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Lunes 19.03.2018
18:48

Están acusados de retener $ 8.000 millones al fisco

Querella y fiscalía apelarán el fallo que liberó a Cristóbal López y Fabián de Sousa

Foto: La Nación




Están acusados de retener $ 8.000 millones al fisco Querella y fiscalía apelarán el fallo que liberó a Cristóbal López y Fabián de Sousa

Telam


La AFIP y el fiscal general ante la Cámara Federal porteña apelarán el fallo que dispuso la liberación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, por lo que la causa llegará a la Cámara de Casación.


El abogado de la AFIP, Ricardo Gil Lavedra, confirmó esta mañana en declaraciones radiales que apelará el fallo de la Cámara Federal porteña; mientras que el fiscal general Germán Moldes lo hizo en diálogo con Télam. 


Las apelaciones se darán en el marco de la causa contra los dos empresarios acusados de retener 8.000 millones de pesos de impuesto al combustible cobrado por la petrolera Oil Combustibles (del Grupo Indalo) y, con ese dinero, financiar el crecimiento de otras empresas del grupo durante el kirchnerismo.


En el mismo expediente se encuentra procesado, aunque nunca fue detenido, el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray. "Es un sobreseimiento encubierto", sostuvo Moldes en relación al fallo de la sala I de la Cámara Federal, al anticipar que lo apelará, para lo cual tiene un plazo de diez días hábiles desde hoy.


Moldes explicó que la apelación deberá contemplar varios aspectos: la calificación legal, sobre la cual su fiscalía en un recurso anterior ya sostuvo que debe ser "administración fraudulenta"; la reducción del embargo a una tercera parte del monto que se había fijado, "algo que afecta la garantía de recupero de activos"; y las prisiones preventivas.López y De Sousa quedaron libres el viernes pasado.


Por su parte, Gil Lavedra confirmó hoy que el organismo que encabeza el renunciado Alberto Abad hasta el 30 de marzo va a "recurrir" el procesamiento que cambió la calificación del supuesto delito cometido por los empresarios porque "causa un gravamen de efectos casi irreversibles" ya que "extingue la acción penal". "El cambio de calificación causa un gravamen de efectos casi irreversibles, que es la posibilidad de que con la atribución del delito penal tributario se pueda entrar en plan de facilidades de pago de la moratoria y se extinga la acción penal, lo que traería por consiguiente la impunidad de los funcionarios", sostuvo Gil Lavedra en radio La Red.


A pesar del cambio de carátula, decidido el viernes por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia, la causa contra los dueños del Grupo Indalo se seguirá tramitando ante el fuero Federal y no ante el Penal Tributario, porque así lo había decidido antes la Cámara de Casación, según informaron fuentes judiciales. 


En cuanto a la decisión de la Cámara de cambiar la calificación del hecho, el abogado admitió que lo "sorprendió" porque "era innecesaria", y recordó que "a fines de noviembre, la Cámara de Casación mantuvo una larga disputa por la competencia, y se estableció que los hechos que originaban la causa excedían el delito tributario".


López estaba procesado, junto con su socio Fabián de Sousa, por el juez federal Julián Ercolini como partícipes necesarios de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional hasta el cambio de carátula a "apropiación indebida de tributos". 


Sobre la libertad de los dos empresario, Gil Lavedra explicó que la AFIP "no tiene legitimación" para recurrir la decisión de la justicia, por lo que ese será un tema que solo apelará el fiscal Moldes. Las apelaciones serán analizadas por la Sala I de la Cámara Federal de Casación, la misma que resolvió que el caso debía quedar en los tribunales federales de Retiro y no pasar al fuero penal económico. Esa sala del máximo tribunal penal del país está integrada por Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Ana María Figueroa.


Por otra parte, los dos camaristas que firmaron la excarcelación de López y de Sousa, Eduardo Farah y Jorge Ballestero, fueron denunciados hoy por supuesto cohecho, prevaricato y violación de deberes de funcionario público por el abogado Adrián Bastianes.


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