada por otro juez penal que definirá si están dadas las condiciones para concederles o no la libertad.

Mensaje a la comunidad

La fiscal de San Javier, Rosana Marcolín, puso en contexto lo ocurrido antes y después del ataque al concejal José Gómez Iriondo, donde la familia acusada profirió amenazas a la víctima y luego desafió con “miradas amenazantes” e “intimidatorias” a la propia fiscal durante la audiencia de control de detención que se celebró el domingo pasado.

Sobre el punto, Marcolín expresó su deseo de que “se empiece a dar un mensaje de respeto hacia la ley y el orden jurídico”, “sobre todo en aquellas localidades que se encuentran alejadas de los centros de Justicia, donde hay poco contacto” o directamente “no se sabe como funciona la Justicia”.

La fiscal dijo que el ataque al concejal fue una “acción disfrazada de justicia por mano propia”; “porque una justicia por mano propia presupone un delito previo por parte de la víctima y esto no fue así”. Para llevar más claridad al caso, la representante del MPA debió referirse a la relación previa que habría mantenido tiempo atrás el concejal Gómez Iriondo, con Ana Paula Benítez, una joven policía, hija y hermana de los imputados, que se quitó la vida el 11 de diciembre pasado.

Desde aquel episodio, los Benitez acusan al edil de una supuesta responsabilidad en el desenlace fatal, lo que originó una escalada de violencia verbal a través de redes sociales, que se materializó el viernes pasado, cuando se concretaron las amenazas.

“El hecho de que haya existido una relación previa” entre el concejal y la policía que luego decide quitarse la vida, “no constituye una instigación al suicidio, de todos modos vamos a analizar los teléfonos para descartar también esa hipótesis”, garantizó. En tanto, se refirió a “esta fantasía que había en San Javier con respecto a un ‘homicida’, un ‘asesino’, como lo nombraban constantemente en una forma acosante los imputados y sus familiares”.

Pólvora en la mano

La Fiscalía de San Javier emitió esta mañana un comunicado de prensa en el que hace referencia a la prueba científica practicada en Rosario, que determina que la policía Ana Paula Benítez, fallecida de un disparo con su arma reglamentaria, tenía rastros de pólvora en su mano derecha. Ello coincide con los datos aportados por la autopsia, que registra un orificio de entrada del lado derecho de la cabeza, con salida por lado izquierdo.

“Se ha realizado la pericia de Dermotest y ha dado positiva en restos de residuos de disparo de arma de fuego en la mano derecha y negativa en la mano izquierda”. “Situación que confirma la hipótesis de suicidio”, apuntaron. Además, agrega que la prueba fue “un análisis electrónico microscópico de barrido sobre las manos de la persona. En este caso en particular se utilizó la técnica de levantamiento de muestra llamada “stub” que asegura la mayor calidad posible en el análisis y arroja un resultado absolutamente concluyente”. Por último, aclararon que “la pericia solicitada se llevó adelante en el Laboratorio de Microscopía Electrónica de Barrido de Policía de Investigaciones en la ciudad de Rosario”.

Ricos y pobres

“No podemos con cada muerte conjeturar un asesinato”, dijo la fiscal de San Javier. “No es la primera vez que ocurre pero se está jugando con el dolor de la familia de quien pierde un ser querido”, porque “obviamente que si se comete un injusto se va a perseguir, es más desde que estoy a cargo de la fiscalía no hay un sólo homicidio NN a mi cargo”, cargó la fiscal y cerró: “No tiene fundamento esto de que hay justicia para los ricos y para los pobres no”.

De la Asociación de Fiscales

Comunicado de apoyo

La Asociación de Fiscales y Fiscales Adjuntos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe Regional Uno, manifestó su “apoyo al trabajo y la gestión de la Dra. Rosana Marcolín como fiscal asignada a la Unidad Fiscal de San Javier”. Asimismo, repudiaron “los hechos de violencia y amedrentamiento” sufridos durante la audiencia de control de detención desarrollada el domingo pasado en tribunales, a raíz de un hecho de sangre ocurrido en la ciudad costera la semana pasada.

Desde la asociación, presidida por el fiscal Estanislao Giavedoni, explicaron que la fiscal Marcolín interviene en la investigación por la “tentativa de homicidio y amenazas” cuya víctima es el concejal sanjavierino José Gómez Iriondo, por la cual cinco miembros de una familia fueron privados de la libertad durante el fin de semana pasado.

Según denunció públicamente la Dra. Marcolín esta semana, durante la audiencia del domingo el juez Jorge Patrizi “tuvo que poner orden” en la sala, dado que “hubo burlas” y “miradas amenazantes por parte de los imputados”, situación que “es la primera vez que me ocurre”, destacó la funcionaria del MPA.

Algo similar ocurrió este lunes, cuando durante la audiencia imputativa para los cinco familiares, dos de ellos -padre y madre- deslizaron en sus declaraciones que la fiscalía local no investigó debidamente el suicidio de su hija policía ocurrido en diciembre último.

“Destacamos la labor objetiva y desvinculada de intereses políticos de la fiscal Marcolín”, afirmaron sus pares; y “nos solidarizamos con la misma ante la situación vivida en dicha audiencia”.