"Vamos a pedir que revoquen la domiciliaria para Dolinsky"

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Una semana después de presentada la acusación y un pedido de pena de 15 años de prisión para el empresario maderero Alberto Héctor Dolinsky, los abogados de la querella José Ignacio Mohamad y Horacio Paulazzo adelantaron que solicitarán que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria con salidas laborales de las que viene gozando. El imputado de 69 años, se encuentra involucrado en un presunto caso de abuso sexual y corrupción de menores cometido en 2014 contra una niña de 12 años.

“El lunes de la semana pasada la fiscal presentó la acusación” en la que “sostuvo los mismos delitos por los que había imputado” a Dolinsky a fines del año pasado, señaló el Dr. Mohamad en entrevista con El Litoral.

En dicho acto, la fiscal Alejandra del Río Ayala adelantó que el Ministerio Público de la Acusación pedirá “15 años de prisión” para el empresario. “De esa acusación, que es el ingreso a la etapa intermedia -previa al juicio-, nos tienen que correr traslado a nosotros para que la respaldemos, planteemos alguna disidencia, o directamente no acusemos. de las tres opciones nosotros vamos a acusar; más allá de alguna disquisición técnica nosotros vamos a apoyar la acusación fiscal”, se explayó el letrado.

En un hotel

El hecho investigado habría ocurrido el 2 de enero de 2014, en un hotel céntrico de la ciudad, donde residía el imputado. También allí se alojaban la niña -de entonces 12 años- y la pareja de su padre -también empresario del rubro maderero-, con quien Dolinsky mantenía relaciones de negocios y una estrecha relación de amistad. En cuanto a la mujer, de nacionalidad brasileña, no pudo ser localizada en el marco del proceso ya que se encontraría en el exterior.

Según la versión de la niña en Cámara Gesell, ese día, la novia de su padre junto con el imputado mantuvieron relaciones sexuales en el solarium del hotel y luego en la habitación, fue obligada a tomar whisky y agredida sexualmente por el hombre. Por esos hechos Dolinsky se encuentra imputado por el presunto “abuso sexual con acceso carnal calificado” (por ser cometido por dos personas) en concurso real con “promoción a la corrupción de menores agravada” (por ser la víctima menor de 13 años), según informó oportunamente la oficina de prensa del MPA.

La denuncia fue radicada por el padre de la víctima a fines de 2016, luego de que su hija contara lo ocurrido a su actual pareja. Recién entonces el progenitor inició las acciones legales ante la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 1.

Respaldo y pedido

A propósito de la causa penal, el abogado querellante Mohamad resaltó su objetivo de “respaldar la labor de la Fiscalía de Género. Desde que se hicieron cargo de la investigación el proceso tomó un impulso importante”.

Además, cargó contra el imputado quien “hoy posee una prisión preventiva domiciliaria”, pero que “el paso siguientes, después de que hagamos la acusación, será buscar la revocación. Lo vamos a pedir nosotros como querella”.

Para sostener el planteo se basó en “la gravedad de la pena solicitada por la fiscalía (hoy tenemos un pedido de 15 años); y por haber transpuesto la mera investigación penal preparatoria, hoy hay una acusación, es decir que están dadas las circunstancias para llevar el tema a juicio”, señaló el abogado.

Por último, Mohamad reveló que además del proceso penal en jurisdicción santafesina, la madre de la víctima, que es oriunda de Brasil, también recurrió a la justicia de su país. “Hay una denuncia penal en la justicia brasileña”, dijo y agregó que “el hecho de que haya una ciudadana brasileña involucrada y sobre todo estando ésta prófuga, podría investigar”.

“Acto de pedofilia”

Para la fiscal de Violencia de Género y Familiar y Sexual, Alejandra Del Río Ayala, “el acusado formaba parte del círculo más íntimo de confianza del padre de la víctima; había asumido junto a la mujer extranjera un deber de cuidado en relación a la niña; aprovechó la vulnerabilidad de la menor; la colocó en un total estado de indefensión y la expuso a un sinnúmero de riesgos físicos y psíquicos”, sostuvo.

“Además, los motivos por los que delinquió no pueden ser justificados en razones altruistas o de necesidades económicas extremas, ni dirigidos a la protección de un bien jurídico, sino más bien que implican un acto claro de pedofilia”, señala en un comunicado oficial del MPA.

La fiscal hizo hincapié en que los delitos contra la integridad sexual “son de los más aberrantes que se pueden cometer contra una persona, en especial cuando las víctimas son niños y niñas”. En tal sentido, agregó que “no sólo por los derechos que se vulneran, sino también por lo traumático que resultan estas acciones y las consecuencias que producen o podrían producir a lo largo de la vida de una persona”.