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Mario Cáffaro

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Pese a la semana de quietud legislativa por la Semana Santa, el Poder Ejecutivo habilitó dos nuevos mensajes para el tratamiento en Extraordinarias, entre ellos los tres pliegos remitidos la semana pasada para completar la integración del directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress). El otro tema es la autorización para tomar deuda por hasta 50 millones de dólares del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional (Ofid) a los fines de completar el financiamiento para el tendido de la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón.

La decisión de habilitar el tratamiento de los tres pliegos del Enress pone en marcha el plazo de 30 días que tiene la Legislatura para pronunciarse, caso contrario quedarán aprobados en forma ficta. La Comisión de Acuerdos habilitó esta semana el plazo de presentación de impugnaciones hasta el 13 de abril al mediodía. La Asamblea Legislativa será convocada para el 19 de abril.

El Poder Ejecutivo propone un nuevo mandato de Oscar Pintos en Enress más los nombres de Anahí Rodríguez y Horacio Bertoglio para sumarse a Julio Blas y Oscar Urruty los dos únicos que tienen hoy mandato en el organismo de control.

En cuanto al nuevo endeudamiento externo -a tasa muy baja y amplio plazo de amortización- fue girado al Senado, ya que apunta a acelerar la obra del tendido del acueducto que llevará agua potable a las localidades de Matilde, Sa Pereyra, San Carlos Centro, San Carlos Sud, San Mariano, Angélica, Rafaela y Susana.El monto total del préstamo es de 50 millones de dólares, el plazo de ejecución es de 18 años, con 4 años de gracia, la amortización es de 14 años y la tasa de interés del 5%.

La obra ya licitada y a pocos días de ser adjudicada tiene también financiamiento externo del Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo de 80 millones dólares. Desde el Ministerio de Economía se indicó que con los nuevos 50 millones de dólares se estaría completando casi la totalidad del proyecto con financiamiento de organismos internacionales de crédito.

Temas de Diputados

En la última sesión, Diputados votó una declaración rechazando el intento de excarcelación y prisión domiciliaria a casi un centenar de represores que fueron condenados por crímenes de lesa humanidad. Eduardo Di Pollina (PS), quien promovió la declaración, destacó que entre los beneficiados por esta medida se encuentra Alfredo Astiz, condenado en dos oportunidades a prisión perpetua por secuestro, tortura y desaparición de personas, “siendo un símbolo del terrorismo de Estado de la última dictadura militar en la Argentina”.

Para el socialista “los crímenes de lesa humanidad no deben ser tratados como delitos comunes. Aquí estamos frente a hechos que marcaron un antes y un después en la historia de nuestro país. No podemos permitirnos ceder bajo ningún aspecto, para que los valores de verdad, justicia y memoria permanezcan intactos”.

También la Cámara votó sendas declaraciones expresando la preocupación por el destino de la Escuela Técnica de Vialidad Nacional Nº 4 Ingeniero Luis María Barletta, de esta capital a través de iniciativas del socialista Francisco Garibaldi y de Carlos Del Frade (Frente Social y Popular). Éste último apuntó a conocer las gestiones que realizó el Ejecutivo provincial para evitar dicho cierre. En cambio, el socialista rechazó la decisión de la Dirección Nacional de Vialidad de desvincular a la planta transitoria docente del establecimiento “sin existir certezas sobre la continuidad de los estudios de más de cien alumnos”.

Presupuesto y Hacienda

La única comisión de Diputados que se reunió en la última semana fue la de Presupuesto y Hacienda, que realizó un encuentro especial en la delegación Rosario donde recibió a los ex trabajadores de la empresa Talleres Rioro SA, firma cerrada por sus titulares en junio último. La empresa radicada en Pérez se dedicaba a reparar vagones pertenecientes al grupo Emepa. Fueron 71 los despedidos.

En tanto, los diputados Verónica Benas, Carlos Del Frade y Miguel Solís presentaron un proyecto de ley para expropiar el inmueble, rodados, máquinas y herramientas a favor de la Empresa Mixta de Ferrocarriles Santa Fe -Efesa-.

El predio en cuestión tiene 30 hectáreas, una superficie edificada de 84.000 metros cuadrados y más de 13.000 metros de vías internas.

La comisión escuchó a los trabajadores despedidos e indemnizados y no tiene acuerdo aún para avanzar en la expropiación del inmenso predio adquirido por los titulares de Rioro en 2008. Por otra parte, trascendió del interés de otra firma ligada al negocio ferroviario en adquirir o arrendar el predio lindante a la ciudad de Rosario.