El Litoral
La Fiscalía General del Estado pidió hoy al gobierno español que analice la posible detención y extradición de Carles Puigdemont aprovechando el viaje que el ex líder catalán y responsable del plan independentista en la región realizará este domingo de Bélgica a Suiza.
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DPA
Puigdemont se encuentra en Bruselas desde que fue destituido con todo el gobierno catalán a fines de octubre y tiene orden de captura en España, donde es investigado por varios delitos vinculados al proceso soberanista en Cataluña que el año pasado desató una crisis institucional sin precedentes en España.
El ex presidente catalán salió solo una vez de Bélgica para dar una conferencia en Copenhague, aunque la Justicia española evitó pedir entonces su detención. Esta semana, Puigdemont anunció un segundo viaje a Ginebra para asistir el domingo a un festival de cine sobre derechos humanos, lo que movilizó a la Fiscalía General del Estado.
En concreto, el fiscal solicita que la Oficina de Cooperación Internacional del Minsiterio del Interior, en colaboración con Interpol, haga las gestiones necesarias con las autoridades suizas para determinar la "viablidad de la detención de los fugados y de su reclamación a efectos de extradición".
Puigdemont se trasladará a la ciudad suiza con su ex consejera (ministra regional) Meritxell Serret, también fugada en Bruselas. En Ginebra se encontrará además con Anna Gabriel, diputada del partido independentista Candidatura de Unidad Popular (CUP) que también eludió su cita con la Justicia española.
La Fiscalía también pidió al juez del Tribunal Supremo a cargo de la causa por el "procès" independentista catalán que adopte medidas cautelares contra los investigados, como limitar la validez de su pasaporte.
El pedido del fiscal coincidió con una serie de nuevos registros de la Guardia Civil en la sede del "Govern" en Barcelona y en la de la entidad independentista Òmnium Cultural en busca de documentación que ayude a determinar si el referéndum soberanista ilegal celebrado el 1 de octubre en la región se financió con dinero público.
Los registros indignaron a los independentistas y volvieron a subir el tono de la confrontación con Madrid. Unas 300 personas se congregaron ante la sede del Gobierno regional convocadas por la CUP y su diputado Carles Riera llamó a iniciar "un nuevo ciclo de movilización social y de desobediencia civil".
El propio Puigdemont reaccionó desde Bruselas. "Prisiones preventivas, violencia policial, amenazas, violencia... La represión española se ha situado entre el marcartismo y el intento de acoso permanente a nuestras instituciones", escribió en Twitter. "¡Basta! Todo el apoyo a Òmnium y los trabajadores del 'Govern'".
Cataluña se encuentra en un limbo político desde las elecciones regionales del 21 de diciembre. El partido antiindependentista Ciudadanos ganó los comicios, pero las fuerzas soberanistas sumaron mayoría absoluta. Sus diferencias internas y la situación de Puigdemont frustraron por el momento sus intentos de formar gobierno.